Durante medio siglo, Estados Unidos fue visto como el ejemplo a seguir en las políticas de acción afirmativa. Ya no. Mientras ese país está desmantelando sus medidas compensatorias para minorías raciales en sus universidades públicas, otro país con un legado de esclavitud, Brasil, se está colocando en la vanguardia mundial en la materia.
¿Cómo se explica tal cambio? En parte, es una cuestión política. Bajo el presidente Lula (2003-2010), Brasil dio un giro hacia la izquierda, y este se ha mantenido con su sucesora, la ex guerrillera marxista Dilma Rousseff. En contraste, desde que el gobierno estadounidense implementó las primeras políticas de acción afirmativa en los años 60, el país se ha movido hacia la derecha, sobre todo durante el gobierno ultraconservador de George W. Bush (2000-2008).
También hay cuestiones culturales. Brasil apenas está enfrentando el legado de la esclavitud, a 80 años de que Gilberto Freyre acuñó el término de “democracia racial” para describir a su país; él argumentó que aunque Brasil fue el último país del hemisferio en abolir la esclavitud, en 1888, nunca prohibió la mescolanza de razas como sí lo hizo el país anglosajón. Por su parte, en Estados Unidos, hay una especie de ajuste de holguras en contra de la acción afirmativa. Un 60 por ciento de la clase trabajadora y 39 por ciento de universitarios opinan que la discriminación en contra de blancos se ha convertido en un problema del mismo tamaño que la discriminación en contra de los negros, según una encuesta de 2012 del Public Religion Research Institute. A su vez, 69 por ciento de jóvenes estadounidenses se oponen al uso de políticas de acción afirmativa en las universidades para resarcir los daños históricos en contra de la minorías raciales, según otra encuesta del mismo instituto.
Estas diferencias han llevado a los defensores de acción afirmativa a adoptar argumentos contrapuestos en cada país. Mientras en Brasil, se busca abrir mayores oportunidades para las víctimas del racismo, en Estados Unidos, la meta ya no es el resarcimiento histórico, sino la diversidad.
En octubre, la presidenta brasileña, Dilma Roussef, firmó una ley que reserva 50 por ciento de los lugares en las 59 universidades federales para egresados de las preparatorias públicas y grupos raciales desfavorecidos, conforme a la distribución racial de cada estado. La medida se implementará durante un plazo de cuatro años, empezando en 2013, cuando 12.5 por ciento de los lugares deberán ser ocupados por afrobrasileños e indígenas. Aunque los afrodescendientes representan 51 por ciento de la población de Brasil, según el censo de 2010, forman una pequeña minoría en las universidades públicas. Estas instituciones, que suelen ser las mejores del país, atienden a sólo 23 por ciento de la matrícula en educación superior de Brasil y suelen ser bastiones de la élite blanca.
“Nuestra meta es incrementar el acceso a nuestras universidades e instituciones estatales para nuestros jóvenes de escuelas públicas, para negros e indígenas,” dijo Rousseff en un discurso radiofónico en octubre. “Estas universidades están entre las mejores del país y, muy frecuentemente, los egresados de escuelas públicas tiene dificultades para ser aceptados en ellas”. Y agregó: “Esta ley nos ayuda a repagar la deuda histórica con nuestros jóvenes menos privilegiados”.
La llamada “Ley de Cuotas Sociales” fue aprobado en el Congreso en agosto, a unos meses de que la Suprema Corte brasileña confirmara la legalidad e “importancia histórica” del programa de acción afirmativa de la Universidad de Brasilia. La universidad, una de las más competitivas del país, reserva 20 por ciento de sus lugares para estudiantes afrobrasileños e indígenas. El juicio de la corte también respalda a los programas implementados en más de 70 universidades públicas del país a partir de 2002, además de dar sustento legal al programa ProUni, que exenta de impuestos a universidades privadas que otorgan becas a estudiantes de grupos raciales desfavorecidos. A su vez, Rousseff, quien acaba de nombrar a Joaquim Barbosa como el primer presidente negro de la Suprema Corte, está preparando una iniciativa de ley que reservaría un porcentaje de puestos en la burocracia federal para miembros de grupos raciales desfavorecidos, según reveló un oficial de su gobierno a la agencia de noticias AFP.
Mientras tanto, Estados Unidos está en pleno retroceso en materia de acción afirmativa. En octubre, la Suprema Corte empezó a oír argumentos en el caso Fisher vs. la Universidad de Texas, que busca desmantelar el sistema de preferencias raciales en una de las universidades públicas más importantes del país. El caso gira en torno a Abigail Fisher, una joven anglosajona de 22 años, quien afirma haber sufrido discriminación racial al ser rechazada por la universidad en 2008. Alega que la universidad aceptó a estudiantes afroamericanos e hispanos con menor calificación que ella, a través de una política universitaria que da preferencia a estudiantes de esas minorías. Fisher y sus abogados argumentan que esa política, que data de 2005, es innecesaria e injusta, ya que la universidad ya cuenta con un programa que garantiza lugares para los egresados de preparatorias públicas que se gradúan dentro del primer 8 por ciento de su generación. En la última década, 36 por ciento de los estudiantes aceptados bajo esa política fueron miembros de minorías raciales. Pero la universidad argumenta la necesidad de abrir aún más espacios a afroamericanos e hispanos, que conforman 47 por ciento de la población del estado.
La decisión de la corte tendrá fuertes implicaciones para los programas de acción afirmativa en las otras universidades públicas. Ya en años recientes, ocho estados – más recientemente Oklahoma, que se sumó a la lista a raíz de un referéndum aplicado el 6 de noviembre - han prohibido el uso de raza como factor en la selección de estudiantes o profesores en universidades públicas. También podría afectar a las políticas de las universidades privadas, ya que la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación racial en programas que reciben fondos federales. (En Estados Unidos, la mayoría de las privadas también reciben fondos federales para la investigación).
Aunque la decisión se espera hasta dentro de varios meses, los defensores de acción afirmativa están nerviosos, ya que la actual corte es aun más conservadora que la que resolvió el último caso sobre acción afirmativa en 2003. En ese caso, Grutter vs. Bollinger, la corte votó a favor del programa de acción afirmativa en la Escuela de Leyes en la Universidad de Michigan, pero hizo explicito que su uso debe limitarse a promover la diversidad, en vez de servir como medida de resarcimiento histórico.
La misma interpretación conservadora ha sido utilizada por el gobierno federal para justificar su apoyo al programa de la Universidad de Texas. Eso a pesar de que el mismo presidente Obama afirma que probablemente fue beneficiario de políticas más radicales de acción afirmativa en su juventud. Sin embargo, el clima legal y político ha cambiado marcadamente desde que Obama fue aceptado en las universidades de Columbia y Harvard.
Desde finales de los años 70, la corte ha tomado decisiones cada vez menos favorables para los defensores de la acción afirmativa. En Regentes de la Universidad de California vs. Bakke, un juicio clave en 1978, la Suprema Corte proscribió los cupos para minorías en universidades públicas, pero determinó que las instituciones sí podrían tomar en cuenta la raza de sus aspirantes como “un factor” en sus procesos de selección. También, argumentó que las universidades tienen un “interés imperioso” en asegurar la diversidad racial. Después, en 1996, en el caso Hopwood vs. Texas, un tribunal de circuito pronunció en contra de las políticas de acción afirmativa en la Escuela de Leyes de la Universidad de Texas, aunque la decisión después fue revertida por la Suprema Corte. Finalmente, en Grutter vs. Bollinger de 2003, la Suprema Corte dejó claro su visión restringida de las medidas compensatorias, e inclusive varios jueces afirmaron que ya no habría necesidad de políticas de acción afirmativa dentro de 25 años.
Desde luego, todo depende de su definición de necesidad. Si los programas de acción afirmativa en Estados Unidos buscan solamente promover la diversidad, y no mejorar las oportunidades para ciertos grupos raciales, entonces quizás tienen razón los jueces. Aún sin medidas compensatorias, hay cada vez más diversidad racial dentro de la educación superior estadounidense, debido a dos factores: el crecimiento desproporcional de la población latina, que por primera vez rebasó a la afroamericana como primera minoría dentro de las IES estadounidenses en 2012, con 16.5 por ciento de la matrícula; y el crecimiento en el número de estudiantes extranjeros, en su gran mayoría provenientes de países asiáticos. A su vez, el porcentaje de afroamericanos y latinos egresados del nivel media superior que asisten a la universidad ha duplicado en tres décadas, de 19 por ciento a 38 por ciento para el primer grupo y del 16 por ciento al 32 por ciento para el segundo, según el U.S. Census Bureau.
Sin embargo, el aumento en la diversidad racial no se ha dado de forma pareja. Mientras los afroamericanos representan el 12 por ciento de la matrícula en educación superior en Estados Unidos, son el 22 por ciento de estudiantes en las universidades con fines de lucro, que suelen ser de menor calidad. A su vez, la proporción de afroamericanos inscritos en las universidades más competitivas del país bajó de 5.6 por ciento en 1982 a 3.4 por ciento en 2004, según un estudio de la Universidad de Stanford. Las minorías también son menos representadas dentro de los programas de posgrado. De los 140,500 estudiantes que recibieron sus títulos de doctorado en 2010, solo 7.4 por ciento fueron afroamericanos y 5.8 por ciento fueron latinos, según el Census Bureau.
Esta discrepancia se explica en gran parte por la mala calidad de las escuelas públicas, en donde asisten la mayor parte de los estudiantes negros y latinos. Por eso, tanto en Estados Unidos como en Brasil, muchos expertos argumentan que en vez de políticas de acción afirmativa en la educación superior, hace falta invertir en los niveles previos a la universidad.
Pero son cambios que pueden tardar muchas generaciones. Mientras tanto, en los primeros cuatro años de las políticas de acción afirmativa en Brasil, el porcentaje de afrobrasileños inscritos en las IES se duplicó, de 3 por ciento a 6.3 por ciento en 2006, según el Instituto de Investigación Económica Aplicada, del gobierno federal. Y con la nueva Ley de Cuotas Sociales, se estima que el número de estudiantes afrobrasileños inscritos en las universidades públicas incrementará siete veces. No es por nada que los activistas afrobrasileños hablan de que su país está viviendo una “revolución”.
