Isaac Newton dijo que para construir conocimiento, hay que subirse a los hombros de gigantes. Hoy en día, eso implica tener acceso a las revistas científicas más importantes, cuyo costo anual de subscripción asciende a las decenas de miles de dólares. Menuda barrera para los investigadores en países pobres. altSin embargo, ese impedimento pronto podría ser cosa del pasado, al juzgar por los avances en el movimiento del acceso abierto (OA, por sus siglas en inglés). Y casi todos son fruto de una década.
En 2001, el Open Society Institute convocó a científicos prominentes de todo el mundo en su sede en Budapest, para debatir formas de hacer más accesibles para los investigadores y el público en general los resultados de la investigación científica. La Declaración de Budapest de 2002, el primero de una serie de manifiestos que dan sustento al movimiento, propone: “a través de medios electrónicos, la diseminación global de los artículos publicados en revistas científicas de revisión de pares, para que tengan acceso gratis y sin restricciones todos los científicos, académicos, maestros, estudiantes y otras mentes curiosas”.
A una década de Budapest, aún estamos lejos de ver esos deseos hechos realidad, en gran medida por la resistencia de la industria editorial. Pero cada vez más países e instituciones – sobre todo en Europa y Estados Unidos - están adoptando políticas de acceso abierto. Entre los éxitos más recientes del movimiento están los nuevos lineamientos del gobierno australiano, una propuesta de ley de acceso abierto en Estados Unidos y el fracaso de otra ley anti-acceso en el mismo país, todos en el último mes.
El 22 de febrero, el Consejo Nacional de Investigación en Salud y Medicina (National Health and Medical Research Council) de Australia anunció que todos los recipientes de fondos de investigación de la institución serán obligados a dar acceso libre y gratuito a sus resultados; en específico, deben depositar en un repositorio de acceso abierto una copia digital de los artículos científicos que han publicado como resultado de su investigación, en un plazo máximo de un año.
También, el 9 de febrero, fue introducida por tercera vez en el congreso estadounidense la Federal Research Public Access Act (2012). Aplicaría a todas las agencias federales con presupuestos anuales de investigación, mayores a US$100 millones, cuyos recipendarios de fondos tendrían la obligación de entregar copias de sus artículos publicadas en revistas de revisión de pares a seis meses de su publicación. La propuesta de ley busca replicar y expandir una política similar y pionera impuesta por los National Institutes of Health (los Institutos Nacionales de Salud (NIH)), que entró en vigor en 2008.
Por último, el 29 de febrero, fue retirada del congreso estadounidense la controvertida Research Works Act federal, que habría prohibido al gobierno a imponer requisitos como los de los NIH. La propuesta de ley provocó un boicot por parte de más de 7,500 científicos en contra de la gigante editorial Elsevier, uno de los principales patrocinadores de la legislación.
El fracaso de esta última propuesta de ley marcó una importante victoria para el movimiento de acceso abierto. Pero también dejó claro el tamaño de la resistencia por parte de la industria editorial y su capacidad de cabildeo tanto en el congreso estadounidense como en los congresos de otros países, y que entre otras intervenciones ha logrado detener la aprobación de previas versiones del Federal Research Public Access Act, propuesta al congreso por primera vez en 2006.
El argumento de los opositores al movimiento de acceso abierto se resume de la siguiente manera: al obligar la diseminación pública y gratuita de los artículos científicos, el gobierno pone en riesgo la viabilidad económica de las revistas, cuya principal fuente de ingresos es la venta de suscripciones. Sin esos ingresos, objetan, no podrán costear los procedimientos que hacen que sus publicaciones sean referentes para la comunidad científica: por ejemplo, la revisión de pares, la confirmación de datos, y el trabajo editorial en general.
Además, argumentan que las leyes son innecesarias, ya que muchas de las propias revistas están poniendo a disposición del público artículos después de cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, la revista Nature promueve el auto-archivo de artículos por parte de sus autores seis meses después de su publicación, y Science da acceso libre a sus artículos después de un año. Otras revistas dan acceso a algunos artículos cuya publicación fue pagada por los propios autores.
“El esfuerzo por resolver un problema que no existía está amenazando la creación de empleos, el crecimiento económico y la innovación científica en nuestro país”, afirmó Allen Adler, vice-presidente de servicios legales para la American Association of Publishers, uno de los mayores opositores a las leyes de acceso abierto, durante un debate en el congreso norteamericano en 2010.
Son argumentos fuertes, pero ¿son ciertos? Según un nuevo estudio del Committee for Economic Development, un instituto independiente en Washington D.C., la respuesta es contundente: no.
El reporte, The Future of Taxpayer-funded Research: Who Will Control Access to the Results?, evalúa el impacto de la política de los NIH, que en conjunto son la mayor financiadora de investigación científica del mundo, con un presupuesto anual de US$31 mil millones al año. En específico, el estudio busca medir los efectos en términos de acceso a las revistas, citas bibliográficas, y el posible impacto sobre la industria editorial tradicional. (En los últimos años, ha surgido un nuevo modelo editorial, representado por unas 1,400 revistas de acceso abierto, que generalmente cobran a los autores por publicar).
En 2005, los NIH hicieron un llamado a los recipiendarios de fondos de investigación a depositar de forma voluntaria los artículos resultado de su trabajo en el archivo de acceso abierto PubMed Central. Sin embargo, hubo poca respuesta y para el final de 2007, sólo 7% había archivado sus artículos. Pero cuando se hizo obligatoria la política, en 2008, 73% de los investigadores habían depositado sus artículos para finales de 2010, según el reporte.
A su vez, el estudio encontró que la medida había tenido un efecto dominó, al estimular a otros investigadores que no han recibido dinero de los NIH a hacer disponibles sus artículos. Ahora, 991 revistas depositan sus artículos en PubMed Central, comparado con las 330 registradas en abril de 2008, para un archivo total de unos 2.3 millones de documentos. En 2011, alrededor de 500,000 personas consultaron el repositorio cada día, bajando más de 1 millón de artículos – cifra que se ha triplicado en los últimos 3 años. De los usuarios, 25% forman parte de instituciones académicas, 17% de compañías y la mayor parte (40%) son del público en general – un segmento de la población que de otra forma no hubiera tenido acceso.
En cuanto al posible impacto nocivo sobre la industria editorial, el estudio concluyó que fue mínimo, si es que existió. Mientras algunas empresas reportaron bajas en sus subscripciones en 2008 y 2009, estás pudieron haber sido el resultado de la crisis económica en el país.
La experiencia de los NIH es alentadora, aunque sólo representa una fracción de la investigación científica realizada a nivel nacional - o internacional.
Cada vez más instituciones privadas se han sumado al movimiento de acceso abierto, por ejemplo el Wellcome Trust del Reino Unido, la financiadora privada más grande de investigación biomédica científica en el país, y docenas de universidades privadas en Estados Unidos, entre ellos Harvard y el Massachussetts Institute of Technology. Pero hasta ahora, la mayoría de las iniciativas de ley se han enfocado en hacer del dominio público los resultados de la investigación pagada con dinero público.
Irónicamente, el movimiento ha cobrado mayor fuerza en países, como Estados Unidos, en donde el gobierno financia una minoría de la investigación científica. En contraste, en muchos países, como México, no hay iniciativas de ley de acceso abierto a los resultados de la investigación pagada con dinero público; eso a pesar de que más de 50% de la investigación es pagada por el gobierno contra sólo 26% en Estados Unidos, según cifras de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RiCyT).
Además, en México – como es el caso en la mayoría de América Latina - las universidades públicas producen más de 90% de los artículos científicos publicados cada año. Pero a diferencia de sus colegas en Estados Unidos, la mayoría de los investigadores mexicanos no tienen acceso a las revistas de paga más influyentes y caras a través de sus universidades.
Hay algunos esfuerzos por cambiar ese panorama. En noviembre, la Universidad Nacional Autónoma de México anunció la iniciativa Toda la UNAM en Línea, que aspira a hacer disponible al público toda la producción científica y cultural de la universidad a través del Internet. También, hay iniciativas de ley en Argentina y Brasil, que darían acceso abierto a todos los artículos publicados por investigadores de esos países, como resultado de investigación realizada con dinero público. Según RiCyT, 73% de la investigación y desarrollo de Argentina y 52% de Brasil es financiado por el gobierno.
Al presentar su propuesta de ley de acceso abierto en 2007, el diputado brasileño Rodrigo Rollemberg argumentó la especial necesidad para tales medidas en países en desarrollo: “Considerando la concentración de conocimientos generados en países localizados en el hemisferio norte y los altos costos de mantener las revistas [científicas], aparece un nuevo fenómeno que es la ´exclusión cognitiva´. La acción propuesta en este proyecto de ley contribuye para reducir esta exclusión, una vez que registra y disemina la producción científica brasileña, así como la extranjera de forma libre e integrada”.
Es un argumento contundente a favor de la ciencia en su país. Sólo falta que los legisladores de Brasil, como en otros países de la región, tomen acción.
