La contratación de créditos personales obedece a una racionalidad en la que cabe distinguir dos propósitos generales: consumo e inversión. El primer caso queda claramente identificado con las tarjetas de crédito, en sus distintas variantes, así como en deudas de corto plazo para la adquisición de bienes como automóviles o mobiliario. El segundo caso comprende las operaciones de crédito destinadas al financiamiento de proyectos productivos o de inversión.
En éstas últimas, quien adquiere los recursos parte del cálculo, objetivo o imaginario, de que la deuda contratada se podrá solventar a través de las ganancias que, a futuro, genere la inversión. Por lo común estos créditos son ofrecidos en opciones de mediano y largo plazo, y con tasas de interés generalmente más reducidas que las correspondientes a los créditos de consumo.
Los créditos hipotecarios responden, desde la lógica del adquiriente, tanto a razones de consumo –habitar la vivienda comprada-, como también a una lógica de inversión cuyo principal argumento consiste en que el bien inmobiliario probablemente tendrá, en el futuro, un valor superior al de la inversión original y la deuda. El crédito hipotecario es particularmente atractivo porque quien lo contrata deduce del pago de la deuda la cantidad que pagaría por concepto de renta habitacional, o bien porque el bien adquirido puede ser rentado para liquidar las parcialidades del crédito. Por ello, no es de extrañar que la cartera inmobiliaria en la mayoría de los países, México incluido, constituya el sector de mayor volumen y movimiento en el mercado de crédito.
Por supuesto, se trate de créditos para consumo o de créditos para inversión, el problema central de su operación y funcionalidad económica radica en las capacidades de pago de las personas u organizaciones que los contratan. Durante las fases de expansión y crecimiento del ciclo económico el mercado de crédito tiende a generar oportunidades para dinamizar los recursos de las empresas, las familias o lo individuos.
El mercado de crédito se convierte entonces en un elemento positivo para sustentar y acelerar los procesos de crecimiento. Pero, como se sabe, durante el ciclo de recesión dicho mercado se convierte en uno de los elementos más vulnerables de la organización económica en su conjunto. Lo que antes era rentabilidad para todos los participantes, se transforma en pérdidas para todos, al grado tal que las incapacidades de pago agregadas pueden contaminar a la economía real como un todo y no sólo al sector financiero. Seguramente se recordará que fue la “burbuja inmobiliaria” la que detonó la crisis global de 2008, de la que todavía no acabamos de salir, ni mucho menos.
En aquellos países en que existe la opción de créditos personales, que pueden estar parcialmente subsidiados por el gobierno, para el pago de colegiaturas universitarias, los índices de morosidad de la cartera correspondiente (cartera vencida entre cartera total) han alcanzado niveles preocupantes. En Estados Unidos, por ejemplo, dicho índice se aproxima al veinticinco por ciento, y en Chile sobrepasa el cuarenta por ciento. En ambos países el dato es una preocupación para los gobiernos y también un factor de inconformidad social.
La experiencia mexicana al respecto no es muy alentadora que digamos. Según los reportes independientes del banco IXE sobre los resultados de las Sociedades de Financiamiento de Objeto Limitado (SOFOLES) y las de Objeto Múltiple (SOFOMES), generados por la Unidad de Análisis y Estrategia del grupo financiero, el índice de morosidad de la Sociedad de Fomento de la Educación Superior (SOFES) alcanzaba, en 2010, una proporción de 45.3 por ciento (véase: http://www.ixe.com.mx/storage/Sectorial_Sofoles_4T09.pdf)
¿Es mucho o poco ese nivel de morosidad? Se puede comparar: en el mismo periodo (primer trimestre de 2010) el índice de morosidad del conjunto de SOFOLES especializadas (crédito automotriz, agronegocios, préstamos familiares, entre otras figuras) era de 3.5 por ciento y el de SOFOLES hipotecarias de 14.5 por ciento.
La morosidad de SOFES la documenta y corrobora la auditoría contable practicada por el despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. para los años 2009 y 2010, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de mayo de 2011. Según esta fuente, en 2009 la cartera total de SOFES ascendía a 746,716 millones de pesos y la cartera vencida a 338,064 millones de pesos. Una cifra entre otra da un índice de morosidad de 45.3 por ciento. En 2010 la cartera total descendió a 529,279 y la vencida a 281,981, con un índice de morosidad de 47.6 por ciento.
Una vez agotado y pagado el préstamo que SOFES contrató con el Banco Mundial, la morosidad del crédito universitario se convirtió en un auténtico problema porque los accionistas, es decir el consorcio de universidades privadas que crearon la SOFES, entraron en un escenario de pérdidas netas con un horizonte muy complejo. Varias de ellas recurrieron a la colocación de cartera vencida en el circuito de despachos que se encargan, por medios jurídicos, de presionar a los morosos.
En este escenario cabe preguntar ¿qué elementos financieros se han considerado para que el nuevo Programa de Financiamiento a la Educación Superior, es decir los créditos universitarios respaldados por Nacional Financiera pero operados por la banca comercial, consigan evitar la morosidad de los clientes?
