La semana pasada abordamos el sistema de becas universitarias de la actual administración bajo el concepto de Programa Nacional de Becas de Educación Superior (PRONABES). El objetivo de ese programa consiste en el desarrollo de una opción para que estudiantes de escasos recursos puedan ingresar y permanecer en las instituciones públicas del sistema. Mencionamos también que, pese a sus ventajas como instrumento de política social, el PRONABES ha merecido críticas por excesos burocráticos, por su utilización como medio de canalización de la demanda, y por su potencial político en contextos electorales.
Las becas en general, pero en particular las que enfatizan la compensación de las desventajas socioeconómicas, generan entre los beneficiarios la percepción de un bien gratuito sujeto condiciones. No es fácil advertir que es la sociedad como un todo la que financia los sistemas públicos de becas, y se tiende a reconocer a la autoridad gubernamental como la fuente exclusiva del beneficio.
Esta percepción se matiza cuando las becas son adjudicadas por cualidades académicas, entonces los méritos individuales contrapesan la percepción de un subsidio por causa de pobreza. Este efecto se reproduce en otro plano: los becarios de programas de excelencia tienden a ser reconocidos y respetados por los actores del sistema educativo, mientras que no siempre es el caso de los beneficiarios de programas sociales.
Quizás por ello, la tradición de becas de la educación pública en México se orientó hacia el mérito académico más que a la compensación socioeconómica. Aún hoy, el PRONABES convive con otro programa, de menor escala cuantitativa, que recoge el enfoque de mérito académico tradicional, aunque agrega otros elementos. Esta modalidad se conoce con el nombre de Programa de Becas a la Excelencia Académica y al Aprovechamiento Escolar y proviene de la reformulación, hecha por el actual gobierno en 2002, del antiguo Programa de Becas en Efectivo administrado por la SEP desde los años cuarenta.
Las becas de la SEP se iniciaron en 1940 a partir de algunos recursos excedentes del presupuesto federal. Ese año se financiaron unas cincuenta becas y en 1942 se expidió el Acuerdo para la Concesión de Becas, determinándose que en el otorgamiento de las mismas se buscaría una combinación entre propósitos de compensación social y objetivos de estímulo académico. En los años setenta se estableció un mecanismo de coordinación, la Comisión General de Becas de la SEP, encargada de la definición de normas y criterios, así como de la administración del esquema de asignación y supervisión. En ese entonces, se determinó la obligación de que las instituciones particulares, para obtener reconocimiento de la SEP, debería otorgar al menos un cinco por ciento de sus ingresos por concepto de inscripción y colegiaturas como becas a estudiantes de escasos recursos.
En 1980 se reordenó el sistema mediante la creación de tres comités sectoriales dependientes de la Comisión. El de becas en efectivo, el de becas en escuelas particulares incorporadas a la SEP y el de becas en el extranjero. En 1993, con la nueva Ley General de Educación, la administración de la becas concedidas o administradas por la SEP dio inicio el proceso de descentralización de las instancias asociadas al sistema de becas. Además, la renovación de los programas compensatorios en educación básica, así como el Programa de Educación Salud y Alimentación (PROGRESA), tendieron a concentrar los fondos para subsidiar la estancia en las escuelas primarias y secundarias en el sistema público.
Finalmente, en 1999, mediante la expedición de un nuevo Reglamento Interior de la SEP, la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, que hasta entonces había fungido como la instancia ejecutiva para la administración del sistema en su conjunto, sólo conservó la parte del programa referente a la educación media superior y superior tecnológica.
De esta manera, el Programa de Becas a la Excelencia Académica y al Aprovechamiento Escolar se presenta como la renovación del modelo histórico de becas de la SEP. En las Reglas de Operación vigentes, del ejercicio 2003-2004, se establecen criterios de elegibilidad de instituciones y beneficiarios, normas operativas del mismo, montos de las becas, y requisitos para los solicitantes.
Según se indica en las Reglas, “el programa conserva su incidencia en el padrón de instituciones oficiales que ofrecen educación artística, educación física, educación normal, educación media superior (fundamentalmente bachilleratos tecnológicos) y educación superior (fundamentalmente institutos tecnológicos)”. En la actualidad son instituciones elegibles nueve escuelas de arte, 720 instituciones de enseñanza media superior, y 118 instituciones de educación superior. Las 847 instituciones cubiertas por el programa abarcan principalmente a las escuelas e institutos que dependen directamente de la SEP, y deja fuera a instituciones descentralizadas, como el Colegio de Bachilleres y el CONALEP, a las Universidades Tecnológicas, así como a las universidades autónomas.
El Programa de Becas consume aproximadamente 450 millones de pesos y otorga unas 75 mil becas al año. Se divide en Becas de Excelencia Académica, con cinco niveles según promedio de calificaciones (el mínimo es 9.8), para media superior, superior y posgrado, Becas al Talento Artístico o Deportivo Excepcional, Becas de Aprovechamiento Escolar (con promedio mínimo de 9.5), Becas Compensatorias (estudiantes discapacitados), Becas por Selección Automática (renovaciones), y Becas de Idiomas.
Según la SEP, el Programa funciona bien, aunque se reconocen riesgos en su operación descentralizada, así como defectos en la puntual entrega de los recursos a los estudiantes. Lo principal, sin embargo, es la falta de un sistema unificado, simple, justo y transparente, que administre el disperso conjunto de becas públicas construido hasta el momento. Ese sería un objetivo deseable para mejorar el esquema vigente.
