Después de dos décadas de crecimiento desenfrenado en su sistema de educación superior, el Congreso de Perú está debatiendo una nueva ley universitaria, que busca mejorar la calidad del sector. A la vez, como ha sucedido en Ecuador, Chile y Colombia, entre otros países, las propuestas están desatando fuertes protestas sociales.
Entre los aspectos más controvertidos de la propuesta de ley es la creación de una nueva Superintendencia de Educación Superior, que ejercería un control amplio tanto sobre las instituciones privadas como las públicas. La reforma también haría obligatoria la acreditación de universidades y programas, y —siguiendo los ejemplos de Ecuador y Panamá— cerraría de forma automática a aquellas instituciones que no logren acreditar su buen nivel. A su vez, permitiría la entrada de la policía en los campus universitarios en casos “excepcionales”, y castigaría a estudiantes revoltosos con expulsión.
La reforma, que está bajo discusión en la Comisión de Educación del Congreso, ha enfrentado fuerte oposición por parte de la Federación de Estudiantes del Perú y la Asamblea Nacional de Rectores, que acusan al gobierno de atentar contra la autonomía universitaria. El presidente de la Comisión, el general Daniel Mora, niega las acusaciones e insiste en que la reforma es necesaria para fomentar el futuro desarrollo económico del país.
A pesar de padecer de altos niveles de pobreza, Perú cuenta con una de las tasas brutas de matrícula en educación superior más altas de la región: 43 por ciento en 2010, comparado con el promedio de 37 por ciento en América Latina y el Caribe, según datos del Banco Mundial. También, el porcentaje del grupo de edad (tasa neta) inscrito en la educación superior en Perú supera por mucho el de varios países de la región: 26 por ciento en 2010, según la última encuesta. En comparación, Brasil tenía una tasa neta de 12 por ciento y México, un 18 por ciento, según estimados de expertos de educación superior.
La expansión del sistema peruano es en gran parte resultado del Decreto Legislativo 882, de 1996, que abrió la puerta a las instituciones educativas con fines de lucro, y de los pocos controles gubernamentales sobre el sector. En 2010, 60 por ciento de los 840 mil estudiantes universitarios del país asistían a instituciones privadas, comparado con menos de 40 por ciento a principios de los años 90. En un intento por frenar la tendencia privatizadora, en 2011, el gobierno aprobó la creación de 15 nuevas universidades públicas.
Sin embargo, el crecimiento en la matrícula y en el número de instituciones — un promedio de siete nuevas universidades por año entre 2000 y 2010— no fue acompañado por controles de calidad. Mientras el gobierno tiene las facultades de autorizar nuevas instituciones, éstas no son sometidas a evaluaciones externas. La Asamblea Nacional de Rectores resolvió en 1994 crear un sistema nacional de acreditación, con base en autoevaluaciones y bajo la supervisión del organismo. Pero hasta la fecha, sólo un puñado de programas ha sido acreditado, según la propia asamblea. En el caso de las nuevas universidades públicas, la mayoría opera con presupuestos muy limitados y comparte instalaciones y docentes con universidades ya existentes, según reportó el periódico El Comercio.
La pobre calidad de la educación superior no es un tema nuevo en Perú. Las primeras propuestas para una reforma universitaria datan de principios de la década pasada. Pero la poca representación de las universidades peruanas en los rankings internacionales ha aumentado la presión sobre el gobierno para tomar cartas en el asunto. Ninguna de las más de 130 universidades del país figura dentro de las 600 mejor calificadas del mundo, según el último rankingde Shanghái. Y solo una, la Pontificia Universidad Católica de Perú, está entre las primeras 30 en América Latina, según el ranking del Times Higher Education.
El último Índice Global de Competitividad, del Foro Económico Mundial, citó al pobre nivel de los sistemas de educación superior y de investigación y desarrollo en Perú como los principales frenos para su desarrollo económico. En términos de la educación secundaria, Perú también sale muy mal parado. En la prueba PISA de 2009, se colocó en el lugar más bajo de los 10 países latinoamericanos participantes.
Como respuesta, el presidente Ollanta Humala, quien tomó posesión en 2011, ha prometido poner a la reforma educativa al centro de su agenda gubernamental. Inclusive, el ex golpista militar y auto-denominado izquierdista ha adoptado muchas de las recomendaciones de las instancias multinacionales en la materia, en un intento por volver al país una potencia económica.
"Hemos invertido en materias primas y recursos naturales, pero no en el recurso humano y nosotros queremos revertir eso, hacer un cambio de 180 grados e invertir primordialmente en el recurso humano, inteligencia, entusiasmo, tenacidad y en la capacidad innovadora de las generaciones que vienen", dijo Humala en entrevista con el periódico La Republica a principios de agosto.
El nuevo enfoque del presidente, sin embargo, no ha sido del todo bien recibido. El 4 de julio, después de varias semanas de manifestaciones, miles de empleados públicos y estudiantes universitarios marcharon en Lima y en otras ciudades en contra de la nueva Ley del Servicio Civil, firmado por Humala ese mismo día. La ley busca mejorar la calidad del servicio público del país a través de imponer nuevas evaluaciones de servidores públicos, incluyendo a maestros. Humala insiste en que las medidas son necesarias para crear una “meritocracia” en el servicio público, pero los trabajadores temen despidos masivos en el sector.
Los manifestantes también se opusieron a las propuestas de reforma a la Ley Universitaria. Docenas de estudiantes fueron reprimidos y golpeados por la policía cuando intentaron entrar al Congreso, en donde se estaba votando algunos de los artículos de la reforma. Los choques dejaron por lo menos ocho heridos, incluyendo a un estudiante y un policía, según reportes de prensa local.
La actual Ley Universitaria data de 1982, y hay un consenso en Perú de que urge ser modificada. Desde finales del año pasado, la Comisión de Educación del Congreso ha recibido más de 40 propuestas de reforma de distintos sectores, incluyendo el ejecutivo, las federaciones de estudiantes y la Asamblea Nacional de Rectores. Sin embargo, muchos se oponen a la versión final de la ley.
Para los estudiantes, el punto más álgido se trata de las nuevas restricciones sobre las protestas políticas dentro de los campus, que proveen inclusive que el hacer pintas en las paredes es motivo de expulsión. También, exigen la elección directa de las autoridades universitarias. Bajo el proyecto de ley, por primera vez, todos los universitarios podrían votar por el rector, pero los votos de los académicos y administradores contarían doble.
En el caso de los rectores, la propuesta final retoma muchas de sus iniciativas, como la acreditación obligatoria y el requisito de la tesis para la obtención del grado de licenciatura. Pero están furiosos por la decisión de desaparecer a su asociación, cuyas funciones serán incorporadas dentro de la nueva Superintendencia. Los legisladores, por su parte, argumentaron que la Asamblea Nacional de Rectores, al fungir como juez y parte, no puede asegurar la calidad de las instituciones de educación superior.
La nueva ley también fijaría una inversión mínima en investigación en ciencia y tecnología dentro de las universidades, de 10 por ciento de recursos autogenerados y no menos de 15 por ciento del presupuesto estatal para la investigación científica. En el caso de las instituciones privadas, tendrían que gastar como mínimo 15 por ciento de su presupuesto en CyT, y llegar a 25 por ciento dentro de 10 años.
Actualmente, las universidades públicas ubicadas en zonas mineras del país reciben 20 por ciento del total de ingresos y rentas obtenidos por el estado por la explotación de los recursos naturales, para el uso exclusivo de investigación científica y tecnológica. Sin embargo, en la práctica las instituciones utilizan menos del 5 por ciento de la cuota —conocido en Perú como el “canon”—para CyT, según un estudio realizado por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú. De los 283 millones de dólares que fueron entregados a las universidades como concepto de canon en 2009, sólo se utilizó $13 millones para actividades científicas, según el estudio. El resto fue utilizado en la construcción y mantenimiento de edificios y en otras áreas no relacionadas con la investigación.
La reforma universitaria busca evitar tales desvíos al implementar un sistema más eficaz de fiscalización de recursos. También, congelaría permisos para la creación de nuevas universidades, hasta no implementar nuevos mecanismos de control de calidad. Las nuevas instituciones tendrían que consistir de por lo menos dos facultades y ofrecer carreras en áreas de alta demanda.
Éste último requisito ha enfrentado fuerte oposición por parte de los rectores de las universidades privadas, que ven el intervencionismo del estado. La reforma “pretende regular oferta y demanda … pero es muy difícil predecir cuales van a ser las carreras del futuro”, dijo Gonzalo Galdós, rector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, una institución con fines de lucro, que tiene 25 mil estudiantes. “Es quitarles a los jóvenes la posibilidad de elegir qué quieren estudiar y de usar su vocación como mecanismo de decisión”.
Para Mora, el presidente de la Comisión de Educación, tales argumentos carecen de sustento. Acusa a los rectores de intentar seguir lucrando con la educación a expensas de la nación.
“Estos mercantilistas de la educación no quieren que la juventud progrese en el país,” sostuvo en declaraciones a la agencia Andina en julio. “Prefieren que los futuros peruanos sigan ignorantes, mientras ellos se llenan los bolsillos con el dinero del pueblo”.
Por su parte, el presidente Humala ha desestimado las críticas en contra de la reforma. En julio, calificó de “delincuentes” a los encapuchados que participaban en las protestas. “No parecen jóvenes universitarios, parecen otra cosa”, dijo. Sin embargo, el jefe del Gabinete Ministerial, Juan Jiménez, anunció a finales de julio que el gobierno estaba abierto a dialogar con los estudiantes sobre la reforma en los próximos meses. “No tenemos porqué tener una decisión distinta a la de los jóvenes”, dijo.
