¿Es factible llevar a cabo una reforma de la educación al margen de la alianza histórica del Estado con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Los últimos gobiernos, en particular los encabezados por Acción Nacional, calcularon que, al menos en el terreno de la educación obligatoria, tal opción era impracticable y que, más bien, profundizar las relaciones entre el gremio magisterial y la autoridad educativa, además de mejorar la viabilidad de las propuestas de cambio, fortalecía políticamente al régimen.

La dirigencia sindical participó en la elaboración de los programas educativos de los presidentes Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, así como en sus procesos de implementación. En ambas gestiones presidenciales fueron suscritos amplios acuerdos de colaboración entre los que resaltan, por su importancia, el Compromiso Social por la Calidad de la Educación (8 de agosto de 2002) y la Alianza por la Calidad Educativa (15 de mayo de 2008).

El 28 de septiembre de 2001, en la presentación del Programa Nacional de Educación 2001-2006 el presidente Fox reconocía “El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha colaborado intensamente, ha generado ideas, ha hecho muchas propuestas en estas tareas, y quiero aquí también hacer un reconocimiento a su esfuerzo, así como al de todas y todos los queridos maestros, sin quienes hoy no seríamos lo que somos, ni estaríamos donde estamos.”

Un año después, el 8 de agosto de 2002, en la ceremonia de suscripción del Compromiso Social por la Calidad de la Educación, el primer mandatario reiteraba: “El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha mostrado su clara voluntad de cambio y ha asumido la determinación ejemplar de impulsar una nueva cultura laboral, de implementar los concursos de oposición para el ingreso y la promoción de maestros y directivos, y de seguir privilegiando el diálogo y la construcción de acuerdos en su relación con las autoridades educativas.”

Durante la administración de Calderón Hinojosa se dio continuidad a ese esquema de colaboración. Así se hacía notar en el discurso presidencial de presentación de la Alianza por la Calidad Educativa: “hemos dialogado desde el primer día, e incluso antes, con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Hemos compartido propósitos y preocupaciones, y más allá de las diferencias ha habido una clara preocupación por el bien del país y un compromiso de poner cada quien de su parte para que en México pueda operarse una profunda reforma educativa que permita la construcción de un proyecto nacional, con clara visión de futuro” (15 de mayo de 2008).

Los principales proyectos educativos de los dos sexenios, en particular la Reforma de la Educación Preescolar (2004), la Reforma de la Educación Secundaria (2006), la Reforma de la Educación Primaria (2009), y la articulación del conjunto de propuestas en la Reforma Integral de la Educación Básica de 2011, fueron no solo negociados y acompañados por el SNTE sino que la dirigencia sindical jugó un papel de primera importancia en su orientación y definición. La relación política SEP-SNTE alcanzó un punto culminante con el nombramiento de Fernando González Sánchez, cuadro de la dirigencia sindical, al frente de la Subsecretaría de Educación Básica, cargo ejercido en el lapso 2007-2012, casi todo el sexenio.

Cierto es que no en todos los dominios de la política educativa tuvo el SNTE el mismo nivel de participación. La educación superior es, para todos los efectos prácticos, un ámbito que ha permanecido ajeno a la influencia del sindicato. También el campo de la educación media superior permaneció ajeno al interés sindical, lo que explica que en ese terreno la SEP haya logrado establecer, con cierta autonomía y pocas resistencias, las condiciones de orden académico y laboral que, para el caso de la educación básica, tuvieron que ser negociadas, punto por punto, en mesas de trabajo SEP-SNTE.

No obstante los avances en las reformas educativas pactadas entre la autoridad federal y el SNTE, en el ocaso del régimen de Calderón Hinojosa se hicieron evidentes los síntomas de un desgaste en el esquema de relaciones construido. La primera vertiente de dicho desgaste fue política y obedeció, básicamente, a la decisión de la dirigencia sindical de apoyar la candidatura del PRI en la contienda presidencial. La segunda tiene que ver con la construcción de una imagen negativa del sindicalismo educativo, a quien se responsabiliza de los resultados obtenidos por niños y jóvenes mexicanos en pruebas estandarizadas nacionales e internacionales.

El gobierno entrante, desde el primer día de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, asumió la consigna de “recuperar la rectoría del Estado en materia educativa”, y propiciar la calidad educativa mediante la obligatoriedad de la evaluación del magisterio. En torno a esos dos postulados programáticos parece girar, hasta el momento, la denominada reforma educativa del nuevo régimen. Las primeras respuestas sindicales no se han hecho esperar, aunque al parecer subsisten opciones para evitar un rompimiento entre la autoridad educativa y el gremio. ¿Renegociar con el sindicato o asumir los costos de una fractura política? Ese parece ser el dilema.