En 2003, como parte de los balances que el gobierno federal encargó a distintas áreas de la administración pública con motivo del cumplimiento de la primera década del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte); la Dirección General de Profesiones actualizó el documento “Reporte ejecutivo de avances en las negociaciones internacionales de los servicios profesionales en el marco del TLCAN”. La primera versión de éste data de 1996, pero la versión aquí citada agrega datos y referencias hasta el año 2000.
Del reporte de profesiones destaca el recuento de las actividades, reuniones y acuerdos alcanzados durante ese periodo al seno de cada uno de los Comités Mexicanos para la Práctica Internacional (Compi). El rasgo más sobresaliente de la síntesis es la constatación de las condiciones de asimetría entre los conglomerados profesionales.
Es decir, que mientras los comités relacionados con servicios de gestión, como por ejemplo actuaría, contaduría y derecho, lograron adelantar relativamente rápido en el marco común requerido, los vinculados a las disciplinas de servicios de salud (medicina, farmacia, veterinaria, odontología y enfermería) encontraron dificultades mucho mayores para avanzar en el proceso respectivo. En una condición intermedia encontramos los reportes de las profesiones tecnológicas (ingeniería, agronomía y arquitectura).
Veamos algunos ejemplos. En primer lugar, el Compi de Actuaría (Compiac), formado por el Colegio Nacional de Actuarios (Conac), interactuó con el Canadian Institute of Actuaries y la American Academy of Actuaries, ambos organismos oficialmente reconocidos por Canadá y Estados Unidos, respectivamente, como agentes para la negociación trinacional.
Una vez que el grupo trinacional consiguió establecer un primer borrador de Acuerdo de Acreditación y Certificación, que debería ser avalado por cada una de las comisiones nacionales de libre comercio, la representación mexicana, el Compiac, entregó a la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) el documento y esta instancia, en coordinación con la Dirección General de Profesiones, establecieron recomendaciones para que el convenio se aproximara a la fórmula usual de un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM).
A partir de esta instancia, el Colegio Nacional de Actuarios tomó la decisión de avanzar, simultáneamente, en el proceso de certificación de profesionales de la actuaría porque, a diferencia del resto de las profesiones incluidas en el TLCAN, la disciplina de actuaría, al corresponder curricularmente al área de las ciencias exactas, no cuenta aún con un organismo de acreditación reconocido por el Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes).
Así, a mediados de 2003 el Colegio acuerda “establecer como proyecto prioritario el Proceso de Certificación Profesional, cuyo objetivo es crear la infraestructura necesaria para implantar y mantener un Programa Permanente de Certificación Profesional y Educación Continua de los Actuarios, con fundamento en objetivos de desarrollo profesional y cumplimiento de requerimientos legales y acuerdos internacionales”.
El avance de los actuarios en el proceso de certificación ha sido pausado pero sostenido. En colaboración con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) crearon el examen general de conocimientos (EXC-Actuaría) y en julio de 2008 la Asamblea General del Conac aprobó el Reglamento para la Certificación Profesional de Actuarios, pieza clave para retomar, si así lo deciden, la opción del ARM previsto en el TLCAN. A partir de ese punto aún faltarían aspectos para satisfacer todo el conjunto de criterios del tratado trilateral.
También es de interés, por su relativa complejidad, el caso de Agronomía. El Compi respectivo (COMPIAG) se integró, al igual que el resto de los Compi, en 1994. Pero a diferencia de otros como el de Actuaría se apoyó no en una sino en varias asociaciones y colegios de la disciplina: la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior (AMAEAS), el Colegio de Ingenieros Agrónomos de México, (CIAM), la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales, y la Federación Nacional de Egresados de Institutos Tecnológicos Agropecuarios.
Para satisfacer los requisitos básicos de un posible ARM, el COMPIAG concentró su agenda en dos puntos clave: la acreditación de programas y la certificación de profesionales. En el primer aspecto, el avance es considerable porque se apoyó en el mecanismo de acreditación coordinado por el Copaes.
En enero de 2004 el Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica, que ostenta la representación del gremio para efectos de la acreditación formal de programas y es un organismo reconocido por el Copaes a tal efecto, aprobó el denominado “Sistema Mexicano de Acreditación de Programas Académicos para la Educación Agrícola Superior”, en el cual se formalizan todos los aspectos, incluso un código de ética para los evaluadores, relacionados al tema de la acreditación de programas.
En cambio, los avances en el proceso de certificación de profesionales han sido discretos. En especial porque el gremio demanda que la certificación que lleva a cabo la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) sea reconocida como una forma válida de cumplimiento de este requisito, lo cual evitaría un doble proceso de certificación.
Se cuenta, además, con el Examen General para el Egreso de la Licenciatura en Ciencias Agrícolas, antes Agroindustria, Fitotecnia y Zootecnia (EGEL-AGRO) que podría perfectamente aproximarse al tipo de exámenes generales de conocimientos (EXC) previstos para el ARM.
Simplificando, los actuarios han avanzado en certificación y los agrónomos en acreditación. Pero eso no agota el panorama de requisitos para completar el trámite de convalidación previsto en el TLCAN, habría aún trecho para caminar en esa dirección.
