El vaucher escolar implica la entrega de fondos públicos a los individuos en vez de a las instituciones. Económicamente opera como una forma de “subsidio a la demanda” y, a través de lógicas de mercado, como un estímulo a la oferta. El instrumento se propone como un medio para animar la dinámica del sector privado en la educación, cuya presencia, bajo determinadas condiciones, es vista como un complemento de la acción pública para cubrir metas de cobertura, calidad y diversificación. Como hicimos notar previamente hay varias experiencias internacionales conocidas y evaluadas en educación básica ¿pero que ha ocurrido en el plano universitario?

En la mayor parte de los países desarrollados, los sistemas de educación superior siguen un modelo dual. Por una parte, un segmento privado, con ofertas de calidad variable y costos de oportunidad que fluctúan en razón de la dinámica del mercado. Generalmente el consumidor paga el costo educativo en vista de una expectativa de rendimiento, es decir como una inversión. Al lado del sector privado, un segmento público que brinda educación superior de manera subsidiada o incluso gratuita. Históricamente, la existencia de este segmento ha matizado la estricta reproducción de los grupos de poder económico, mediante la generación de una opción de movilidad social significativa.

El equilibrio se consigue cuando ocurren dos supuestos. El primero es que el costo de la educación superior privada –no importa cual sea- encuentra compradores en el mercado porque las expectativas de ganancia futura son claras, y porque los interesados cuentan, o pueden adquirir, los recursos para sufragar el gasto. El segundo supuesto, es que el sistema público logra crecer a un ritmo suficiente para satisfacer la demanda real, y despliega un nivel de calidad adecuado para competir con las instituciones del sector privado.

Se fractura el equilibrio en varios escenarios: el mercado profesional no consigue absorber el volumen de egresados, o lo hace en condiciones desfavorables, el costo de la educación privada es impagable y hay limitaciones para contratar créditos, el soporte fiscal de las universidades públicas es insuficiente para sustentar procesos de crecimiento y mejora cualitativa, ocurre una sobre-demanda de estudios superiores porque no se generan alternativas ocupacionales para el grupo de edad relevante, etcétera.

La combinación de estas condiciones da lugar a imperfecciones y, sobre todo, a efectos no deseados en el ámbito de la educación superior: la devaluación de las credenciales educativas, la formación de un circuito de proveedores educativos de calidad cuestionable, o el encauzamiento (traking) de la demanda hacia opciones profesionales supuestamente viables en el mercado laboral. En general, se ha buscado amortiguar el peso de estos efectos perversos mediante la implantación de mecanismos de control externo, fundamentalmente la acreditación de programas a cargo de representantes gremiales, y otros procesos de supervisión. No obstante, las dificultades financieras del sistema universitario persisten y se presentan como un fenómeno generalizado, en países desarrollados y no desarrollados y en los sectores público y privado. En ese contexto, la discusión de alternativas acude al expediente del voucher como una posibilidad.

Hay que decir que, hasta el momento, el debate sobre el tema en el ámbito universitario ha ponderado las ventajas del modelo tradicional (subsidio regulado, becas y crédito educativo), así como la exploración de alternativas, por ejemplo impuestos especiales a los graduados, y fideicomisos o seguros para el pago de colegiaturas. Las críticas al voucher en educación básica se repiten a nivel universitario, sobre todo que el sistema no asegura un mecanismo de superación de calidad que no pueda ser alcanzado por otros medios, y que no mejora las condiciones de distribución presentes en el sistema público.

A tales críticas se añaden elementos que es interesante considerar. Por ejemplo, la resistencia de universidades privadas de alto prestigio para participar en el modelo porque implica una pérdida de control social. Otro ejemplo, la resistencia de universidades públicas y particulares de acceder a mecanismos de supervisión gubernamental asociados al voucher, es decir pérdida de autonomía de gestión ya sea porque el esquema propone la vigilancia sobre estándares académicos, o bien porque conduce la demanda a determinados programas y carreras y no a otros.

También está presente la idea que, en comparación, el crédito ha mostrado mayor eficiencia que otras formas de subsidio a la demanda privada (D. Fausto, “Financing Schemes for Higher Education in OECD Countries”, Economia Internazionale 54, 2002 y A. Kemnitz, “Funding, Competition and Quality in Higher Education”, Universidad de Manheim, 2003), así como estudios que muestran las dificultades prácticas del sistema en casos concretos. Por ejemplo la investigación de A. Ahoen sobre el caso de Finlandia, “Vouchers in Higher Education”, Higher Education Managment 8-1, 1996, o la de A. Geuna “Changes in the Rationale for University Funding: Are There Negative Unintended Consequences?”, University of Sussex, 2000, sobre el Reino Unido.

La pregunta de fondo ¿existe una razón objetiva para que el gobierno acceda a subsidiar empresarios privados en educación superior? Aparentemente no, pero no hay que olvidar que en otros rubros, notoriamente el de salud pública, el sistema de voucher (seguro popular) ha logrado ser implantado luego de arruinar a las instituciones públicas.