Dicen que quien persevera, alcanza. El pasado 25 de julio, tras más de un lustro de intentos fallidos, finalmente se aprobó en el estado de California, en Estados Unidos, la ley denominada Development, Relief and Education for Alien Minors (Desarrollo, Apoyo y Educación para Menores Extranjeros), mejor conocida por su acrónimo DREAM Act. En 2006, y desde entonces cada año, el alcalde demócrata de Los Ángeles, Gil Cedillo, propuso a las instancias legislativas del estado —la Cámara de Diputados y el Senado— distintas versiones de la regulación. Sin embargo, en todas las ocasiones, el gobernador republicano Arnold Schwarzenegger ejerció su poder de veto para bloquear la eventual aprobación. El retorno de los demócratas al Ejecutivo estatal —Jerry Brown tomó posesión en enero de este año para emprender un tercer periodo no consecutivo de gobierno— abrió una nueva posibilidad, finalmente concretada.
En sus primeras versiones la iniciativa planteaba, en materia educativa, la posibilidad de que los jóvenes inmigrantes en condición de indocumentados pudieran tener acceso a los sistemas de becas para emprender o continuar estudios en universidades u otras instituciones de nivel superior. El principal obstáculo, además de la persistente reticencia del gobernador Schwarzenegger, radicaba en objeciones para que estos jóvenes recibieran recursos generados por los impuestos locales o federales. La solución que encontró Cedillo fue la de dividir la iniciativa en dos partes: la AB-130 y la AB-131.
La primera, de hecho fue la aprobada hace unos días, se limita a considerar la opción de acceso a becas dentro del sistema privado de subsidio a este tipo de estudios, es decir, aquellas que ofrecen fundaciones que sustentan sus recursos en donaciones filantrópicas. La segunda, la AB-131, aún pendiente de debate y aprobación, contempla la posibilidad, mucho más amplia, de beneficiarse de las becas públicas que ofrecen diversos programas y fondos federales y estatales.
Asimismo, conviene comentar que la California DREAM Act es una réplica de un proyecto federal (la National DREAM Act) que, desde el año 2001, la presidencia estadunidense ha intentado concretar, aunque sin éxito hasta el momento. La norma federal ha sido puesta a discusión en el Congreso estadunidense en 2001, 2003, 2006, 2009 y 2011. En la época de George Bush la iniciativa llegó a contar, incluso, con respaldo de legisladores republicanos, aunque en número insuficiente para resolver el trámite legislativo.
En los años de Barack Obama se ha vuelto a intentar su discusión y aprobación, pero los sectores conservadores, principalmente republicanos, aunque también algunos demócratas, han insistido en que esta forma de regulación representaría un posible incentivo para alentar la inmigración ilegal, así como también una medida injusta para la población nativa o para los migrantes en condición legal regularizada.
Lo cierto es que el debate es mucho más político y económico que educativo o social. Los defensores del proyecto hacen notar que la iniciativa implica un horizonte de regularización de la migración ilegal con potenciales beneficios en términos de acrecentar el capital humano educado del país, además de generar el tipo de valores afines a la cultura estadunidense.
Quienes lo cuestionan, esgrimen el tipo de argumentos que se derivan de la consabida fórmula “América para los americanos”, aunque la retórica suele impregnarse de consideraciones más o menos sofisticadas sobre ventajas y riesgos para la seguridad interna y la sostenibilidad financiera de los sistemas de subsidio a la educación pública.
Aunque en términos generales la medida ha sido aplaudida por la comunidad hispana de California, se pondera principalmente como un gesto simbólico en favor de la población migrante más desfavorecida, es decir, los indocumentados. Se sabe que muy pocos podrán aprovechar las opciones que se abren. Se estima que, en la actualidad, menos de 1 por ciento de los inmigrantes no regularizados podría satisfacer los requisitos de la medida, es decir, contar con un tiempo de residencia en el estado, cumplir con el perfil escolar definido y satisfacer las condiciones específicas del sistema de becas en manos de particulares.
La ley, tal como fue aprobada, no obliga a las fundaciones a establecer cuotas o requisitos compensatorios para esta población, por lo tanto depende en gran medida de la voluntad de esas agencias para abrir cauce a las solicitudes de los inmigrantes indocumentados deseosos de adscribirse al sistema de educación superior estadunidense.
Lo que no se quita es las ventajas de popularidad buscadas por el alcalde Cedillo, el gobernador Brown, incluso el presidente Obama en la población hispana. Como dicen los optimistas: “un paso en la dirección correcta”. En la época preelectoral que se ha iniciado en Estados Unidos, y con el viento en contra por los efectos de la crisis, la incapacidad para levantar el techo del endeudamiento exterior, entre otros aspectos, le viene bien a los demócratas alcanzar aunque sea un pequeño logro.
Habrá que ver qué pasa con la iniciativa amplia, la de la ley AB-131 en el estado de California y el proyecto DREAM a escala nacional. Al día de hoy el panorama para ambas normas es poco claro, pero las cosas podrían cambiar a medida en que la economía estadunidense encuentre vías de solución. También vale la pena estar pendientes de los posibles efectos de irradiación de la nueva medida en otros estados de la Unión Americana.
