La madrugada del sábado 29 de abril irrumpieron fuerzas policiacas de distintas corporaciones, incluido el sector federal, en las tres casas de estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo e hicieron la detención temporal de la gran mayoría de sus habitantes. El operativo respondió, según las autoridades, a los actos vandálicos de activistas del Movimiento de Aspirantes y Rechazados de la Universidad Michoacana y de la Coordinadora de Universitarios en Lucha para presionar por mayores prestaciones, esto es apoyos económicos y becas, a los aspirantes y alumnos de las casas de estudiantes de la UMSNH.

Foráneos.

Así se reportó en la prensa: “El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo (…) lamentó los disturbios (y) dijo que quienes están detrás de dichas acciones, son jóvenes que ni siquiera son de la entidad, son jóvenes que vienen de otros estados de la República a quienes se les da alojo, alimentación y responden de esa manera” (Mario Ávila, Radio Fórmula, 29 de abril de 2012). En otros medios, prensa nacional y local, la expresión “estudiantes foráneos” para identificar a los responsables de los disturbios que originaron la acción policiaca se ha reiterado con insistencia.

Preocupa el tono discriminatorio y en cierto modo chovinista. Hasta hace poco la Nicolaíta se ufanaba, con toda razón, de ser una de las pocas universidades públicas del país que es nutrida, además de estudiantes del estado, por egresados de otras entidades federativas, principalmente las entidades circunvecinas. Prácticamente una “universidad regional”, añeja aspiración, originalmente propuesta por Porfirio Díaz, e intentada, sin éxito, por Vasconcelos y más tarde por el general Cárdenas. La idea funcionó en Michoacán primero por contar con una universidad de honda trayectoria histórica y prestigio reconocido, más tarde por brindar condiciones de acceso relativamente más asequibles que sus vecinas.

Y ahora resulta que puede ser una desventaja. ¿Se tiene presente que la atracción de estudiantes fuera del entorno local ha sido un factor de desarrollo en varios estados? No digamos la capital del país, téngase presente ciudades como Guadalajara, Monterrey o Puebla; en otra escala Culiacán, Mérida o Cuernavaca, que comparten el rasgo de haber sido o ser ciudades que atraen talento joven al contar con instituciones universitarias, públicas y particulares, de buena calidad y prestigio. ¿Cuenta también que desde hace varios años, con singular énfasis en el presente, promover la movilidad de estudiantes es un punto relevante, si se quiere aspiracional, en la agenda de políticas sectoriales?

No sólo eso, hay algo más grave: ¿de cuando acá el origen foráneo, aplicado, como en este caso a mexicanos nacidos en otros estados representa una condición de riesgo? Riesgoso es el pronunciamiento, más bien. Dejando de lado, que no es poca cosa, la garantía constitucional de libertad de tránsito, queda el sentido común. Señalar a los “foráneos” como factor de inestabilidad es muy irresponsable, no hace sino azuzar ánimos de conflicto que, dicho sea de paso, hace tiempo que están presentes en esa entidad.

Reacciones.

El primero en salir a escena fue el rector de la universidad michoacana, Salvador Jara Guerrero, para deslindar amablemente a los cuerpos policiacos de una posible violación de la autonomía universitaria. Dijo al respecto que, esta garantía, “no implica que la Universidad sea un país aparte o al margen de la ley, ni que amparados en una falsa concepción de autonomía se puedan violar derechos de terceros”. Una declaración así da lugar a dudas: ¿las autoridades universitarias conocieron con anticipación la intervención de la policía?, ¿participaron en la decisión?, ¿estuvieron de acuerdo con ella? Al rector corresponde, o debería, más que presentar a la opinión pública una interpretación del alcance formal de la autonomía, un deslinde claro de la responsabilidad universitaria en los hechos.

En este sentido, la postura de la autoridad colegiada, el Consejo Universitario, aunque cauta ha sido mucho más prudente. El consejo acordó, en la prolongada sesión del 31 de abril, integrar una comisión que se encargue de esclarecer los hechos. Al colegiado le interesa, en particular, clarificar las razones que motivaron la intervención de la policía federal en las acciones. Durante la reunión, los consejeros de las casas de estudiantes se pronunciaron por plantear un extrañamiento a las citadas declaraciones del rector, aunque su iniciativa no prosperó. (Cambio de Michoacán, 1 de mayo de 2012).

Dos de los partidos políticos, el PRI, al que pertenece el gobernador, y Acción Nacional respaldaron la acción de la fuerza pública. Mediante distintas expresiones repudiaron los disturbios y el vandalismo de los estudiantes e hicieron votos para la restauración del “estado de derecho en Michoacán”. En cambio los legisladores del PRD en el congreso del estado, repudiaron abiertamente el uso de la fuerza, sin justificar con ello las acciones de los estudiantes que participaron en los disturbios. Los legisladores señalaron: “Llamamos a la cordura, al diálogo y a enfrentar los problemas de la mayor Universidad Pública del estado y al cese del hostigamiento público y mediático en contra de los estudiantes” (Cambio de Michoacán, 30 de abril de 2012).

Saldos.

Por supuesto el saldo es negativo. Siete lesionados y más de doscientos detenidos en el operativo del 29 de abril. La gran mayoría fueron liberados al día siguiente, pero trece de ellos fueron apresados y remitidos al Cereso de Mil Cumbres, que es un penal de los denominados “de alta seguridad”. Uno de los consignados, Isidro Tovar Hernández, es consejero universitario. La Universidad ha ofrecido asistencia legal pero, por lo pronto, hay estudiantes presos. ¿Así o más torpe? En la Universidad hay protestas, aunque se restablecieron actividades en la mayoría de las facultades que entraron en paro. Pero el clima está enrarecido.