¿Cuánto cuesta estudiar una licenciatura en México? La respuesta a esta simple pregunta encuentra una variedad de respuestas según se consideren los sistemas público o privado, las distintas regiones del país, las modalidades universitaria y tecnológica, así como la oferta en el mundo de las universidades particulares.
Veamos en primer lugar el sistema público. Entre las universidades de este sector las diferencias se observan tanto en el monto de inscripciones y colegiaturas, como en los esquemas de pago. En promedio las cuotas oscilan entre mil y 1,500 pesos al año por estudiante, pero ese rango esconde una compleja asimetría. Más útil parece considerar segmentos y realidades institucionales.
Unas cuantas universidades son gratuitas o mantienen cuotas por debajo del promedio nacional. La Autónoma de Chapingo y la Autónoma de la Ciudad de México no cobran ni inscripción ni colegiaturas. En la UNAM, el Reglamento General de Pagos fue suspendido después de la huelga estudiantil de 1999-2000 aunque se mantiene el esquema de pago voluntario. En otras, las cuotas son mínimas, por ejemplo en la Autónoma de Guerrero la inscripción es de 50 pesos anuales, en la Universidad de Guadalajara 72 pesos al semestre, en la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 50 pesos al semestre, en la Autónoma de Zacatecas 70 pesos al año, y en la Pedagógica Nacional 120 pesos al año.
Entre las universidades de menos de mil pesos al año cabe mencionar la Autónoma de Baja California Sur (528 pesos anuales), la Autónoma del Carmen (200 pesos al año por inscripción más 83 pesos bimestrales de colegiatura), la Autónoma de Chiapas (750 pesos, pago único), la Autónoma Metropolitana (514 pesos al año entre inscripción y colegiatura), la Autónoma Agraria Antonio Narro (285 pesos al semestre), la Universidad de Nayarit (450 pesos al año), la Autónoma de Sinaloa (554 al año), la Autónoma Juárez de Tabasco (1,940 pesos de inscripción a la carrera y 100 pesos anuales de colegiatura), y la Universidad Veracruzana (200 pesos al semestre).
Entre mil y tres mil pesos al año se ubica el segmento mayoritario de universidades públicas, por ejemplo las de Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sonora, Tlaxcala y Yucatán, así como la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y la Universidad de Occidente en Sinaloa. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla omite el cobro de inscripción pero establece un pago por crédito escolar de siete pesos en período ordinario y 18 en verano. Una estimación aproximada del costo por carrera oscila, en este caso, entre tres mil y cinco mil pesos en total.
Del segmento superior, que contiene a las universidades públicas con cuotas escolares por encima del promedio, cabe referir a la Universidad Autónoma de Aguascalientes (355 pesos al año por inscripción y 563 pesos mensuales de colegiatura), la Autónoma de Chihuahua (de 2,850 a 6,070 pesos al año dependiendo la carrera), la Autónoma de Ciudad Juárez (1,590 pesos al semestre por concepto de inscripción y 21 pesos por crédito escolar), la Autónoma de San Luis Potosí (3,342 pesos a estudiantes locales y 4,707 a foráneos por semestre), y la Autónoma del Estado de México (de 2,500 a 3,880 pesos semestrales según la carrera). Cursar una carrera cuesta, en estas instituciones, de 15 mil a 25 mil pesos aproximadamente.
En el sector público tecnológico, el Instituto Politécnico Nacional asigna una cuota de cuatro salarios mínimos al año por concepto de inscripción, mientras que en el sistema de institutos tecnológicos se pagan cuotas semestrales entre mil y 1,500 pesos por semestre en promedio, otro tanto ocurre en las universidades tecnológicas y politécnicas. En los tecnológicos dependientes de la SEP, estudiar una licenciatura cuesta aproximadamente 15 mil pesos en total, cifra que ubica a esta opción educativa en el mismo nivel que las universidades públicas de mayor costo. Aparte de la discutible legalidad de las cuotas en instituciones dependientes de la SEP, la comparación de costos puede ofrecer una pista a quienes se preguntan porqué los estudiantes continúan prefiriendo la opción pública universitaria, con todo y sus carreras “saturadas”.
El abanico de las cuotas en el sistema público no parece obedecer a una racionalidad de mercado ni se puede descifrar mediante una correlación entre el poder adquisitivo de la demanda vs. la oferta universitaria. La mejor explicación se ubica en el plano de las historias locales, historias en que la respuesta estudiantil ha jugado un papel decisivo.
La pregunta ¿qué ocurre con las cuotas escolares y cuál es su impacto en el financiamiento universitario? también se resiste a una consideración general. Si se aprecian cifras globales, el impacto de las cuotas sobre el financiamiento es irrelevante pero, en algunos casos, éstas llegan a representar la porción más significativa del gasto operativo institucional y de ellas depende la adquisición de equipos y acervos, así como el mantenimiento de las instalaciones.
Desde el ángulo de las alternativas al financiamiento universitario, la opción de las cuotas enfrenta una serie de presiones cruzadas de difícil solución. El gobierno ha sostenido una tesis favorable al cobro de cuotas y a su incremento compensado con becas. Las instituciones suelen ver ventajas en esta opción pero, al mismo tiempo, son sensibles al dilema político que representan, y los estudiantes tienden a percibir el aumento de colegiaturas como una obstrucción a sus derechos. Obviar cualquiera de estas dimensiones en el cálculo político corre riesgos de irrealidad. En la próxima entrega de la serie analizaremos la situación de las instituciones privadas.
