En España acaba de ser difundido el proyecto de presupuesto público para 2005, el primero del nuevo gobierno. El pasado 24 de septiembre, luego del visto bueno concedido por el Consejo de Ministros, Pedro Solbas, titular de Economía y Hacienda, dio a conocer algunos pormenores de la iniciativa. Como en nuestro país, la propuesta requiere la aprobación de un Congreso en que ningún partido reúne, por sí solo, votos suficientes para imponerse por mayoría simple. El ejecutivo español, comandado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), necesita al menos doce votos de los diputados de oposición para conseguir el fallo aprobatorio.

En coherencia con la oferta política que retornó al PSOE al poder, pero también para abrir opciones de convergencia con el bloque de izquierda del Parlamento, la presidencia de Rodríguez Zapatero ha presentado un presupuesto de fuerte contenido social. Recomienda un aumento de 9.5 por ciento al gasto social global, con lo cual estima superar la cuota histórica de 50 por ciento destinada a ese propósito.

Consecuentemente, se proyecta un incremento significativo en los principales renglones de gasto social, esto es un aumento superior a la expectativa de crecimiento de la economía española en 2005, estimada en tres por ciento, o a la inflación esperada, inferior a dos por ciento. Al sector educativo se destinaría un ocho por ciento más que el año pasado, a las pensiones 5.2 por ciento más, y a diversos gastos de infraestructura un 9.2 por ciento adicional. En los rubros de salud, trabajo y medio ambiente también se proponen incrementos por encima de las tasas de crecimiento e inflación, aunque de menor cuantía.

Destacan, sin embargo, las previsiones en vivienda y en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). Para el ramo de vivienda, se propone un aumento de 32 por ciento respecto al presupuesto 2004, lo que se justifica por la creciente demanda habitacional y para enfrentar la tendencia inflacionaria de los precios del segmento inmobiliario privado. La propuesta de incremento en I+D+I supera el 25 por ciento y busca romper la pauta inercial del contexto español de los últimos años.

En contraste con la iniciativa del gobierno mexicano, para lograr tales incrementos se castigan las partidas de justicia, seguridad y fuerzas armadas. Otra parte de la compensación proviene de la distribución de recursos a las autonomías, cuyas participaciones permanecen prácticamente en el mismo nivel que en ejercicios anteriores. Además, se proyecta gravar con impuestos adicionales el consumo de tabaco y alcohol, así como mejorar el padrón recaudatorio del impuesto sobre la renta.

La explicación de tan notable incremento del gasto público en I+D+I consigna varios elementos. El principal, mejorar las condiciones de competitividad de la economía española en la Unión Europea (UE), mediante la superación del indicador de productividad en los distintos sectores. Para competir en el mercado europeo, se afirma, es indispensable lograr mayores niveles de transferencia tecnológica en agricultura, industria y servicios. Asimismo, se enfatiza la urgencia de establecer procesos de innovación tecnológica que posibiliten la concurrencia de productos y marcas españolas en el circuito internacional, así como la reconversión de ramas industriales agotadas. En suma, se considera que o bien se invierte en investigación, desarrollo e innovación, o bien se dejan pasar las opciones generadas por el proceso de integración europeo.

Por otra parte, se hace notar que una inversión de esa naturaleza permitiría al país encaminarse hacia el estándar pactado en la UE. En la reunión del Consejo de Europa celebrada en Barcelona en 2002, los ministros de los países de la Unión establecieron el objetivo de alcanzar, hacia 2010, un nivel de gasto público y privado en I+D+I equivalente al tres por ciento del PIB. De tal monto, al menos una tercera parte debería provenir de fondos públicos y el resto de la iniciativa privada. En las economías consolidadas de la UE la meta cuantitativa está próxima, no así en los países de menor desarrollo relativo. En esas condiciones, la propuesta de Rodríguez Zapatero hace notar la intención gubernamental de sumar la economía española al carril de alta velocidad de la región o al menos abandonar la condición de país rezagado en materia de producción de valor agregado en la economía del conocimiento.

Las críticas de la derecha a la propuesta del presidente español no han demorado. Los diputados del Partido Popular cuestionan la posibilidad de mejorar la distribución social del gasto sin hacer crecer, al mismo tiempo, el déficit público. Cabe recordar que la prioridad de política económica del gobierno de Aznar fue justamente la de abatir el déficit público y mantenerlo en niveles cercanos a cero.

En su momento, el presidente Fox Quezada acentuaba propósitos similares al actual enfoque de competitividad basada en el conocimiento del gobierno español. Lamentablemente desaprovechó su oportunidad al ubicar en posiciones estratégicas a cuadros directamente extraídos del PRI neoliberal. Con vista a futuro, quizás valga la pena observar los pasos y resultados de una opción diferente.