En febrero de 2011, la iniciativa de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) de modificar el Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, dio lugar al primer movimiento estudiantil en la historia de la institución. La gran mayoría de los académicos se sumaron a la protesta y se llegó, incluso, a la suspensión temporal de actividades en varios planteles. Al cabo, el Consejo Universitario y la rectoría se pronunciaron en el mismo sentido que la comunidad exigiendo respeto a la autonomía de la Universidad. Este conflicto, antecedente de la crisis actual, tuvo su mayor intensidad durante los días de marzo y abril de 2011.

Con la sospecha de que la postura de los legisladores respondía, en lo fundamental, a los intereses de la nueva dirigencia universitaria, no pocos de los participantes en el movimiento, incluso varios consejeros, añadieron a sus reclamos la renuncia de la doctora Esther Orozco. La rectora confrontó tal postura a través de un desplegado público, dado a conocer por Reforma y La Jornada el 4 de abril, así como en varias entrevistas.

El desplegado contiene varios mensajes. En los primeros párrafos, redactados en un tono que no evita la hipérbole, la rectora pondera su trayectoria académica, su capacidad administrativa y su compromiso social. En seguida procede a dar a conocer algunos indicadores que expresan, desde su punto de vista, los principales déficit académicos de la institución. Entre ellos sobresale el denominado “Coeficiente de Desempeño Académico” (CDA), indicador construido para medir el grado de irregularidad de los estudiantes con respecto a la duración teórica de las carreras. Esta sección concluye: “los resultados muestran que el 52% de los estudiantes inscritos entre el 2001 y el 2009 y activos hasta el 2011 (10,697 estudiantes), tiene un CDA menor a 2.5 en una escala del 0 al 10.”

Prosigue el texto con afirmaciones acerca de la responsabilidad de los magros resultados. Se indica al respecto que “la mayor responsabilidad del desastre, recae en la institución y en quienes han tomado las decisiones.” En la institución, porque se carece en ella de normas, reglas y criterios para regular el desempeño de los estudiantes y exigir a los académicos el cumplimiento de obligaciones. Sobre la insuficiencia normativa de la UACM, la rectora insistirá en posteriores entrevistas y presentaciones.

Remata el planteamiento crítico sobre las condiciones de la Universidad el siguiente pronunciamiento: “Tengo claro, además, de que si no tomo decisiones adecuadas, pronto me empezarán a endilgar la total responsabilidad de este fraude educativo, por seguir aplicando una receta fallida. Lo cual me resulta inaceptable.” Esta enunciación hizo encender los ánimos.

El término “fraude educativo” es fuerte, aunque se haya usado en sentido figurado. Al tomar en cuenta el conjunto de argumentos vertidos en el desplegado, puede interpretarse como un pronunciamiento sobre la incapacidad de la institución para satisfacer las aspiraciones de los estudiantes o responder a la confianza de los contribuyentes. Pero había más, otras culpas que repartir.

En el desplegado se acusa de omisión a los legisladores: “parte de la responsabilidad corresponde a los diputados y diputadas de las Legislaturas de los últimos 10 años, al no tomar a tiempo las medidas necesarias para evitar llegar a este estado deplorable.” ¿Qué clase de “medidas” se invoca? sólo pueden ser de un tipo, legislativas, es decir contrarias a los principios elementales de la autonomía. No obstante, los párrafos finales del documento insisten en que los poderes de la entidad deben respetar la autonomía de la Universidad, ya que “los universitarios defendemos la autonomía como parte de nuestra esencia.”

Tras esta publicación, dos días después, el 6 de abril, quedó prácticamente zanjada una de las vertientes del conflicto. Al cabo de una reunión entre asambleístas, autoridades universitarias y representantes estudiantiles y académicos, la presidenta en turno de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Alejandra Barrales, dio a conocer el compromiso de los legisladores de suspender la iniciativa. Solución política y control de daños, simplemente.

Ahí pudo haber terminado la crisis en su planteamiento original, pero no fue así. La postura de rectoría generó dos reacciones distintas. De un lado, expresiones de solidaridad, apoyo y aún admiración de parte de un importante número de intelectuales, políticos y funcionarios universitarios. Del otro, críticas, también nutridas, por haber denostado a la Universidad y a sus comunidades. En suma, polarización, dos fracciones: orozquistas y antiorozquistas.

El 8 de abril, el ex rector Pérez Rocha dio a conocer, a través del portal “Tezonco Uacemita”, una comunicación dirigida a la rectora en la que cuestiona, directamente, sus argumentos y su proceder en el conflicto. Se trata de una larga misiva, que argumenta en favor del enfoque educativo de la UACM, rebate con detalle los principales cuestionamientos formulados en el desplegado y concluye con un acre reclamo: “Has ocasionado un daño irreparable a la institución (…) Lejos de contribuir a consolidar una comunidad en la UACM has propiciado división y encono.”

El mismo día se escuchó en la radio una entrevista de Denise Maerker con la doctora Orozco (programa “Atando cabos”, Radio Fórmula). Entre otras respuestas la rectora afirmó: “es como estar en una nata de pantano, el que se mueve se hunde” ¿Acaso una premonición?