La educación en el mundo
El modelo de financiamiento de la educación superior en Estados Unidos, donde se ubica la mayoría de las universidades mejor rankeadas del mundo, enfrenta en la actualidad una crisis inédita, debida a la combinación explosiva de recortes estatales, aumentos de dobles dígitos en las colegiaturas estudiantiles y un monto histórico de deudas estudiantiles.
Cuando el gobierno chileno desoye el reclamo masivo para una reforma en su actual sistema de educación superior, se ampara en una apuesta a futuro: las posibilidades económicas de los egresados universitarios excederán con creces el monto de sus deudas estudiantiles (sin hablar de los beneficios para el país de contar con mano de obra más calificada).
El presidente Sebastián Piñera toma como modelo el sistema estadunidense, en el cual gran parte de las colegiaturas de nivel superior son pagadas por medio de préstamos privados y públicos. Pero, ¿en realidad es el mejor modelo a seguir?
Para muchos, evidentemente la respuesta sería tajante: no. Basta que les preguntemos a los millones de estadunidenses que han empeñado su futuro a costa de obtener un título universitario. O más aun, a los millones en ese país que, a pesar de haber pactado deudas que asciendan a los 200 mil dólares, no lograron concluir sus estudios.
El modelo de financiamiento de la educación superior en Estados Unidos, donde se ubica la mayoría de las universidades mejor rankeadas del mundo, enfrenta en la actualidad una crisis inédita, debida a la combinación explosiva de recortes estatales, aumentos de dobles dígitos en las colegiaturas estudiantiles y un monto histórico de deudas estudiantiles.
Para este año, se pronostica que estas deudas —que incluyen las de los ex estudiantes— ascenderán a un millón de millones de dólares. Tal cantidad, que ya rebasó la deuda de tarjetahabientes, ha llevado a muchos analistas a avisar sobre una “burbuja de educación superior”, la cual, al reventarse, aumentaría a los ya graves problemas económicos del país.
Tampoco hay señales de que esta tendencia pronto habrá de revertirse. Durante la década pasada, los sueldos en términos reales de los graduados universitarios han caído año con año y la tasa de desempleo se ha disparado, llevando a un aumento en el número de morosos en el pago de sus deudas.
En la actualidad, cerca de 10 por ciento de los recién graduados están sin trabajo, comparado con 5.8 por ciento en 2008, y millones más están subempleados —en parte como resultado de la llamada Gran Recesión de 2008-2009—.
A su vez, el costo de las colegiaturas universitarias se ha incrementado en promedio en 10 por ciento por año desde 2000, según un estudio de la empresa consultora Moody´s Analytics. Por su parte, las universidades públicas, que por mucho tiempo representaban la “opción económica”, han recurrido a aumentos en sus colegiaturas de hasta 20 por ciento anual en respuesta a los recortes masivos en los presupuestos estatales.
Algunas cifras dan cuenta del tamaño del problema.
En 2010, seis de cada diez estudiantes universitarios habían contratado un préstamo, ya sea por medio del gobierno federal o vía un banco o prestamista comercial.
La deuda total de préstamos estudiantiles se ha duplicado en sólo cinco años, según cifras del gobierno federal.
En promedio, cada estudiante debe 25 mil 250 dólares, lo que representa un incremento de 5 por ciento sobre la deuda promedio en 2010.
El sueldo anual promedio en 2010 para un recién egresado de la universidad fue de 27 mil dólares, comparado con los 30 mil dólares en 2009, según un estudio del John J. Heldrick Center for Workforce Development.
Noventa por ciento de los estudiantes que se graduaron en 2006 o 2007 consiguió empleo, contra 56 por ciento en 2010.
El porcentaje de deudores que no habían cumplido con sus pagos durante más de nueve meses (considerados morosos) subió de 6.7 por ciento, en 2007, a 8.8 por ciento, en 2009, según las cifras federales más recientes.
En muchos países, como Chile, tal situación sería motivo de protestas masivas. Y para los estándares estadunidenses, así ha ocurrido. El movimiento Occupy Wall Street, que ha organizado las protestas callejeras más álgidas desde la oposición a la guerra en Vietnam, ha señalado a la deuda estudiantil como símbolo de los males del sistema económico del país.
El pasado 21 de noviembre, seguidores del submovimiento Occupy Student Debt (Toma la Deuda Estudiantil) lanzaron una petición que comprometería a sus signatarios a dejar de pagar su deuda, hasta que el gobierno federal haga reformas profundas a la industria de los préstamos estudiantiles.
El compromiso tomaría efecto en el momento en que un millón de personas se sume a la iniciativa. Entre las demandas del grupo están: educación superior pública gratuita, con fondos del gobierno federal; préstamos sin intereses para universidades privadas; la condonación masiva de las deudas estudiantiles existentes, y una mayor transparencia en las finanzas de las universidades privadas, que en la actualidad reciben miles de millones de fondos federales, pero cobran cuotas estudiantiles cada vez más altas.
Para una semana después del lanzamiento de la campaña, más de 150 estudiantes, profesores y simpatizantes neoyorkinos habían firmado el documento —lejos de la meta millonaria. Pero que algunas personas estén dispuestas a arriesgar su futura historial crediticia, con tal de crear consciencia, no es cosa menor—.
Si bien una mayoría de los estudiantes estadunideneses está endeudada, no todos cargan con el mismo peso ni tienen las mismas posibilidades de librarse del problema.
Por razones obvias, los estudiantes que provienen de familias de menores recursos tienden a contratar mayores deudas. También suelen arrastrar desventajas educativas, sobre todo quienes estudiaron en escuelas públicas de menor calidad; tienden a asistir a universidades de menor prestigio (sobre todo las universidades con fines de lucro, cuyas colegiaturas suelen ser muy altas); tardan más en titularse, si es que lo logran, pues muchos trabajan mientras estudian y, en última instancia, consiguen menores sueldos.
Asimismo, hay inequidades raciales. Según un estudio en 2010 del College Board Advocacy and Policy Center, 27 por ciento de los estudiantes afroamericanos tienen deudas de más de 30 mil 500 dólares, contra 16 por ciento de los estudiantes blancos.
El porcentaje de latinos con una deuda mayor a ese nivel fue menor: 14 por ciento. Sin embargo, como es el caso de los afroamericanos, este grupo enfrenta mayores dificultades para saldar su deuda, pues tienen una mayor tasa de desempleo y, en promedio, ganan la mitad de lo que perciben sus contrapartes blancos.
Tales inequidades van en contra del espíritu del Higher Education Act de 1965, que creó el sistema de becas Pell (Pell Grants) para estudiantes de bajos recursos. No obstante, el monto de estas becas no se ha incrementado conforme a las alzas en las colegiaturas universitarias, obligando a los estudiantes a contratar cada vez mayores deudas. En la actualidad, los Pell Grants cubren sólo la tercera parte del costo promedio de la colegiatura, comparado con las tres cuartas partes en la década de los setenta.
El gobierno de Barack Obama ha buscado remediar el problema de la deuda mediante la Reconstruction Act de 2010. Entre los cambios se encuentran: aumentos en el monto máximo de los Pell Grants, de 5 mil 550 dólares, en 2010-2011, a 5 mil 900 dólares para 2019-2020; una reducción en el porcentaje máximo de sus sueldos que los estudiantes son obligados a pagar, y el fin de los subsidios federales para los prestamistas privados.
Sin embargo, mientras los cambios ofrecen un alivio a los futuros deudores, no benefician ni a los millones de ex estudiantes que arrastran enormes deudas ni a los morosos.
Frente estas condiciones, ¿todavía vale la pena asistir a la universidad?
Tanto en Estados Unidos como en Chile, la respuesta parece ser positiva. Inclusive, muchos de los estudiantes universitarios que están protestando en contra de la deuda en Nueva York reconocen que tiene mayores posibilidades económicas que sus contrapartes que sólo terminaron la preparatoria, cuya tasa de desempleo asciende a 22 por ciento en el caso de los recién egresados.
En lo que no están de acuerdo, sin embargo, es en seguir con un modelo de financiamiento que ofrece un falso dilema, entre un país con poca educación y un país de deudores.
En este contexto, no es de sorprender que en Estados Unidos y en Chile estén aumentando las demandas por una educación superior pública gratuita y de calidad. No obstante, en esto hay una gran diferencia: para Chile implicaría volver a sus raíces, mientras que para Estados Unidos esto significaría empezar de nuevo.
