Como en cada año de la administración del presidente Vicente Fox, la iniciativa presupuestal enviada por el Ejecutivo resultó insatisfactoria para el Congreso en lo que atañe al gasto educativo. También como en cada año del actual sexenio, los legisladores acordaron reasignaciones, ajustaron cifras, establecieron condiciones y aprobaron diversos programas.

Esta ocasión, sin embargo, cobró un perfil singular al coincidir varios elementos. En primer lugar, una propuesta conservadora de Hacienda en el monto y distribución de los recursos para gasto social. En segundo, un esquema de negociación ineficiente entre el Ejecutivo y las fracciones parlamentarias opositoras. En tercero, un intenso y bien enfocado cabildeo de grupos dentro y fuera del gabinete. En cuarto, factor decisivo en el proceso, el cambio de correlación de fuerzas derivado de la nueva composición parlamentaria.

Como es sabido, el PAN decidió ausentarse de las votaciones que llevaron a la aprobación de la iniciativa corregida por los diputados y el Presidente manifestó su intención de impugnar el proyecto de decreto. Sobre la posibilidad de veto presidencial no se ha dicho la última palabra y todo está pendiente de alternativas de negociación entre poderes y sujeto al despliegue de fuerzas de los actores políticos. Pero, al margen del resultado final, parece improbable que las correcciones de los legisladores al presupuesto educativo se reviertan, tomando en cuenta el costo político que ello implicaría.

Lo accidentado del proceso y su carácter inconcluso han impedido una apreciación completa de los cambios que acompañan a la reasignación. El propósito de esta entrega y la siguiente es compartir con los lectores la información disponible, así como algunos comentarios acerca de sus posibles implicaciones.

En el presupuesto educativo nacional, los diputados aprobaron una reasignación neta de más de 15 mil millones de pesos. En el renglón de incrementos se aprobó un ajuste superior a 19 mil millones, sin contar los recursos aplicables del fondo de aportaciones múltiples, suma a la cual se resta un recorte del orden de cuatro mil millones y medio que incluyen la cancelación de partidas del controvertido proyecto Enciclomedia. El incremento de los legisladores a los ramos educativos representa casi cinco puntos porcentuales por encima de la propuesta original del Ejecutivo.

Cabe mencionar que entre los programas de educación básica favorecidos, al menos dos se relacionan con propósitos de mejoramiento de infraestructura y modernización tecnológica. Se trata del Programa de Infraestructura y Equipamiento de Escuelas de Educación Básica en municipios de muy alta marginación, al que se otorgan casi 500 millones de pesos, y el Programa de Red Escolar de informática educativa en educación básica, que contará con más de mil millones de pesos adicionales.

En la propuesta enviada por Hacienda, el presupuesto para educación superior llevaba una reducción neta de más de dos mil millones de pesos, o menos 3.2 por ciento respecto al aprobado el año anterior. Por ello, por la capacidad de maniobra de los líderes del sector, y ante el evidente beneficio de respaldar a las universidades públicas, el bloque de oposición aprobó un incremento muy significativo, cerca de ocho mil millones de pesos adicionales o más de diez por ciento sobre el año previo.

Se recordará que el año pasado los legisladores también reasignaron recursos con base en un doble criterio, mejorar el presupuesto de algunas instituciones fundamentales, como la UNAM o el IPN, y compensar a las más desprotegidas desde el ángulo de su proporción de gasto por alumno. Al parecer, este año ambos criterios prevalecieron, aunque la distribución alcanzó para asignar recursos extra para prácticamente todas las unidades del sistema.

En el caso de la UNAM se aprobaron 826.2 millones de pesos más, para el IPN 607.7 millones, y para la UAM 217.5 millones; a la Universidad de Guadalajara irán 688.4 millones más; a la Universidad Autónoma del Estado de México, 300 millones; a la Universidad Autónoma de Sinaloa, 287.6 millones; a la Autónoma de Nuevo León, 260.7 millones; a la Universidad Veracruzana 201.2 millones, y a la Universidad Autónoma de Puebla, 175.9 millones adicionales. Todos estos incrementos reflejan criterios de importancia o tamaño institucional, pero otros son menos racionales.

Mientras que a las universidades de Guerrero, Tabasco, Michoacán y Oaxaca se destinan incrementos por 276.1 millones, 250 millones, 230.9 millones y 178.5 millones, respectivamente, universidades como las de Sonora, San Luis Potosí y Yucatán, de similar tamaño y que han desarrollado procesos de innovación académica relevantes, recibirán entre 50 milllones y 60 millones de pesos adicionales. Realmente no hay proporción.

Si en el primer caso prima un criterio de compensación, entonces resulta contradictorio que universidades como las de Morelos, Nayarit, Tlaxcala, Durango, Baja California Sur, Chihuahua y Querétaro vayan a recibir recursos extra por menos de 50 millones en cada caso, o que el sistema de Institutos Tecnológicos Federales, que cuenta con una matrícula conjunta superior a los 220 mil estudiantes, reciba recursos adicionales por apenas 255.8 millones de pesos.

La explicación es obvia, cae de su peso al interpolar el mapa político del país con el mapa de universidades, y es criticable. La decisión de respaldar a las universidades es propio de la era del conocimiento, pero la de orientar ese respaldo según criterios fundamentalmente políticos corresponde a una etapa más primitiva.