La semana pasada abordamos el tema del vaucher escolar con referencia al caso estadounidense. Hicimos notar que en ese país, cuna intelectual del modelo, su aplicación ha sido más bien limitada, enfocada el nivel de educación básica y cuestionada por sus efectos académicos y sociales. Lo más importante es que el voucher en Estados Unidos pone en tensión principios básicos del sistema de distribución educativa de ese país.
En primer lugar, se afirma que el subsidio a las instituciones por vía del bono escolar provoca la bifurcación del gasto educativo: una parte para el sostenimiento del sistema público y otra para subsidiar el sistema privado. Para evitar este efecto, la racionalidad del modelo propone el progresivo retiro del Estado del campo educativo, lo cual, en regímenes democráticos, resulta poco atractivo desde cualquier perspectiva política.
En segundo lugar, se cuestiona la transferencia de recursos públicos hacia instituciones con orientación confesional, lo cual es visto como una trasgresión al principio de separación Estado-Iglesia. Ambas críticas, una de inspiración social y otra de raíz liberal, han encontrado convergencia en una posición anti-voucher de indiscutible peso político en el vecino del norte. El lector interesado en profundizar esta veta de análisis puede encontrar información interesante en la página http://www.nea.org/vouchers/index.html de la National Education Association.
Un caso clásico de la aplicación de los vouchers en el sistema educativo es el chileno. En Chile se estableció el modelo a principios de los años ochenta, todavía en la era de Augusto Pinochet, como parte del bloque de medidas económicas diseñadas por la escuela de Chicago. La extensión del voucher en la realidad chilena comprende todos los tramos del sistema escolar, tiene cobertura nacional, y se combina con un conjunto más amplio de políticas favorables a la liberalización y desregulación del sector eductivo: incentivos a la empresa privada en educación, apertura al sector transnacional, contratación individual de profesores, esquemas de incentivos por desempeño institucional, crédito universitario, pago por mérito, descentralización institucional y deshomologación salarial, entre otros.
Este paquete de medidas ha propiciado que el gasto fiscal en Chile, en particular el gasto público en educación superior, sea uno de los menores del continente. Sin embargo, hay que decir que la estrategia educativa de los gobiernos democráticos ha matizado el énfasis del modelo original, concediendo prioridad al subsidio público de la educación básica y media y buscando generalizar oportunidades de acceso a la educación superior a través de medidas de orden compensatorio.
Por su amplitud e intensidad, el voucher chileno ha sido objeto de numerosos estudios y evaluaciones. La bibliografía del caso coincide en reconocer que los efectos académicos y sociales del modelo está lejos de los supuestos optimistas de sus promotores. Algunos investigadores consideran que los resultados son expresivos de las limitaciones estructurales del sistema de voucher, mientras que otros adjudican la problemática observada a fallas de implementación.
Un ejemplo de la primera postura se ilustra con los estudios de Martin Carnoy y colaboradores sobre el caso. En síntesis, Carnoy sostiene que el modelo ha implicado una gradual, pero sostenida, disminución del gasto fiscal en el sector. Agrega que, en la práctica, los sectores sociales medio y superior han logrado beneficios mayores que las clases en condición de pobreza, lo cual cuestiona el elemento de compensación social sostenido en la teoría, y que el incremento de calidad previsto sencillamente no ha ocurrido (M. Carnoy, “Lessons of Chile´s Voucher Reform Movement”, 1996).
En el mismo sentido, la investigación de Chang-Tai Hsiehy y Miguel Urquiolaz, patrocinada por el Banco Mundial, concluye: “No encontramos evidencia de que la reubicación de estudiantes de escuelas públicas a privadas haya mejorado el promedio de calidad educativa en Chile” (“When Schools Compete, How do They Compete? An Assessment of Chile´s Nationwide School Voucher Program”, 2002).
Conclusiones similares se encuentran en los estudios de Tokman (“Is Private Education Better? Evidence from Chile, 2001), de Contreras (“Evaluating a Voucher System in Chile. Individual, Family and School Characteristics”, 2001), y de Sapelli y Vial (“The Performance of Private and Public Schools in the Chilean Voucher System, 2002), entre otras investigaciones.
La segunda postura reconoce que los resultados de las pruebas educativas nacionales, aplicadas por el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, SIMCE, y las pruebas internacionales en que Chile participa, por ejemplo el Trends in International Mathematics and Science Study, reflejan no tanto el fracaso del sistema de voucher chileno sino, más bien, los defectos de su implementación. Así, por ejemplo, el estudio de Claudio Sapelli (“The Chilean Voucher Systeme: Some New Results and Research Challenges”, 2003) demuestra que el sistema de incentivos a las escuelas resulta deformado por la capacidad de las instituciones privadas, así como de las públicas en las municipalidades más ricas, para obtener subsidios complementarios, lo que tiende a anular, según el autor, el efecto compensatorio buscado, reproduciendo las condiciones de desigualdad que el propio esquema buscaba combatir.
