El 27 de abril de 2012, el entonces candidato de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, en un acto proselitista realizado en Puebla, presentó y firmó el “compromiso nacional 39” de campaña. Éste indica, textualmente, “ampliar la cobertura en educación superior en el país y que alcance al menos el 45 por ciento, lo que permitirá que un millón y medio más de jóvenes en México puedan cursar la universidad.”

Casi un mes después, reiteró esa meta al presentar sus propuestas educativas en la XX Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), organizada para brindar espacio a los candidatos en la contienda presidencial. Ante más de un centenar de rectores y directores de las Instituciones de Educación Superior del país, el futuro presidente externó su compromiso de llevar la cobertura de la educación superior del “treinta al cuarenta y cinco por ciento, por lo menos” en el término del sexenio.

Enrique Peña Nieto fue electo el primero de julio de 2012, y confirmado ganador en agosto del mismo año. El primero de diciembre tomó posesión y un día después fue suscrito y dado a conocer el “Pacto por México”, a través del cual el Ejecutivo Federal y los dirigentes de los partidos PRI, PAN y PRD asumieron acuerdos para aquellas políticas públicas y cambios normativos en que coinciden.

En el Pacto por México, la meta de cobertura fue enunciada así: “Se asegurarán los recursos presupuestales necesarios para incrementar la calidad y garantizar la cobertura en al menos al 80 por ciento en educación media superior y en al menos 40 por ciento en educación superior (Compromiso 14). La meta modificada (cuarenta en vez de cuarenta y cinco por ciento) fue ratificada en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, dado a conocer el pasado 20 de mayo. Por el carácter normativo del PND, es indudable que tal meta quedará en los términos formulados, aunque hace falta que se precisen detalles en el programa sectorial correspondiente. Hace falta saber, por ejemplo, si el indicador habrá de contemplar sólo la educación superior de carácter escolarizado, o si se tiene previsto añadir la matrícula de las modalidades mixta, abierta y a distancia.

También es importante que se defina en qué medida se prevé reducir la actual brecha de cobertura por entidades federativas, y cuáles son los escenarios de mejora cuantitativa en las principales concentraciones urbanas y metropolitanas del país. Es de esperarse que el programa aborde esos ángulos de la problemática para tener una idea más clara del significado e implicaciones de la meta general.

Sería bueno, además, que se brindara una explicación pública de las razones que llevaron a reducir la meta comprometida en campaña al nivel ya oficializado en el PND. ¿Se revisaron los costos de la inversión pública para cumplir la propuesta? ¿Se llevó a cabo un ejercicio de planeación para identificar el comportamiento de la demanda? ¿Se buscan controlar los efectos del incremento de matrícula sobre el mercado laboral? O qué.

No carece de interés, por lo pronto, constatar las variaciones del indicador de cobertura y sus posibles escenarios en función de las modificaciones en las proyecciones de población derivadas de la conciliación demográfica entre el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). Las nuevas proyecciones se difundieron durante el segundo semestre de 2012, aunque fueron presentadas oficialmente en diciembre.

Las proyecciones confirman dos sesgos de subestimación de las tendencias poblacionales. Por una parte, la tasa de natalidad es mayor que la considerada en ediciones previas; por otra el saldo migratorio neto es asimismo inferior al estimado, probablemente por una reversión de la pauta migratoria desarrollada la década pasada. Ambos elementos producen un mayor volumen de población, que tiende a concentrarse, principalmente, en los segmentos de menor edad.

Para el grupo que se toma como referencia al calcular la tasa bruta de educación superior (19 a 23 años), las proyecciones usadas en el sexenio del presidente Calderón estimaban para 2012 un total de 9.9 millones de jóvenes. Con ese dato, y una matrícula que en ese año ascendió, entre escolarizada y no escolarizada, a 3.16 millones de alumnos, se tenía como válida una tasa de cobertura de casi 33 por ciento. Al considerar solo la matrícula escolarizada, la tasa disminuía al treinta por ciento.

Las nuevas proyecciones indican, en cambio, que en 2012 la población de dicho grupo de edad ascendió a 10.6 millones de jóvenes, lo que implica que el indicador de cobertura disminuye tres puntos porcentuales, ya sea que se tome la matrícula total o solo la escolarizada. Por lo tanto, el punto de partida es distinto del que se tenía previsto. Más complicado aún: las proyecciones previas señalaban que en el 2018 el grupo llegaría a 9.8 millones de jóvenes, cifra inferior, por cierto, a la de 2012. Las nuevas dicen que no, que el grupo sumará 10.9 millones de individuos. ¡Una diferencia de un millón!

El cuarenta por ciento del grupo de edad 19-23 años para 2018 equivale a 4.3 millones de individuos. Para alcanzar esa meta hace falta entonces aumentar en torno a 1.3 millones la matrícula actual, cantidad que, de todos modos, resulta inferior al incremento originalmente comprometido. También es de interés explorar que ocurriría si se logra la meta del 80 por ciento de cobertura en media superior: ¿crecerá o disminuirá la proporción de rechazados? Lo vemos la próxima semana.