La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) está en huelga… para variar. Casi un mes se ha cumplido a partir de que el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca (STAUO) cerró el pasado 6 de octubre las instalaciones, reclamando a las autoridades universitarias la inmediata devolución de más de cuatro millones de pesos por cuotas sindicales retenidas. La administración del rector Rafael Torres Valdez, maestro en Arquitectura, electo para estar al frente de la institución en el periodo 2008-2012, aduce que dichas cuotas no serán entregadas al STAUO en tanto no se resuelva “el conflicto legal que prevalece al interior del sindicato”, según afirmó el abogado general de la institución.
En la UABJO persiste, efectivamente, una controversia entre dos fracciones del sindicato de académicos que reclaman la representación gremial. El 6 de mayo de 2010 ambas fracciones llevaron a cabo elecciones para renovar su dirigencia. En una de ellas fue electo secretario general el arquitecto Agustín Hernández Monroy, en la otra el ingeniero David Flores Cortez. Los dos grupos interpusieron, ante las autoridades laborales del estado, controversias judiciales para solicitar, cada cual, la respectiva toma de nota que valide su pleno reconocimiento como interlocutor laboral. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje informó a la universidad de la existencia de dicho conflicto. En esas condiciones, a solicitud de las autoridades universitarias, el juez cuarto de Distrito del estado ordenó, el 23 de agosto, la suspensión temporal de la entrega de cuotas, en tanto no se defina la titularidad sindical.
El 21 de septiembre se llevó a cabo una audiencia de pruebas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA). En ella no fue posible resolver la disputa; se determinó la ampliación de la demanda y se reprogramó una nueva audiencia para el próximo 9 de noviembre. En respuesta a esta indeterminación, la fracción de Hernández Monroy hizo estallar la huelga.
En medio del conflicto, el 17 de octubre el presidente de la JLCyA, las autoridades universitarias y parte de la representación sindical acordaron que el 26 del mismo mes se llevaría a cabo un recuento de votos para determinar la existencia o inexistencia de la huelga. Pero llegada esa fecha la parte sindical que representa Agustín Hernández se negó a participar en el recuento, lo que dio lugar a que la contraparte sindical, la encabezada por David Flores Cortés, obtuviera un triunfo por default y la huelga se declarara como inexistente.
Contra la declaración de inexistencia, el grupo sindical de Hernández Monroy se amparó. El juez octavo de Distrito concedió el trámite correspondiente (amparo 1070/2011), aunque el documento especifica la concesión de “la suspensión provisional para el efecto de que no se ejecute la resolución interlocutoria reclamada (o sea la declaratoria de inexistencia de huelga), y como consecuencia las cosas se mantengan en el estado que guardan, es decir, subsistiendo el estado de huelga cuyo derecho ha ejercitado la parte agraviada, mientras se resuelva el fondo del amparo”.
Se agrega que “la medida cautelar deja a salvo los derechos de los trabajadores no huelguistas y de los huelguistas que deseen regresar a sus labores, pero que sin que la parte patronal pueda dar por rescindido el contrato de trabajo a los huelguistas que continúen en huelga”. Además, se precisa en el amparo, “no podrá el patrón, mientras no se resuelva en definitiva el fondo del amparo, sustituirlos con otros trabajadores en el desempeño de sus funciones”.
El texto del amparo se dio a conocer el 28 de octubre y fue interpretado de dos maneras. La fracción sindical que se amparó lo ha entendido como una salvaguarda oficial del derecho de huelga. Por medio del amparo, indican, se protege al colectivo y cada académico “en huelga” de cualquier acción en contra que decidiera llevar a cabo la universidad u otras autoridades.
Como la huelga es legal y legítima, abundan, no puede ser rota por las autoridades o por la fuerza pública. En cambio, para los funcionarios de la UABJO confirma el derecho de estudiantes, académicos en contra de la huelga y, desde luego, de las autoridades a mantener operando los recintos universitarios. Por ello, mediante un desplegado publicado en medios locales, la Rectoría de la institución convocó a la reanudación de actividades a partir del pasado lunes 31 de octubre.
En el ínterin los sindicalistas pro huelga han realizado marchas y manifestaciones en la ciudad de Oaxaca y una comitiva salió a la Ciudad de México para instalarse en el consabido plantón, como forma de presión sobre la autoridad laboral federal. Por ahí andan. Además han buscado articular su movimiento a otros, destacadamente la permanente movilización de la APPO y de la sección 22 del SNTE. El día que, supuestamente, se reanudarían las actividades, ni siquiera las autoridades universitarias acudieron a los recintos, ya no se diga la planta académica o los estudiantes.
Como se sabe, la tramitación legal en materia laboral lleva su tiempo y son abundantes los recursos de ley para evitar resoluciones perentorias y definitivas. Ese ritmo, propio de los conflictos laborales, es distinto del tiempo académico y muy diferente del ritmo escolar. Pero, al parecer, eso no importa. ¿Tendrán conciencia los actores del conflicto de las implicaciones, educativas y académicas, que tiene la constante interrupción de actividades? Porque lamentablemente nadie quiere asumir costos ni ceder posiciones.
