Inicia el año con dos importantes temas de pendiente resolución y posibles implicaciones para el sistema de educación superior del país. El primero está relacionado con el desenlace del conflicto en torno al Presupuesto de Egresos de la Federación 2005. El segundo tiene que ver con la reorganización funcional de la SEP si ésta se llega a concretar en la fecha y forma previstas.
Como se recordará, en diciembre el conflicto en torno al presupuesto federal tuvo varios episodios: la devolución del presidente Fox del decreto aprobado por los legisladores, junto con un documento de observaciones (1ro. de diciembre); el rechazo de las mismas en la Cámara de Diputados (13 de diciembre); la publicación del PEF 2005 con un insólito considerando preliminar que expresa la inconformidad presidencial con el presupuesto aprobado y anuncia la intención de impugnarlo jurídicamente (20 de diciembre); la presentación de la correspondiente controversia constitucional ante la SCJN (21 de diciembre); la admisión del recurso por los ministros de guardia, junto con la decisión de suspender provisionalmente el ejercicio de partidas por un monto de 4 mil 195 millones de pesos (22 de diciembre); y la presentación y admisión de recursos de inconformidad de la Cámara de Diputados por la decisión de los ministros (27 y 28 de diciembre).
En este mes comenzarán a desahogarse los recursos interpuestos por los poderes Ejecutivo y Legislativo y, dependiendo de las decisiones que se tomen en la SCJN, se habrán de liberar los recursos de gasto público del año. El panorama, sin embargo, tiene grados de incertidumbre considerables. Aunque no ha trascendido el contenido textual de la controversia presentada por el presidente, puede suponerse que esta se basa en el documento de observaciones originalmente remitido a la Cámara de Diputados. También podemos suponer que las partidas “congeladas” por los ministros corresponden a las que en dicho documento se establecen como “peticiones concretas de legisladores o grupos parlamentarios”, lo que incluye obras y equipamiento para instalaciones deportivas, tramos carreteros, bibliotecas, servicios urbanos y para la celebración de eventos tales como el Foro de Monterrey 2007.
Si la decisión final de la Corte concede razón a la postura de los diputados, entonces el presupuesto a ejercer será el autorizado por la Cámara de Diputados, tal y como está publicado. Si se determina ratificar la cancelación de las partidas suspendidas en forma precautoria, entonces el grado de afectación sobre el gasto universitario sería prácticamente imperceptible. Pero si se diera el caso en que la Corte acepta el fondo de la controversia presidencial, concediendo validez al recurso de “observaciones” previamente rechazado, se abren posibilidades para una reforma del presupuesto aprobado, en donde las asignaciones extraordinarias a las universidades, y otras partidas que competen al sistema de educación superior, ciencia y tecnología tendrían que ser revisadas.
Dada su complejidad, la tercera posibilidad se antoja la más remota, pero no es del todo despreciable. Por lo pronto, la Secretaría de Hacienda ha ordenado una clasificación especial para todas las partidas aprobadas por el Congreso que difieren de la iniciativa enviada por el Ejecutivo, lo que ha sido interpretado como una suerte de congelamiento administrativo a reserva de las decisiones de la Corte.
Ya veremos qué pasa y si, al cabo, se consideran algunos de los puntos abiertos en el proceso, tales como la falta de sustento jurídico de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIIES), las atribuciones de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (SESIC) para distribuir el presupuesto universitario, la potestad de la Cámara de Diputados para evaluar el trabajo de las universidades, el grado de autonomía de las instituciones en torno al ejercicio presupuestal, entre otros temas. No conviene olvidar, por otra parte, que el punto más relevante en medio del debate continúa siendo la necesidad de un nuevo marco normativo para el sistema ¿Se acordarán de ello los diputados?
Aparte de la discusión sobre el presupuesto para las instituciones de educación superior en este año, un segundo tema relevante se desprende de la posibilidad de que la SEP reorganice la distribución de sus tareas a partir de un nuevo esquema de subsecretarías. El proyecto presentado ante la Secretaría de la Función Pública, en cumplimiento de lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación 2004, incluye la formación de una Subsecretaría de Educación Superior encargada de la coordinación del conjunto institucional formado por universidades públicas autónomas, institutos tecnológicas, universidades tecnológicas, escuelas normales y otras instituciones de educación superior. El cambio implica recibir al sector tecnológico y normal, actualmente coordinado por otras instancias de la SEP, y entregar el subsistema de bachillerato a una nueva subsecretaría de educación media superior. Está pendiente la publicación en el Diario Oficial de la Federación de este acuerdo y tendría que ocurrir en los próximos días para no afectar el inicio de actividades escolares del año.
Quedamos pendientes de esta posibilidad para comentarla próximamente.
