El pasado viernes 21 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Reglamento Interior de la SEP, que perfila el proceso de reestructuración de la Secretaría de Educación Pública. En el actual sexenio esta es la segunda ocasión en que se autoriza una reforma al instrumento normativo que rige la organización funcional de la SEP. La primera, de diciembre de 2002, dio cabida a nuevas unidades para desarrollar varias de las líneas estratégicas del Programa Nacional de Educación (PNE) 2001-2006. Fue el caso de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, la Coordinación General de Educación Media Superior, la Coordinación General de Atención Ciudadana, la Unidad de Enlace con el Congreso de la Unión y, al igual que en el resto de la administración pública federal de este sexenio, una contraloría interna.

La reforma organizativa de 2005 es de mucho mayor alcance que su antecedente. Apunta, en primer lugar, a la descentralización de los servicios educativos de la capital de la República, mediante la creación de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, como un órgano administrativo desconcentrado de la SEP con autonomía de gestión. Esta unidad se encargará de preparar el camino para la descentralización iniciada mediante la aprobación de la reforma al artículo 122 constitucional en la Cámara de Diputados (octubre 2004). La controversia sobre el tema ha demorado su aprobación en el Senado, y la propuesta bien podría esperar hasta el primer año del próximo gobierno del DF. No obstante, la coyuntura de la contienda presidencial acotará finalmente el ritmo de la iniciativa.

En segundo lugar, hay que referir la reestructuración del esquema de subsecretarías de la SEP. Tal y como había sido anunciado, las tareas de coordinación y gestión centralizada de la Secretaría se agruparán en torno a tres nuevas subsecretarías, que corresponden a la estructura por niveles del sistema educativo mexicano. Por tanto, subsecretarías de educación básica, de educación media superior, y de educación superior.

La subsecretaría de educación superior concentrará todo el conjunto de subsistemas e instituciones correspondientes al nivel, universidades, instituciones tecnológicas, escuelas normales y otros centros educativos del nivel. El cambio tiene una triple implicación inmediata: las instituciones tecnológicas y las universitarias serán coordinadas en una sola entidad administrativa, el bachillerato universitario pasará a depender de la nueva subsecretaría creada al efecto, y la función de investigación científica quedará operativamente referida al CONACYT.

Además, se crea la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, que atenderá la coordinación de la educación normal en el país, se establece la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, en reemplazo de la anterior Dirección General de Institutos Tecnológicos, y la Dirección General de Educación Superior Universitaria, que sustituye a la anterior Dirección General de Educación Superior.

Junto con estos cambios trascendentes, la SEP anuncia la creación de una nueva unidad administrativa, que busca recoger y ordenar las políticas y prácticas de evaluación desarrolladas en el sistema público desde hace tiempo. Se trata de la Dirección General de Evaluación de Políticas, a la cual se encomienda la tarea de desarrollar y coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, así como evaluar el ejercicio del gasto público en materia educativa.

Conviene recordar que en el PNE se establece el objetivo de constituir dicho Sistema Nacional de Evaluación Educativa, para imprimir racionalidad y dar fuerza legal a los procedimientos e instancias de evaluación que han cobrado presencia en el ámbito educativo nacional. La ausencia de un sistema de tal naturaleza se advierte como una laguna importante, porque ha dado lugar a la operación simultánea y frecuentemente traslapada de instancias de evaluación, insuficientemente reconocidas por la normativa gubernamental, como es el caso de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), ya comentado en este espacio.

No es tan fácil, sin embargo, que el sistema nacional de evaluación se concrete en el tiempo que resta a la actual administración, porque es un tema a deliberar en el Congreso y porque, en torno al mismo, convergen distintas visiones y percepciones del papel que toca cumplir a la evaluación educativa en la gestión del sistema. No obstante, la creación de la unidad administrativa responsable de esa política es un indudable paso en firme para ordenar mejor las prácticas de evaluación institucional que se llevan a cabo.

Aparte de estos cambios, que resaltamos por su impacto potencial en la estructura de coordinación universitaria, la SEP ha dispuesto la creación o redenominación de otras unidades administrativas o funcionales para procesar la compactación de subsecretarías.

Desde luego no es despreciable la intención de reformar a la SEP en el sentido descrito, ni conviene subestimar la profundidad de la transformación propuesta. El problema, en todo caso, es de tiempo. Dadas las circunstancias del actual entorno político ¿podrá la SEP renovar sus políticas educativas en la dirección propuesta o simplemente heredará un mejor esquema organizativo al gobierno entrante?