El pasado 2 de abril el gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, acudió a la Cámara de Diputados para entregar a los legisladores federales de esa entidad una propuesta orientada a incidir en el proceso de reforma a la Ley General de Educación que se avecina como consecuencia de la reforma al artículo tercero de la Constitución.

Al término de la reunión, el gobernador Cué declaró en conferencia de prensa: “no estamos en contra de la evaluación; lo que queremos es que en la Ley General de Educación se definan muy bien cuáles son los criterios a través de los cuales se va a realizar esa evaluación, entendiendo que el país es muy diverso”, y añadió “Sí estamos a favor de la evaluación, pero bajo normas tropicalizadas que conozcan, que reconozcan en entorno en el que se desarrollan las niñas, los niños y los maestros del sureste del país”. Tropicalizar.

Al día siguiente, prácticamente toda la prensa del país, incluso los medios electrónicos, destacaron el término “evaluación tropicalizada” para criticar la postura del gobierno oaxaqueño. Lo menos que se dijo fue que, en aras de la gobernabilidad local, el gobernador había cedido a las presiones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que tiene en la Sección 22 del gremio magisterial uno de sus principales bastiones.

Probablemente sorprendido de la magnitud mediática de sus declaraciones, Cué procuró aclarar las cosas señalando que, en efecto, la iniciativa presentada a los diputados y senadores de la izquierda oaxaqueña busca poner en el tapete de la deliberación legislativa la importancia de considerar las realidades regionales a la hora de planificar los contenidos, materiales y métodos de enseñanza, los procesos de evaluación del aprendizaje y el desempeño docente, y en general la organización del sistema educativo como tal. Además, resaltó, la propuesta hace hincapié sobre los derechos educativos de las poblaciones indígenas, de las cuales Oaxaca es una rica expresión.

Por otra parte, el gobernador explicó que la propuesta entregada es el producto de un proceso de diálogo y acuerdo entre representantes sindicales, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y los poderes de la entidad federativa. Y tiene como antecedente directo, según Cué Monteagudo, el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO), convenido entre la sección sindical y el gobierno del Estado.

Además de la reacción de los medios nacionales, la acción del gobernador fue cuestionada por la propia Asamblea de la Sección 22. Según los maestros oaxaqueños, la propuesta de Cué en realidad no refleja, a cabalidad, el contenido del PTEO ni agrega la enorme lista de demandas que el gremio magisterial ha exigido en el estado. Que, por lo tanto, no cuenten con la CNTE para respaldar dicha propuesta.

Parecía que Cué quedaba como el cohetero. Sin embargo, el 18 de abril más de un centenar de diputados federales, principalmente de los partidos de la izquierda parlamentaria, aunque también algunos del PRI y el PAN, sometieron a la deliberación de la Cámara de Diputados la iniciativa planteada por el gobierno de Oaxaca. Esto es, para discutir la ya famosa norma tropicalizada, cosa que deberá ocurrir una vez que se reanuden las sesiones ordinarias del Congreso y, puede suponerse, al momento en que arranque el proceso deliberativo en torno a las propuestas del Ejecutivo Federal para modificar las normas secundarias en el campo educativo.

¿Cómo se explica que la tan cuestionada idea de tropicalizar la acción educativa encuentre ese nivel de respaldo en el medio legislativo? ¿Acaso los diputados también están cediendo lugar a las demandas de la CNTE?

Nada de eso. Quizás al contrario. No sobra recordar que uno de los compromisos de Pacto por México va exactamente en el sentido que propone el gobierno de Oaxaca sobre la evaluación educativa. Señala el Compromiso 8 de ese acuerdo entre los partidos: “Se dotará de autonomía plena al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), consolidando un sistema de evaluación integral, equitativo y comprehensivo (sic), adecuado a las necesidades y contextos regionales del país.”

Algo querrá decir lo de “sistema de evaluación… adecuado a las necesidades y contextos regionales del país.” Por ello es pertinente, al menos, la discusión de cómo articular las necesidades de una evaluación de orden general, sobre estudiantes y maestros, con fórmulas de evaluación que tomen en cuenta, registren y ponderen los elementos de diversidad propios de las regiones del país. Lo que no va a ser fácil será decidir si la evaluación “con consecuencias”, es decir aquella que se aplique para efectos de ingreso, promoción y permanencia docente, mantendrá un formato universal o uno tropicalizado. No está nada fácil.

Nota: Sobre la iniciativa de Cué respaldada por los diputados federales véase la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 25 de abril de 2013.