El 12 de septiembre tuvo lugar la reunión del presidente electo Felipe Calderón Hinojosa con los integrantes del consejo nacional de la ANUIES, encabezado por el secretario ejecutivo de la Asociación, Rafael López Castañares. La posibilidad de esta reunión se planteó desde la XXXVII sesión ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, celebrada del 31 de mayo al 2 de junio en Veracruz.

En la Asamblea de Veracruz se cumplió el propósito de presentar a los cinco contendientes por la presidencia una serie de planteamientos y propuestas, convenidos por los titulares de las instituciones que integran la ANUIES, sobre los retos que enfrentará el sistema de educación superior en los próximos años, así como sus recomendaciones de política pública para hacer posible la consolidación y el avance del sistema en el futuro próximo. En réplica, los candidatos presentaron a los rectores sus propuestas de campaña al respecto y dieron respuesta a preguntas puntuales.

En aquella ocasión, cada uno de los candidatos se comprometió a que, en caso de ganar las elecciones, se volvería a reunir con los rectores para comenzar a afinar planteamientos y redondear objetivos y metas específicas. La ANUIES, por su parte, enfatizó su interés en participar en la elaboración del programa gubernamental de educación superior, tal y como ocurrió en los anteriores sexenios.

Con tal antecedente, la referida reunión de Calderón Hinojosa con los rectores puede ser interpretada, en primer lugar, como una etapa prevista en la agenda política de la Asociación. En ese sentido, la ANUIES estaría cumpliendo sus propios objetivos, desde luego con el respaldo del grupo que encabezará el próximo gobierno. Pero hay más. La prontitud de la reunión, convocada a iniciativa del presidente electo, parece también expresiva del interés de Calderón Hinojosa en el tema, o bien de su intención por ampliar la base de alianzas para enfrentar, en mejores condiciones, el horizonte de gobernabilidad del país. O ambas cosas, porque no son incompatibles.

La celebración misma del evento, en suma, aparece como una fórmula ganadora. La ANUIES gana al ver concretada una vía de interlocución propuesta por ella misma. Para el presidente electo se abre una oportunidad de enlace con un sector que le puede permitir precisar y adecuar sus propuestas a condiciones de viabilidad, que los rectores conocen muy bien al ser actores relevantes en el terreno de juego. Además, coloca el debate sobre el futuro de la educación superior en el plano de la relación entre instituciones.

Lo último es quizás lo más importante en la coyuntura. No todos los rectores -menos aún las comunidades universitarias- simpatizaban con la plataforma del PAN en la contienda. A ese sector, la relación formal entre el nuevo gobierno y la ANUIES abre una vía adecuada de expresión de intereses y demandas sin la necesidad de forzar, sobre la marcha, virajes políticos o cargadas. De todos modos éstos se darán o ya están ocurriendo pero, conviene insistir, el nexo interinstitucional afirma una mejor perspectiva de largo plazo.

¿Qué se deriva de la reunión del 12 de septiembre? Lo fundamental, se confirma la propuesta de Calderón Hinojosa de estar en contacto con la ANUIES en la definición de la plataforma de políticas de educación superior con base en la cual se elabore el próximo programa gubernamental en la materia. También algunas propuestas básicas: que la cobertura de educación superior alcance el umbral de 30 por ciento al finalizar el sexenio, que se amplíen las opciones de becas y financiamiento, que el gasto en educación superior, ciencia y tecnología alcance la meta de 1.5 por ciento del PIB, y que el subsidio a la educación superior tome en cuenta, en forma más estricta que la actual, indicadores de calidad y desempeño.

No todo está resuelto sin embargo. Hay al menos dos ángulos de la problemática que reclaman atención política. En primer lugar, la coordinación y regulación de un sistema en que conviven instituciones de muy diverso tipo: universidades autónomas que de calidad consolidada o en proceso de consolidación, instituciones orgánicamente dependientes del estado, y una constelación de instituciones particulares de muy variable calidad académica. ¿Cuál es la fórmula ideal para coordinar tal heterogeneidad? Sin duda ese es uno de los primeros retos sustantivos del gobierno y es, por cierto, una demanda social reiterada. El segundo es el financiamiento.

Delicado tema el financiero porque inevitablemente coloca sobre el tapete un quid pro quo entre el gobierno y las IES. Simplificando, el argumento gubernamental sería que, para aumentar el gasto público en educación superior, es necesario aprobar las reformas estructurales pendientes. Se esperaría, por lo tanto, que las IES respaldaran esa postura. Pero una negociación en tal sentido es muy complicada, simplemente porque compromete, en principio, las posiciones de los rectores en la negociación presupuestal en el ámbito de los congresos, el federal y los estatales, para la obtención de recursos.