El 31 de octubre se cumplirán 25 años desde la creación del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), agrupación y movimiento de estudiantes de la UNAM que logró revertir las reformas impulsadas por el rector Jorge Carpizo MacGregor que establecían nuevos criterios en el régimen escolar de la institución, incluso la derogación del llamado “pase automático” del bachillerato a la licenciatura, así como cuotas por diversos servicios escolares.

Además de ver satisfechas sus demandas más urgentes, el movimiento estudiantil consiguió comprometer a la autoridad universitaria a la realización de un congreso general, en el que se revisarían, con toda amplitud, los diversos ángulos de la organización, el gobierno y las prácticas académicas de la UNAM, y se tomarían acuerdos para la renovación de aquellos aspectos en que finalmente coincidieron las fuerzas universitarias representadas. Luego de un laberíntico proceso de preparación, que transcurrió durante el primer periodo rectoral de José Sarukhán Kermez (1989-1997), el Congreso inició sus trabajos el 14 de mayo de 1990 y duró más de dos semanas. Algunas resoluciones se cumplieron, otras no, pero es indiscutible que el proceso en su conjunto marcó impronta en la historia de la universidad, y por ello vale la pena revisar, aunque sea superficialmente, algunos de sus rasgos.

El jurista Jorge Carpizo llegó a la Rectoría de la universidad de manera relativamente inesperada. El nuevo rector cumplía sin reservas los requisitos legales del cargo y contaba entonces con trayectoria académica y política suficientes para respaldar su candidatura. Sin embargo, todo apuntaba a la reelección del rector en funciones, el doctor Octavio Rivero Serrano quien, además de representar al gremio de los médicos universitarios, fracción que se había fortalecido políticamente en el periodo del rector Guillermo Soberón Acevedo (1973-1981), contaba al parecer con el respaldo del presidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) y con un amplio apoyo entre los directivos de la institución.

La administración de Rivero Serrano se había concentrado en desarrollar un minucioso plan de reformas, plasmado en los sesenta proyectos del “Plan rector de desarrollo institucional” concluido la víspera de su mandato. Para integrar el plan, el rector había seguido con toda puntualidad el modelo de planeación instaurado por el presidente De la Madrid, el denominado “sistema de planeación participativa”, para trazar una ruta sistemática de reformas que se buscaría desarrollar en un segundo periodo al frente de la institución. Pero la Junta de Gobierno de la universidad se decantó por la candidatura de Carpizo, probablemente porque ésta ofrecía posibilidades de transformación más efectivas, y sobre todo de corto plazo.

Desde el mismo inicio de su gestión, el rector Carpizo dejó en claro su intención de instrumentar las reformas que fuera necesario para que la universidad recuperara el perfil de una institución de “excelencia académica”. Cada año de su gestión presentó al Consejo Universitario una propuesta de programa. El correspondiente a 1985 se concentraba en la regularización de la planta académica universitaria, en particular la correspondiente al nivel de bachillerato, así como en la renovación del programa de superación académica vigente. El Programa 85, además, definía nuevas orientaciones del servicio social universitario, y planteaba la necesidad de actualizar las atribuciones y operación de los consejos técnicos de investigación. Ambos aspectos cristalizaron en reformas normativas. En septiembre de 1985 se aprobó, además, el reglamento de cátedras y estímulos especiales, instrumento que puede considerarse un antecedente relevante de la ruta hacia los programas de incentivos académicos que se desarrollaría años después en todo el sistema universitario del país.

En el Programa 86, presentado por el rector al iniciar ese año, se hacía notar la necesidad de incidir en la normativa escolar para robustecer el enfoque de “excelencia” planteado. Poco después, exactamente el 16 de abril se da a conocer un documento del rector con el título Fortaleza y debilidad de la UNAM: diagnóstico de la situación que guarda nuestra universidad, cuáles son sus aspectos positivos y cuáles son sus problemas. En apenas veinte cuartillas el rector dibuja el perfil de una institución que, a pesar de que mantiene una fuerza académica significativa, se encuentra desgastada, limitada y en algunos aspectos está agobiada por sus propios problemas. Se trata de una institución que, desde el punto de vista del rector, ha crecido desmesuradamente sin haber generado respuestas a la masificación, se ha burocratizado y se carece de herramientas para estimular la productividad académica. El régimen escolar favorece a los alumnos mediocres y no cuenta la institución con recursos suficientes para emprender un camino de mejora continua.

A partir de la publicación de Fortaleza y debilidad..., el rector Carpizo invita a toda la comunidad para que, antes del 31 de julio, exprese opiniones sobre ese diagnóstico “enviando por escrito sus propuestas a la Dirección General de Planeación”. La consulta se da por concluida el 31 de agosto aunque, en el ínterin, el rector había tenido ocasión de escuchar variadas muestras de disidencia con su diagnóstico de parte de estudiantes y académicos.

Del 11 al 12 de septiembre se lleva a cabo una larga de reunión del Consejo Universitario, las reuniones del colegiado en la gestión del rector se prolongaban hasta entrada la noche o la madrugada del día siguiente, y se da por aprobada la lista de reformas propuesta por la Rectoría, previamente revisada por las comisiones del Consejo. Los consejeros estudiantes presentes en la sesión objetaron la premura, ya que la mayoría de los integrantes del Consejo había recibido las iniciativas apenas unos días antes de la sesión. La Rectoría, mediante intervención ex officio del secretario del Consejo, el hoy rector José Narro Robles, acude al expediente de la “obvia resolución”, que faculta al órgano de gobierno a aprobar puntos de la agenda aun sin haberse cumplido el trámite de tiempo prescrito en el reglamento del Consejo.

En ese momento se inicia la movilización de estudiantes que conduciría, meses más tarde, al surgimiento del CEU, al diálogo entre estudiantes y autoridades y a la huelga universitaria del 19 de enero al 17 de febrero de 1987.