Hasta entrados los años ochenta, la oferta de educación universitaria en México permanecía ordenada en torno a dos segmentos de población claramente diferenciados. De un lado, las universidades públicas que atendían a la demanda escolar de las clases medias urbanas, y de otro las universidades privadas, cuya clientela provenía de los grupos sociales privilegiados. Desde luego, había excepciones a esta pauta general, porque las universidades autónomas encararon, durante buena parte del siglo veinte, las necesidades nacionales y regionales de cuadros profesionales, científicos y humanísticos.
La dinámica de expansión de la demanda se había enfrentado, hasta ese momento, mediante la creación de universidades públicas en las entidades federativas del país. La última en obedecer a ese modelo fue la Universidad de Quintana Roo, creada en 1991. A partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se establecieron alternativas centradas en la política de “diversificación” del sistema, mediante la expansión del sector superior tecnológico, y por la vía de facilitar la inversión privada.
La inhibición del crecimiento del segmento universitario público, registrada en la primera mitad de los noventa, dio lugar a varios fenómenos. Cabe recordar, en primer término, las manifestaciones de protesta ante el creciente número de rechazados en las universidades de varios estados de la República. Es también la etapa en que inicia el crecimiento descontrolado de las llamadas “universidades patito”, y asimismo una fase de expansión territorial de las universidades privadas del país. Es muy claro que la decisión gubernamental de frenar la opción universitaria pública abrió el paso a las alternativas universitarias particulares, de buena, mediocre y mala calidad académica. También es evidente que varias privadas de renombre supieron leer y aprovechar las condiciones de mercado de la coyuntura, alcanzando índices de crecimiento sin precedentes en ese período.
No obstante, las oportunidades de inversión estaban claramente delimitadas por el tamaño de la demanda de mayor solvencia económica y, por lo mismo, las condiciones de saturación a corto plazo aparecían también a la vista. En ese entorno, se discutieron varias posibilidades para trascender los rígidos límites de mercado en la modalidad privada. Al cabo, la opción percibida como más prometedora fue el esquema de crédito universitario, modelo experimentado en distintas partes del mundo como opción a las becas sin obligación de retorno financiero.
Es importante recordar que en varios países, principal aunque no exclusivamente en EU; los créditos (loans) contratados por los estudiantes o las familias para sufragar los gastos de colegiatura en la educación universitaria son la principal fuente económica tanto del sistema público como del privado. El esquema suele ser preferido al de voucher porque no implica una carga fiscal directa sino, al contrario, genera un mercado financiero en el que participa la banca y otras instituciones crediticias. En los modelos más desarrollados, el crédito universitario se complementa con esquemas de descuento fiscal en tanto se redime el monto contratado.
La implantación en México de un esquema de esa naturaleza se experimentó mediante la creación de la Sociedad de Fomento a la Educación Superior (SOFES), que fue establecida en diciembre de 1996, por intermedio de la Federación Mexicana de Instituciones Particulares de Educación Superior (FIMPES), para operar un crédito del Banco Mundial al respecto.
El préstamo solicitado al Banco Mundial consta de dos componentes. El primero hace referencia al establecimiento del sistema de crédito educativo al sector privado, a ser operado por la SOFES, y el segundo está dirigido a la consolidación del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora (ICEES). Para el primer objetivo se aprobó un monto de 270 millones de dólares y, para el segundo, 30 millones de dólares.
Los detalles financieros del préstamo, cuyo vencimiento se contrató a febrero de 2004, pueden consultarse en el documento “Project appraisal document on a proposed loan to BANOBRAS with the guarantee of the United Mexican States for a Higher Education financing project” (disponible en; http://www.bancomundial.org.mx/pdf/4332-ME.pdf). Lo más interesante del caso es la coparticipación del Estado y las instituciones particulares en la gestión del crédito. El gobierno se obliga a participar en el proyecto mediante una cantidad igual a la entregada por el Banco Mundial, así como a fungir como aval del préstamo. Las entidades privadas (SOFES e ICEES) se responsabilizan de la operación del producto.
En esencia, los créditos de SOFES, cuya población-objetivo asciende a 25 mil estudiantes en 40 universidades particulares participantes, otorgan préstamos redimibles en UDIS a una tasa de aproximadamente 7 por ciento anual, se ofrecen condiciones de pago durante un período equivalente al doble de la duración de la carrera y hay requisitos académicos para obtener el crédito, así como preferencia a estudiantes de perfil socioeconómico medio.
Aunque todavía es temprano para valorar las posibilidades del mecanismo como alternativa al financiamiento universitario, conviene citar las conclusiones de la evaluación del proyecto realizada, a solicitud del Banco Mundial, por los investigadores Erik Canton y Andreas Blom. En el documento “Can Student Loans Improve Accessibility to Higher Education and Student Performance?” (Banco Mundial, WPS3425, octubre 2004) se concluye que, en efecto, el esquema de créditos de la SOFES es una opción interesante para que estudiantes que desean ingresar al sistema privado puedan hacerlo, aunque no podría considerarse una alternativa viable para la mayor parte de la demanda universitaria.
