Llama la atención que entre las líneas generales de diagnóstico y propuestas para la reforma educativa del país, tal como se han planteado tanto en Pacto por México, suscrito la presidencia de la República y los líderes de los partidos PRI, PAN y PRD, como en la iniciativa de reforma al artículo tercero de la Constitución, temas como el analfabetismo y el rezago escolar han pasado prácticamente inadvertidos. La omisión preocupa en tanto puede interpretarse como la continuidad de las políticas experimentadas en los últimos sexenios, que brindaron insuficiente atención y muy escasos recursos públicos a esta problemática.
Se puede coincidir con el diagnóstico según el cual “En los últimos años se ha avanzado de manera importante en la ampliación de la cobertura educativa. Los nuevos retos consisten en culminar esta expansión, pero sobre todo en elevar la calidad de la educación de los mexicanos para prepararlos mejor como ciudadanos y como personas productivas”, tal como se expresa en el Pacto por México. Sin embargo, sería un grave error concluir que, en México, la persistencia del analfabetismo y la dimensión del rezago escolar son problemas superados o en vías de extinción.
Analfabetismo
Según datos del último Censo de Población y Vivienda (2010), en México existen en torno a 5.5 millones de personas mayores de quince años en condición de analfabetismo absoluto. La definición de esta condición, que concuerda con los criterios operativos definidos por la UNESCO, representa a los individuos que no tienen la capacidad mínima de “leer y escribir un recado.” En términos porcentuales este conjunto de población concentra alrededor del siete por ciento de la población de referencia.
Si se utiliza una definición alternativa, aquella que suele denominarse “analfabetismo funcional”, que recoge a quienes no superaron siquiera tres años de escolaridad primaria, entonces la cifra supera los diez millones de personas o más del 15 por ciento de la población de mayores de quince años. El uso de esta categoría parte del supuesto, empíricamente comprobado, según el cual la sola adquisición de habilidades básicas de lectura y escritura no asegura su prevalencia temporal, sino que el riesgo de perder estas capacidades, en caso de no ejercitarlas, es más bien alto.
Según la información censal, las principales concentraciones relativas de analfabetas por segmento demográfico corresponden a los segmentos de mayor edad, a las mujeres, a la población indígena, y a las localidades rurales. En los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, es decir aquellos con los más elevados índices de pobreza, la proporción de analfabetas absolutos supera el umbral de quince por ciento. En Veracruz, Michoacán, Hidalgo y Puebla la proporción es aproximadamente el diez por ciento. Nótese que ambos grupos de entidades se caracterizan por contar con las mayores concentraciones relativas de población indígena del país. Se estima que, en conjunto, al menos 1.5 millones de los indígenas del país son analfabetas, cantidad que representa en torno al cuarenta por ciento de esa población.
En el extremo opuesto, de Coahuila, Baja California, Nuevo León y el Distrito Federal, en los cuales el porcentaje de analfabetas es inferior, en todos los casos, al 2.5 por ciento de los mayores de quince años. Cabe hacer notar que este porcentaje se considera satisfactorio en los estándares internacionales, ya que se toma en cuenta la existencia de un segmento de población que objetivamente no puede ser alfabetizado, como es el caso de los grupos con discapacidades graves.
Rezago
En México se define el “rezago escolar” como la cantidad y proporción de individuos que no completaron la educación básica obligatoria, es decir los niveles de primaria y secundaria. La categoría se integra por tres grandes segmentos: analfabetas, personas sin la primaria terminada e individuos sin secundaria completa. Este conjunto integra, asimismo, a los niños mayores de tres años que están fuera de la escuela. Según datos de la SEP el volumen total del rezago, según la definición indicada, es superior a una tercera parte de la población de mayores de seis años, esto es más de 33 millones de personas. Aunque la mayor concentración se ubica en individuos que no completaron la secundaria, el resto de los segmentos (analfabetas y personas sin primera concluida) son también estadísticamente significativos. Además, según el INEE, aproximadamente 5.5 millones de niños y jóvenes entre tres y diecisiete años no asisten a la escuela.
Al considerar que la obligatoriedad de la secundaria se implantó en México en 1993 y que, por lo tanto, dentro del volumen total de rezago subsiste una población que no cursó la secundaria cuando este nivel de estudios estaba fuera de la definición normativa de obligatoriedad, el INEE propuso una Norma de Escolaridad Obligatoria del Estado Mexicano (NEOEM), en la que se precisa esta dimensión del fenómeno. Al restar al volumen del rezago la población para la cual la secundaria no era obligatoria, esto es a los nacidos antes de 1982 que no terminaron la secundaria, la cifra queda en poco más de 22 millones de personas.
La NEOEM ha tenido una implicación relevante: es el criterio que sigue el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, para determinar la población con “carencia por rezago educativo”, que a su vez forma parte de la medición integral de la pobreza en México. De cualquier modo, sean 33 millones o se consideren 22 millones a las personas con escolaridad insuficiente el problema es monumental.
