El 22 de noviembre la Cámara de Diputados de Chile aprobó y trasladó al Senado la Ley de Presupuesto 2012. En el trámite, la opositora Concertación de Partidos por la Democracia, el Partido Comunista de Chile y varios legisladores independientes la rechazaron por considerar insuficiente la iniciativa gubernamental en torno del gasto educativo del año próximo. La noticia abrió un esperanzador resquicio a la causa de los universitarios, en especial a las demandas de los rectores que pugnan por una significativa ampliación del gasto en educación superior como prerrequisito para modificar las condiciones de acceso, permanencia y egreso de estudiantes.
Sin embargo, ese resquicio se cerró por una segunda ronda de votación, realizada el 29 de noviembre, en la cual tres diputados independientes cambiaron de opinión, entregando a la coalición gubernamental la mayoría requerida para la aprobación presupuestal.
A finales de septiembre, en pleno auge del conflicto universitario chileno, el presidente Sebastián Piñera anunció que las previsiones presupuestales del rubro educativo “significan un gran salto adelante para mejorar la calidad, el acceso y el financiamiento de la educación en todos sus niveles”.
Dicho presupuesto consideraba recursos por el equivalente a 11 mil 650 millones de dólares, es decir, un crecimiento en torno de 7.2 por ciento con respecto de lo aprobado en 2011.
Desde el anuncio presidencial, tanto la oposición política como los rectores de las universidades públicas chilenas hicieron notar que el incremento propuesto difícilmente serviría para modificar significativamente la problemática financiera en que subyace la protesta de los universitarios. Se indicaba en ese momento, y durante el debate parlamentario de la ley, que se requerían recursos por, al menos, mil millones de dólares adicionales al monto establecido en la iniciativa.
Al ser rechazado el proyecto de ley, los ministerios de Educación y de Hacienda señalaron que buscarían integrar recursos para una propuesta más satisfactoria, que someterían a los legisladores antes del vencimiento del término legal para la aprobación presupuestaria.
Entre tanto, la Comisión Mixta de Presupuesto (integrada por diputados y senadores) se dio a la tarea de dictaminar otra iniciativa de gasto educativo: un fondo extraordinario por un total de cuatro mil millones de dólares. El gobierno hacía notar que, de aprobarse esa partida, podría haber recursos adicionales para la educación superior.
Sin embargo, la Comisión Mixta, luego de varias votaciones empatadas, decidió no aprobar la partida extraordinaria para 2012. Los legisladores de la Concertación opuestos al proyecto razonaron que el carácter transitorio de la medida impediría aplicar recursos a problemas estructurales, como los relacionados con el financiamiento universitario.
De cualquier manera, la segunda propuesta gubernamental sometida al Congreso añadió al monto programado más de 400 millones de dólares adicionales. La oposición reiteró que ese aumento seguía siendo insuficiente y muy por debajo de la suma sugerida por la Concertación y los rectores, es decir, mil millones de dólares adicionales.
Agotadas las posibilidades de maniobra del bloque gubernamental para una salida consensuada, optaron por asegurar mayoría de votos mediante la negociación con los diputados independientes.
En la actual composición de la Cámara de Diputados de Chile prácticamente se empatan las fuerzas aliadas al gobierno con las opositoras. Hay 120 escaños, de los cuales 55 corresponden a la Coalición por el Cambio, es decir, la derecha chilena. La Concertación tiene 53 escaños, el Partido Comunista (PC) tres escaños, el Partido Regionalista de los Independientes (PRI) tres escaños, y los seis restantes pertenecen a legisladores independientes sin partido.
Por ello, en todo trámite legislativo los grandes bloques partidarios requieren sumar a los legisladores independientes para asegurar mayorías. Generalmente la Concertación ha logrado sumar los votos del PC, mientras que la coalición de derecha suele apoyarse ya sea en los votos del PRI y/o en los legisladores sin partido.
Eso fue precisamente lo que ocurrió en la votación del 29 de noviembre. Una vez conocida la negativa del PRI a sumarse a la coalición gubernamental en la segunda ronda de votación, la derecha recurrió a los candidatos sin partido.
Se sabía, además, que al menos dos diputados de la Concertación faltarían al quórum de la sesión correspondiente: Ximena Vidal, de viaje en el extranjero, y Fernando Meza, con licencia médica. Hechas las cuentas, el bloque gobiernista requería sólo dos votos para asegurarse la mayoría.
Los tres diputados independientes que decidieron la votación fueron: Miodrag Marinovic, de la región de Magallanes, quien explicó su voto: “hemos conseguido importantes fondos para las universidades regionales y más becas para los estudiantes de regiones”. También votó en favor el diputado Pedro Velázquez, de la región de Coquimbo. Tanto Marinovic como Velázquez manifestaron a estudiantes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) que su voto sería adverso a la propuesta del Ministerio de Educación. Pero cambiaron de opinión.
El tercer diputado independiente que coadyuvó a la votación del bloque de derecha fue René Alinco, de la región de Aysén. El caso de Alinco es particular. Hace una semana pertenecía a la bancada del Partido por la Democracia (PPD), sumado a la Concertación. Renunció cuando el tribunal de justicia del partido le pidió explicaciones por conducta escandalosa. Después de votar declaró que él no obtuvo prebendas personales, pero sí beneficios para la región que representa.
Los rectores universitarios y las organizaciones estudiantiles han rechazado, como era de esperarse, los resultados de la negociación parlamentaria. El gobierno perdió una buena oportunidad, quizá la última, de aproximarse al interés de los universitarios. El resto es la prolongación del conflicto, cada vez con más actores en escena.
