En los dos sexenios anteriores la convergencia política entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el gobierno federal abrió espacio para que el gremio magisterial participara en el diseño y operación de las políticas educativas, en particular en aquellas concernientes a la educación básica: preescolar, primaria y secundaria.
En buena medida, el trabajo conjunto SEP-SNTE se centró en la definición y promoción de un modelo de calidad educativa, uno de cuyos componentes centrales fue la definición de estándares curriculares, basadas en el modelo pedagógico de competencias, estándares de gestión en los centros escolares y estándares de desempeño docente. La estandarización de contenidos y procesos daría lugar, ese era el supuesto, a pautas de evaluación enfocadas al cumplimiento de los estándares concertados.
La vía elegida y transitada quedó plasmada en la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), suscrita, en mayo de 2008, por el SNTE y varias entidades de la administración pública federal: las secretarías de Educación Pública, Hacienda, Salud y la SEDESOL. La ACE consta de diez puntos, el último de los cuales sintetiza los compromisos entre la SEP y el SNTE para crear y consolidar el Sistema Nacional de Evaluación.
El citado acuerdo sobre evaluación establece dos objetivos. El primero, llevar a cabo una evaluación exhaustiva y periódica de “todos los actores del proceso educativo”. El segundo, establecer estándares de desempeño “por nivel de aprendizaje; gestión del centro escolar; docente, del educando, de padres de familia y tutores; infraestructura y equipamiento escolar; medios e insumos didácticos para el aprendizaje; habilidades y competencias del estudiante por asignatura y grado.” Se plantea como el objetivo de estas acciones “incidir en la calidad educativa con parámetros y criterios de desempeño internacionales”, y se fija el ciclo escolar 2008-2009 como el punto de arranque del proceso.
Dos años más tarde, en 2010, se contaba ya con las versiones preliminares de los documentos sobre estándares curriculares, estándares de gestión y estándares de desempeño docente en la estructura de educación básica. La elaboración de estos documentos fue ordenada, coordinada y supervisada por la Subsecretaría de Educación Básica (SEB) de la SEP, pero, lo más importante, en ella participaron, además de representantes sindicales, equipos de trabajo y especialistas individuales ajenos al binomio SEP-SNTE.
La versión preliminar de los Estándares Curriculares para la Educación Básica en México da cuenta del grupo de trabajo involucrado en este documento. En primer lugar la SEB y el SNTE, en segundo el Instituto de Educación de la Universidad de Londres (IOE) y la Organización de Estados Iberoamericanos. La autoría intelectual de la propuesta fue desarrollada por un equipo de investigadores del IOE, la OEI aportó algunas ideas y sugerencias y una veintena de especialistas contratados por la SEB, la mayoría mexicanos, se encargaron de la adecuación del modelo de estándares al currículum nacional.
Los otros dos documentos contaron con un equipo diferente. El lugar del IOE fue ocupado por investigadores del Centro de Estudios Educativos A.C., se contó con el patrocinio parcial al proyecto de parte de la Fundación Empresarios por la Educación Básica A.C. (ExEB), y con la colaboración de académicos de la Universidad Pedagógica Nacional, el consultora Heurística Educativa, la empresa Servicios Integrales de Evaluación y Medición Educativa S.C. (SIEME).
¿Porqué y cómo eligió la SEB esa integración? Es una pregunta que debería ser resuelta para entender el curso de los acontecimientos. No obstante, el hecho firme es que las propuestas de estándares fueron diseñadas, elaboradas, puestas a prueba y finalmente aprobadas para ser incorporadas en la iniciativa de Articulación de la Educación Básica, sancionada como Acuerdo 592 de la SEP, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 2011, y desde entonces en vigencia.
En la misma coyuntura temporal, entre SEP y SNTE fue suscrito el Acuerdo para la Evaluación Universal de Docentes y Directivos en Servicio de Educación Básica (31 de mayo de 2011). Estaba previsto que la evaluación universal tomara en cuenta, con distinto peso ponderados, todos los componentes previamente estandarizados, lo que quiere decir convenidos entre la autoridad educativo y el gremio magisterial. Para alumnos el ENLACE, y para maestros dos componentes: la preparación profesional y la evaluación sobre desempeño profesional, “con base en los estándares o los instrumentos y estrategias que para el efecto emita la SEP.”
Se recordará que la aplicación de la evaluación universal no fue simple y tersa. Al contrario, en un marco de progresivo alejamiento político entre el SNTE y el gobierno federal, esta evaluación se convirtió en un punto de conflicto. Finalmente se realizó durante 2012, aunque con carácter voluntario y lejos del objetivo de controlar, con sus resultados, el estatus laboral de los maestros.
Este recorrido apunta a mostrar dos cuestiones. Primera, que el SNTE en conjunción con la SEP ha perfilado, en forma conceptual y práctica, un modelo de calidad educativa cuyos ejes son la definición de estándares y la evaluación continua. Segunda, que para desafiar ese modelo e impulsar una alternativa, se requiere formular un proyecto educativo integral para la educación pública y privada del país. En espera de esta última vertiente quedamos, ojala pueda impulsarla la nueva SEP.
