El pasado 14 de febrero el presidente Felipe Calderón Hinojosa anunció, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del estado de Morelos, el lanzamiento de un cuantioso programa de becas para educación media superior y educación superior. Se trata, según lo proyectado, de repartir un millón de becas, de las cuales seiscientas mil para bachillerato y cuatrocientas mil para estudios superiores. Las becas para bachillerato serán administradas según las reglas de operación del programa Síguele de la SEP, vigente desde 2011, propuesto como un instrumento de política educativa orientado a combatir el alto índice de deserción que se presenta en este nivel de estudios. Según fuentes oficiales, la deserción interanual acumulada en la media superior se aproxima al quince por ciento, dato que, combinado con la deserción escolar en los niveles previos y el indicador de eficiencia terminal del bachillerato, da como resultado, en el mejor de los casos, una tasa bruta de cobertura del nivel aproximado a las dos terceras partes del grupo de edad relevante (quince a diecisiete años) y una tasa neta en torno al sesenta por ciento.
Por su parte, las cuatrocientas mil nuevas becas del Programa de Becas Universitarias 2012, se suman a una cantidad casi igual de apoyos que actualmente distribuye el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, el PRONABES, así como a los múltiples y diversos programas de becas federales y estatales en vigencia. Así, para la educación superior, se contaría con un total superior a ochocientos cincuenta mil estudiantes universitarios beneficiados con este tipo de estímulo.
Calderón, en su discurso del 14 de febrero, resaltó la dimensión numérica de la política: “En el año 2000, por ejemplo, se otorgaban en México alrededor de dos millones de becas. Al concluir el año pasado, 2011, se otorgaban en cambio ya, casi siete millones de becas; seis millones 900 mil alumnos de escuelas públicas contaban en diciembre pasado con una beca del Gobierno Federal. Más de 150 por ciento más que al principio de la década pasada.” Este total agrega las becas de educación básica, sin embargo para nada es despreciable el número de estudiantes de media superior y superior atendidos en los programas correspondientes.
A pesar de sus aparentes virtudes, el anuncio del millón de becas suscitó inmediatas críticas. La principal su evidente emplazamiento en el contexto de las elecciones federales de este año: ¿cómo explicar que en la víspera de la elección presidencial el Ejecutivo se pone a repartir entre población potencialmente votante recursos económicos individuales? Suena electoral, y en política si suena es.
No obstante hay otro aspecto bastante cuestionable: el monto de los apoyos. Según la convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación del 13 de enero del presente, las becas del Síguele serán de quinientos pesos mensuales y las becas universitarias de cinco mil pesos por grado escolar. Para la SEP los grados escolares son anuales, así que el recurso de las becas universitarias equivale a cuatrocientos pesos mensuales. Es muy poco.
Calderón Hinojosa lo reconoce pero también lo justifica. Las becas, expresó, representan “un apoyo económico que no resuelve ni pretende resolver, desde luego, la condición económica de una familia, pero si ayudar a que el joven universitario no abandone sus estudios por razones económicas.” Pero, señaló textualmente: “sabemos que las universidades públicas están libres de costo de colegiatura o prácticamente cualquier costo, hay variaciones, desde luego, en la gama de alternativas que hay, pero en general la esencia educativa superior pública es gratuita.”
Falso. Se cuentan con los dedos de una mano las IES públicas gratuitas: Chapingo y las IES de las fuerzas armadas ¿cuál más? Las universidades públicas autónomas, todas, cobran cuotas y colegiaturas, unas más, otras menos, y la UNAM la que menos. Pero no son gratuitas. La ley lo permite, por cierto. Según resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las universidades autónomas no forman parte, precisamente por la condición de régimen autónomo, de la educación que imparte el Estado. Por ello puede cobrar colegiaturas (Amparo en revisión 303/94. Enrique Burruel Villegas y otros. 23 de mayo 1994. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón).
Pero ¿qué pasa con todas las demás IES públicas? ¿Las escuelas normales, que cobran cuotas y un sinnúmero de derechos y costos de recuperación forman o no parte de la educación que imparte el Estado? ¿Los institutos y universidades tecnológicas son o no parte de la educación que imparte el Estado? Si la respuesta es afirmativa, entonces se viola, abierta y flagrantemente, la garantía constitucional de la gratuidad educativa. Y no cobran poco. En las UT, por ejemplo, el costo alcanza hasta tres mil pesos el cuatrimestre (UT de Mexicali, por ejemplo). En resumen, en la mayoría de las IES públicas el costo educativo es mayor que la aportación de las nuevas becas universitarias. Más eficiente, apegado a la legalidad, y perfectamente viable sería decretar que la educación superior pública será gratuita.
