El pasado 4 de marzo se dictó orden de formal prisión a Elba Esther Gordillo, cabeza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) desde 1989. Gordillo fue detenida, en el aeropuerto de Toluca, el 26 de febrero por la posible comisión de delitos de operación con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y lavado de dinero. Es probable que a esas acusaciones se añadan faltas fiscales, por existir inconsistencia entre el ingreso comprobado y el declarado a Hacienda para fines de pago de impuestos.
Está en la cárcel y todo parece indicar que no será una estancia breve. Además de a Gordillo se inició proceso judicial a tres coacusados que participaron presuntamente en las operaciones detectadas y documentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP. Ha trascendido que la persecución continúa: la mañana del 5 de marzo algunos medios informaron que se ha girado órdenes de aprehensión en contra de Francisco Arriola Urbina, quien fuera esposo de Elba Esther y uno de los principales operadores del SNTE en las últimas décadas, así como a otros personajes participantes en tareas de la contabilidad y operación financiera del Sindicato.
La primera hipótesis para explicar esta impactante noticia deriva del propio proceso encausado. Se trataría, en esencia, de un acto de justicia en contra de la corrupción que ha imperado en la agrupación sindical. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en un mensaje difundido en cadena nacional al día siguiente de la aprehensión de la lideresa, afirmó que “los recursos de los sindicatos son de sus agremiados, no de sus dirigentes. Deben utilizarse en beneficio de los propios trabajadores. La actuación de la Procuraduría General de la República se realiza en defensa de los derechos del magisterio y del patrimonio de los maestros.”
De ser este el caso, es decir que el Ejecutivo ha determinado confrontar con firmeza prácticas indebidas de apropiación privada de los recursos públicos, sería de esperarse una inagotable secuela de intervención sobre casos de corrupción más o menos escandalosos. Aparte de la estructura del SNTE, están otros casos sindicales prominentes, gobiernos estatales, partidos políticos e instancias de la administración pública. ¿Se iniciará una purga general o con un caso simbólico basta y sobra? Si la acción del Estado se limita a la dirigencia del SNTE, será inevitable que en la interpretación pública predominen otras vertientes de análisis, sobre todo políticas.
Segunda hipótesis. La detención del Elba Esther ocurrió el mismo día, vaya coincidencia, en que fue promulgada la reforma al artículo tercero de la Constitución, eje de la anunciada reforma educativa del sexenio, la cual, como se sabe, fue criticada, en sus implicaciones laborales, por la dirigencia sindical. Elba Esther declaró, repetidamente, que el SNTE se oponía a la regla de condicionar la permanencia en las plazas magisteriales a las evaluaciones docentes que se practiquen, y anunció que el sindicato se movilizaría para manifestar su oposición. En este contexto, la detención de la lideresa podría interpretarse como una inequívoca señal de que la reforma educativa no acepta esta clase de obstáculos, que nada la impedirá y que llegó para quedarse.
La acción penal contra la dirigente sindical fue seguida de manifestaciones conciliadoras de parte de los voceros del SNTE, lo que tendería a confirmar el efecto aparentemente buscado por la autoridad federal. Sin embargo la opción de “meter en cintura” a las fracciones mayoritarias en el sindicato, no va a evitar, quizás al contrario, la radical oposición de otros grupos, principalmente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en contra de la reforma. ¿Qué va a hacer el gobierno federal para alinear a los propósitos de la reforma a las secciones bajo control de la CNTE? ¿Se avizora un escenario de franco conflicto y posible represión en Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero? ¿Es viable tal confrontación o se puede evitar?
Tercera hipótesis. Es el fortalecimiento del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Con una acción casi quirúrgica, aunque los riesgos de metástasis están a la vista, el partido en el gobierno renueva posibilidades de atraer a su órbita a una de las agrupaciones más fuertes del país, el SNTE, con años de experiencia en trabajo político electoral y con presencia en todas las entidades. Recuperar el SNTE implica, desde esta lógica, asentar mejores oportunidades de triunfo en las elecciones de nivel estatal pendientes. Significa también restar posibilidades a las alianzas opositoras bajo la fórmula PANAL-PAN. Ya veremos si este es el caso en elecciones próximas, muy destacadamente en la contienda por la gubernatura de Baja California.
Estas tres hipótesis han sido profusamente manejadas en los medios de opinión pública. Algunos comentaristas se inclinan por alguna y otros por cualquiera de las otras. No obstante, también es posible y probable que los propósitos del gobierno en este caso se ubiquen en una intersección de tales vertientes, es decir un objetivo múltiple y no una acción limitada y puntual. Lo sabremos según el curso de los acontecimientos.
