Es una historia antigua. Un antecedente clave se ubica en la coyuntura de remplazo a la dirigencia nacional del SNTE en 1973. La corriente sindical de Carlos Jongitud Barrios, con el apoyo del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), desafió y puso fin al liderazgo del ingeniero Jesús Robles Martínez, quien encabezó al gremio magisterial desde el tiempo de Miguel Alemán Valdés (1946-1952). Echeverría sustentó en la nueva dirigencia el proyecto de reforma que caracterizó a la gestión educativa de su periodo.
En sus inicios, la estrategia de aproximación de Vanguardia Revolucionaria, nombre que adoptó la corriente de Jongitud, al nuevo régimen consistió, por una lado, en moderar las demandas económicas que venía sosteniendo el magisterio, y por otro en pugnar por el funcionamiento de un tablero para la participación sindical en los procesos de ingreso, promoción y permanencia de los maestros. Esta vertiente, conocida entonces como “la lucha por el escalafón”, fue resuelta mediante la promulgación, en diciembre de 1973, del Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la SEP.
Previamente, en noviembre de 1973, había sido decretada la Ley Federal de Educación LFE). En este ordenamiento se anticipaba la recreación de un Consejo Nacional Técnico de la Educación con la calidad de “órgano de consulta de la Secretaría de Educación Pública y de las Entidades Federativas, cuando éstas lo soliciten que se encargará de proponer planes y programas de estudio y políticas educativas.” Sobre la integración del organismo, la Ley establecía, solamente, que “el Consejo se integrará con representantes de las instituciones públicas que participen en la educación nacional.” (LFE, Art. 26).
El SNTE cooperó directamente con el régimen echeverrista en la mayor parte de las iniciativas implantadas en torno al proyecto reformista. Para comenzar, a través de la operación de la Comisión Coordinadora de la Reforma Educativa (1972) que tuvo el encargo de generar las propuestas tanto pedagógicas como organizativas que impulsarían el programa sexenal del régimen en materia educativa. En materia política el SNTE operó, en ese periodo, como un contrapeso significativo del poder acumulado por la Confederación de Trabajadores de México, la CTM de Fidel Velázquez, así como de la izquierda crítica que cuestionaba el populismo del régimen.
A cambio de sus apoyos, el SNTE logró incidir sobre la problemática educativa del país en prácticamente todos sus aspectos, no sólo los laborales. Durante el sexenio se acordó un incremento salarial escalonado, se abrieron nuevas partidas para actualización docente y mejoramiento del magisterio, así como para facilitar la operación del esquema de escalafón pactado. También para la expansión y consolidación de la estructura sindical como tal. Corresponden al periodo la autorización de comisiones docentes para que los maestros participaran en las tareas de planeación y gestión de la reforma, la flexibilización de las asignaciones laborales (la opción de que los profesores pudieran ocupar varias plazas), y como una gradual pero muy sólida perspectiva de bilateralidad en la deliberación de cualquier proyecto educativo que implicara, directa o indirectamente, a los maestros.
En el sexenio siguiente (José López Portillo, 1976-1982) la bilateralidad se mantiene y avanza. Es aprobado el reglamento de la CONALTE y se establece una integración básicamente bipartita (SEP-SNTE), aunque con algunos representantes sociales fuera del binomio para mejorar la posición de la autoridad en el órgano colegiado. Entran en operación comisiones estatales que, por supuesto, serán colmadas con los recursos políticos del sindicato. Además comienzan a operar, bajo el esquema de escalafón instituido, comisiones estatales que se encargarían de operar en todos los detalles las asignaciones de nuevas plazas y las promociones en la trayectoria docente, incluidas las posiciones de supervisión y dirección. El SNTE pasa a ocupar la posición de interlocutor fundamental para la gestión del sistema.
Surgen en el periodo de López Portillo los primeros conflictos dentro del nuevo marco de relaciones. Uno de los más agudos ocurrió en torno a la creación de la Universidad Pedagógica Nacional (1978). El sindicato proponía que la nueva institución estuviera al servicio de los maestros con plaza para la obtención de títulos de licenciatura, posgrados y actualización. La autoridad educativa deseaba, más bien, conformar una nueva instancia para la formación de recursos docentes y de investigación en el campo educativo. Aunque se encontró una solución conciliadora, las fricciones causaron una mutua animadversión que sería acrecentada por la relativa interrupción, a finales de los setenta, del flujo de recursos económicos al sindicato auspiciado por el gobierno antecesor.
Durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) la SEP procuró concretar el proyecto de descentralización del sistema educativo que se había iniciado en 1978 con la creación de las delegaciones de la SEP en los estados. El SNTE se opuso frontalmente a la iniciativa y ésta no prosperó. Aparte, la tremenda reducción del gasto educativo durante el sexenio provocó el deterioro de las relaciones SEP-SNTE en materia laboral. Para evitar el conflicto, el régimen del presidente De la Madrid hubo de ceder posiciones de autoridad al sindicato tanto en la SEP como en los órganos de autoridad educativa en los estados.
Al asumir Carlos Salinas de Gortari el poder ejecutivo federal se percató de la imposibilidad de negociar con el SNTE de Jongitud el proyecto de modernización educativa que tramaba, el que implicaba reformar el Artículo Tercero Constitucional, una nueva ley educativa y la descentralización de los servicios. Por lo tanto, quitó a Jongitud y puso a Elba Esther Gordillo, lo que abrió un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales.
