El lunes 13 se publicó en la Gaceta Parlamentaria el acuerdo de la mesa directiva de la Cámara de Diputados que rechaza el documento presidencial de observaciones al presupuesto aprobado por los diputados. Si todo transcurre conforme a lo previsto, el pleno ratificará el acuerdo, el presidente mandará publicar el decreto el 15 diciembre e iniciará una controversia constitucional ante la SCJN. Independientemente del dictamen de la Corte, en caso que se presente el recurso, poco cabe esperar como rectificación a lo ya aprobado. Aún habría posibilidades de negociar reformas sobre el decreto publicado, pero no es la eficacia negociadora lo que caracteriza al gobierno.
Sea cual fuere el desenlace, es improbable que el terreno conquistado por las instituciones de educación superior retroceda. Está pendiente, sin embargo, un balance de la relación política entre las universidades y los poderes de la Unión resultado del proceso. Para iniciar una reflexión sobre el tema, este artículo recapitula sobre un ángulo de la negociación, el que se deriva de la interacción entre la ANUIES y los legisladores.
En los años del actual sexenio, la estrategia de ANUIES para incrementar los recursos de la educación superior ha tenido varios episodios. Desde 1998 la Asociación inició el diseño y de un “modelo de financiamiento” orientado a superar los inconvenientes de la asignación inercial del subsidio Originalmente el modelo proponía encauzar el subsidio en su conjunto, pero muy pronto se enfocó a los recursos extraordinarios distribuidos por la SEP.
En abril de 2002, el Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA) estableció una comisión para definir una “política de Estado” que enmarcara la propuesta del modelo. En noviembre del mismo año se aprobó la “Propuesta de lineamientos para una política de Estado en el financiamiento de la educación superior”, que incluye una proyección de los recursos para alcanzar las metas oficiales.
En mayo de 2004, la ANUIES entregó a la Comisión Nacional Hacendaria el texto “El financiamiento de la Educación Superior”, con una propuestas para mejorar el gasto público en el sector. En términos generales, la propuesta incorpora las definiciones y métodos planteados en el documento de 2002, pero añade precisiones sobre cambios normativos para asegurar el flujo de recursos, la coparticipación de subsidios federales y estatales, y la posibilidad de presupuestos multianuales, entre otras sugerencias.
Desde mediados de 2004, los representantes de la ANUIES se reunieron con los legisladores para cabildear la ampliación de recursos en 2005. En julio se entregaron a la comisión de educación los documentos “Criterios para el Financiamiento para el año 2005” y “Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Ordinario”. En la reunión se puntualizó la necesidad de un aumento mínimo de cinco por ciento en gasto operativo para las instituciones, así como la sugerencia de varios fondos extraordinarios. Uno por mil millones de pesos para disminuir los pasivos contingentes derivados de los sistemas de pensiones y continuar con las reformas iniciadas en 2002, otro para el reconocimiento a la plantilla de personal no autorizada en las IES, uno más para entregar a los institutos tecnológicos federales recursos de inversión y constituir un Fondo de Apoyo a la Calidad similar al PIFI de las universidades públicas y, por último, un fondo de dos mil millones de pesos para echar a andar el modelo de financiamiento (Confluencia 130, agosto 2005).
En septiembre y octubre, ya conocida la iniciativa del PEF 2005, la Asociación insistió en la necesidad de reconsiderar el presupuesto de Hacienda. El 10 de septiembre hubo una reunión con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y en octubre se entregó a las comisiones encargadas de asuntos educativos, científicos y presupuestales la “Solicitud de Ampliación y Modificación de Presupuesto para la educación superior correspondiente al año 2005”. El documento de ANUIES solicitaba un incremento por 8 mil 063 millones de pesos [Confluencia 132, octubre 2004].
Al cabo del proceso que condujo a la modificación de la iniciativa, varias de las propuestas de ANUIES fueron atendidas. En total, el 92 por ciento del monto requerido fue aprobado, no así la sugerencia de su distribución. Ni los mil millones de pesos para pensiones, ni los dos mil millones de pesos para el modelo de financiamiento se aprobaron como tales. En cambio, los fondos para el reconocimiento de la plantilla irregular y para el mejoramiento de los institutos tecnológicos federales sí fueron considerados.
En lugar de concentrar recursos extraordinarios en la SEP para su distribución mediante la aplicación del modelo de financiamiento, los diputados optaron por etiquetar montos para las instituciones de manera individual. De haberse constituido un fondo específico para la entrega de tales recursos, hubiera quedado en manos de la SEP la definición de las bases operativas de distribución y supervisión, como ocurrió el año pasado con el Fondo de Equidad aprobado por los legisladores.
Al desplazar a la SEP de la distribución, se incorporaron al PEF criterios generales de aplicación y rendición de cuentas, que incluyen obligaciones para dedicar los recursos adicionales a infraestructura y equipo (artículo 11), establecer acuerdos bilaterales entre las IES estatales y la SEP (transitorio 40), verificar la matrícula (transitorio 41), y entregar a la Cámara de Diputados, en forma trimestral y anual, informes de avance de los proyectos y aplicación de recursos (transitorio 42).
La revisión de los montos reasignados por universidad deja la impresión de que se combinaron varios elementos: la continuación implícita del anterior “fondo de equidad”, la aplicación de criterios distributivos bajo el modelo de ANUIES, y la compensación a las IES federales afectadas en 2004. Pero la principal consecuencia es política: ampliar el espacio de interlocución de las universidades con los poderes del Estado tiene pros y contras, los seguiremos analizando.
