Con mariachis festejaron los estudiantes, académicos y trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) la firma del acuerdo propuesto por la Mesa de Diálogo instalada para conciliar la disputa de posturas e intereses que dio lugar a la primera huelga universitaria de la institución. La fase del conflicto correspondiente a la suspensión de actividades se prolongó noventa días y terminó, precisamente, en la víspera de la renovación del poder ejecutivo de la Ciudad de México.
Los colectivos que participaron en la huelga concluyeron que el acuerdo pactado satisface las demandas. La contraparte, centrada en las autoridades de la UACM, finalmente accedió a suscribir el documento, no sin antes intentar, en varios tramos de la negociación, obstaculizar el objetivo de la oposición: lograr, en la integración del próximo Consejo Universitario, una proporción de consejeros suficiente para impedir que los proyectos de la autoridad unipersonal se impongan sin contrapeso del órgano colegiado.
La huelga universitaria se inició el 28 de agosto de este año, con la toma de Rectoría tras una marcha en protesta por los resolutivos del Colegio Electoral de la UACM que, días antes, aceptaron ocho impugnaciones contra candidatos de la oposición que triunfaron en las elecciones correspondientes a la renovación del Consejo Universitario (CU) de la institución. En las elecciones la oposición había logrado 33 de los 55 lugares en contienda pero, con la pérdida de posiciones ya sancionada los opositores quedaban en minoría.
La Rectoría fue convocada a negociar la devolución del plantel contra el reconocimiento de los resultados originales en la elección del CU. A falta de respuesta, el 3 de septiembre los estudiantes decidieron tomar los planteles Centro Histórico, San Lorenzo Tezonco y Cuautepec. El 10 de septiembre, un grupo de académicos, más de 150 profesores, decidió apoyar el movimiento a través de su agrupación como Foro Académico (FA). Su participación en el movimiento naturalmente amplió las dimensiones de la confrontación.
Simultáneamente se organizaron estudiantes y académicos afines a Rectoría. El 18 de septiembre se instaló una primera mesa de negociación, entre autoridades y opositores. Dos días después, mientras transcurrían pláticas, la rectora decidió participar en la marcha organizada por la Red en Defensa de la Educación que exigía la devolución de los planteles. Este gesto fue interpretado por los paristas como una señal de parcialidad de Rectoría en el conflicto, lo que obviamente restó a esta instancia posibilidades de actuar como árbitro en la conciliación. Las negociaciones siguieron unos días más, pero la vía institucional había quedado cancelada en los hechos. El 28 de septiembre los estudiantes tomaron el Plantel Casa Libertad, con ello la totalidad de planteles docentes quedaba en condiciones de suspensión de actividades. Únicamente las oficinas administrativas del Plantel del Valle permanecían abiertas.
Para destrabar el conflicto se integró, en forma pactada, una Mesa de Negociación Resolutiva integrada por representantes del GDF (el secretario de educación y el secretario de gobierno), del organismo no gubernamental Servicios y Asesoría para la Paz (SERPAZ), especializado en procesos de conciliación, así como representantes estudiantiles y académicos, y representantes de Rectoría y el CU. La mesa trabajó el 5 y 6 de octubre y emitió al cabo un resolutivo de seis puntos, que sería conocido como Acuerdos de la Casa Lamm. El primero de estos acuerdos creaba la Comisión Mixta integrada por representantes de las partes en conflicto así como un grupo de cuatro expertos externos. La Comisión dio conocer, el 10 de octubre, un documento con seis recomendaciones para resolver el diferendo electoral en disputa.
Los resolutivos de la Comisión Mixta contienen, salvo leves matices, la solución que finalmente se adoptó para el fin de la huelga. Las organizaciones de oposición habían alcanzado consenso, a mediados de octubre, para suscribir esa fórmula pero la Rectoría se negó a suscribir el acuerdo. No sólo eso, el cuestionado Tercer Consejo Universitario seguía sesionando.
El 6 y 7 de octubre los huelguistas organizaron marchas y manifestaciones en el centro de la Ciudad. Fueron exitosas y lograron convocar el respaldo de otras organizaciones estudiantiles (UNAM e IPN), así como de sindicatos en lucha. La culminación de esta etapa de movilización para romper el impasse de las negociaciones ocurrió mediante la toma de las oficinas administrativas de la UACM el 8 de octubre.
“Encapuchados, violentos y drogados”, fue la imagen que Rectoría transmitió a los medios después de la toma de las oficinas administrativas de Eugenia. Remontar esa imagen, evitar el extremismo y continuar participando en las instancias de negociación aparecieron como los retos clave de una nueva etapa del movimiento. El 12 de octubre las autoridades del Distrito Federal propusieron una nueva mesa de negociación, de carácter resolutivo, para finiquitar el conflicto. En esta mesa la participación de los diputados de la ALDF fue definitiva. La instancia legislativa propuso, desde el 14 de octubre, un documento base: Resolución de la Mesa de Diálogo para la Solución del Conflicto en la UACM, que contenía nueve puntos incluyendo uno relativo a la reforma normativa de la institución.
Salvo el proyecto de generar, en el contexto del conflicto, nuevas disposiciones para la UACM, la oposición se mostró favorable al acuerdo. No así Rectoría ni el CU en funciones. Cuando estaba a punto de naufragar la nueva ronda de negociaciones, el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF lanzó un inesperado ultimátum: o se firma el acuerdo o la Asamblea asumirá medidas para tomar control de la problemática.
El acuerdo de nueve puntos incluía en forma casi textual los de la Casa Lamm y la Comisión Mixta, por lo cual la oposición no tuvo mayor problema en acceder. Rectoría y grupos afines demoraron hasta el último minuto, pero acabaron cediendo. Así, en la noche del 26 de noviembre se firmó el armisticio. ¿Quién ganó? La oposición a la Rectoría. El resto es retórica.
