Fuera del caso de la profesión de contadores que, como vimos la semana pasada, logró cumplir la mayor parte de las formalidades y requisitos previstos en el TLCAN para generar una vía de movilidad profesional internacional, las demás profesiones y disciplinas han conseguido sólo metas parciales, o bien no han logrado superar el obstáculo que representa la incompatibilidad de las regulaciones profesionales específicas vigentes en los países firmantes del tratado.
De los grupos profesionales con mayor avance al respecto se puede citar, además de los actuarios y contadores, de los que ya nos ocupamos, al de los ingenieros, los abogados, exclusivamente en la función de “consultoría jurídica extranjera”, y al de los arquitectos.
Los tres grupos profesionales pudieron alcanzar acuerdos con sus corresponsales en Estados Unidos y Canadá, al grado de formular los primeros esquemas del acuerdo de reconocimiento mutuo (ARM) correspondiente. Pero a los tres se ha dificultado, por distintas razones, pasar del ARM a la fase de instrumentación.
Los arquitectos integraron, también en septiembre de 1994, el Comité Mexicano para la Práctica Internacional de la Arquitectura (COMPIAR), con la participación de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana A.C. (FCARM), el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México A.C., la Asociación de Instituciones de la Enseñanza de la Arquitectura (ASINEA), y la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
Aunque en la vía trinacional no se lograron grandes avances, principalmente por la resistencia del gremio de arquitectos estadounidense, en cambio, el COMPIAR consiguió instrumentar una fórmula de reconocimiento en el marco del tratado de libre comercio con la Unión Europea (TLCUE), suscrito en julio del año 2000. El convenio respectivo se apoya en las relaciones entre las asociaciones y colegios de arquitectos de México y varios países europeos, en particular con España.
Los ingenieros conformaron el COMPI más complejo de todos al incorporar la mayor cantidad de representaciones por gremio y disciplina.
En su fundación (1994) se integraron las siguientes agrupaciones: el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas (CIME), el Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos (CONIQQ), el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana (FCICRM), y la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI).
Posteriormente, se unieron al Comité: el Colegio de Ingenieros Agrónomos de México, el Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, el Colegio de Ingenieros en Comunicaciones y Electrónica, el Colegio de Ingenieros Geólogos de México, el Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica, el Colegio de Ingenieros Militares, el Colegio de Ingenieros Municipales, el Colegio de Ingenieros Petroleros de México, el Colegio de Ingenieros Químicos Petroleros, el Colegio de Ingenieros Textiles de México “Esteban de Antuñano”, el Colegio de Ingenieros Topógrafos, el Colegio Nacional de Ingenieros Industriales, y la Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de la República Mexicana. Es decir, todo el gremio de las ingenierías y sus diversas ramas profesionales.
En junio de 1995, en Washington, D.C., se firmó el documento de recomendaciones sobre el “Reconocimiento mutuo de registro y licencias de ingenieros para las jurisdicciones de Canadá, Estados Unidos y México, para la facilitación de su movilidad en el marco del TLCAN”, que se sometió a los gobiernos de los tres países miembros del tratado y, posteriormente, se presentó a la Comisión del TLC.
A pesar de este temprano avance, el grupo trilateral no consiguió formular un ARM satisfactorio para las tres partes, de nueva cuenta por resistencia de la representación estadounidense. Entre los ingenieros de México y Canadá se exploró, incluso, la posibilidad de un acuerdo específico de tipo bilateral que facilitara la movilidad de ingenieros entre los dos países.
Al cabo, se consiguió convenir un esquema básico para avanzar hacia el mutuo reconocimiento por la vía de la acreditación de programas. En 2002, fecha en que ya estaba conformado y operando el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes), las representaciones gremiales de los tres países suscribieron un breve documento titulado “Memorándum de Entendimiento: Iniciativa Hemisférica Occidental”.
Lo firman el Consejo para la Acreditación de Ingeniería y Tecnología (ABET, de Estados Unidos), el CACEI, y dos organismos canadienses: el Consejo para la Acreditación de la Ingeniería (CEAB) y el Consejo Canadiense de la Profesión de Ingeniería (CCPE).
El memorándum se limita a expresar la voluntad de las tres representaciones de avanzar hacia un mecanismo de reconocimiento mutuo de las acreditaciones que estos organismos sancionan, lo que, se supone, sería un paso importante hacia un ARM para la movilidad internacional.
Por último, en el caso de los abogados se optó por concentrar las posibilidades de acuerdo mutuo en una sola disciplina, la consultoría jurídica, habida cuenta de las dificultades de alcanzar acuerdos para el ejercicio libre de la profesión del derecho entre países con marcos jurídicos tan distintos como México, Canadá y Estados Unidos.
Entre 1994 y 1996 se desarrollaron avances en esta dirección al grado de alcanzar un primer nivel de entendimiento mutuo, sin embargo, como lo reportó la Dirección General de Profesiones, en mayo de 1997 la representación de Estados Unidos manifestó su desacuerdo con la “regla modelo” que se había convenido, dado que las disposiciones eran restrictivas al violar prohibir la asociación entre abogados mexicanos y estadounidenses para dar asesoría sobre derecho mexicano. Como tal, esa reserva no ha sido superada.
La semana que entra, fin de la serie.
