Referirse al desarrollo de la organización magisterial en las últimas dos décadas es prácticamente imposible sin aludir a las formas de control y uso político del gremio, así como a las alianzas y rupturas con los poderes fácticos del país de su principal dirigente, la profesora Elba Esther Gordillo. Desde un enfoque que coloca el acento en la actuación de quien se consideraba la lideresa suprema del SNTE, aunque el periodo de 1993 a 2013 ostentó distintos cargos en el organismo, simplifica las explicaciones pero, también, inhibe posibilidades para entender cómo, en un contexto absolutamente desfavorable al poder de la agrupaciones de trabajadores, el sindicato de los maestros no sólo logró sobrevivir, con el acoso constante de críticas contra el corporativismo, el clientelismo y la corrupción, sino convertirse en un agente clave para el diseño e implantación de los proyectos educativos experimentados en los últimos cuatro periodos presidenciales.
A diferencia de la mayoría de los grandes sindicatos en México (petroleros, mineros, telefonistas, electricistas, ferrocarrileros y trabajadores de la salud), que optaron por retraerse de la agenda política nacional para concentrar fuerzas en la arena laboral, el SNTE siguió una ruta distinta y en más de un sentido original: ampliar base y estructura, participar en el tablero político nacional, en sus distintas expresiones, e incidir sobre la gestión de su materia de trabajo: la educación básica y la formación de profesores.
La dirigencia sindical encabezada por Gordillo se alió, en primer lugar, al proyecto de descentralización de los servicios de educación pública propuesto, desde 1989; en el plan de modernización educativa del presidente Salinas de Gortari. Con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) suscrito en mayo de 1992 por el ejecutivo Federal, los gobernadores de los estados y la autoridad del SNTE, se perfilaba, para el sindicato, un escenario de enorme complejidad: mantener estructura y operación orgánica, con alcance nacional, enfrentando el reto de dispersión que implicaba la fórmula descentralizadora. Había varias opciones, fundamentalmente reconstituir la estructura nacional del organismo, para establecer una suerte de federación de sindicatos estatales, o bien apuntalar la estructura piramidal con que ya contaba el sindicato reforzando las líneas de comunicación y control de las representaciones locales. Se optó por la segunda solución.
Un elemento clave para procesar la definición adoptada consistió en lograr el pleno reconocimiento de la bilateralidad entre el sindicato y las autoridades educativas, la federal y las correspondientes a los estados, mediante la expresión legal de esa fórmula. En 1993 se aprobó una nueva Ley General de Educación en la cual, mediante un artículo transitorio, se reconocen y registran los derechos de representación sindical que no serían mermados, sino al contrario, en el proceso descentralizador. El transitorio señala, textualmente: “Las autoridades competentes se obligan a respetar íntegramente los derechos de los trabajadores de la educación y reconocer la titularidad de las relaciones laborales colectivas de su organización sindical en los términos de su registro vigente y de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes al expedir esta Ley”. (LGE, Art. 6to. Transitorio).
Como señalan acertadamente M. Zorrilla y B. Barba, el ANMEB “sólo alude a la reorganización y a la transferencia de la operación de los servicios de educación básica y de formación de docentes; sin embargo, tanto el sindicato como las autoridades federales y de los estados usaron el concepto de federalización para hablar del proceso mediante el cual se buscaba redistribuir entre los tres órdenes de gobierno las funciones educativas y construir un nuevo federalismo educativo.” (Reforma educativa en México, descentralización y nuevos actores, Sinéctica 30, 2008).
Usos políticos de la descentralización: el SNTE se fortalece
Un año después, en 1994, se realizó el Primer Congreso Nacional de Educación del SNTE, previsto en la reforma estatutaria de 1992. Con el carácter de conclusiones del congreso, se publicó, el año siguiente, el documento “Diez propuestas para asegurar la calidad de la Educación Pública”. El texto, cerca de ciento cincuenta páginas, sistematiza un diagnóstico completo de la educación básica del país, la formación de maestros, y las condiciones del trabajo magisterial en el país. Para cada uno de los problemas enunciados se proponen soluciones y alternativas prácticas, las que están agrupadas en las diez propuestas. Visto con objetividad el documento mantiene vigencia y no pocos de los retos enunciados se podrían leer, perfectamente, como respuestas a problemas del presente. Por ejemplo: “Diseñar mecanismos político-administrativos eficientes que garanticen el carácter rector del Estado en la educación; que establezcan y articulen las competencias de la Federación, estados y municipios y canalicen y regulen la participación social”, o bien “Cumplir el compromiso de establecer un sistema nacional integrado de formación, actualización, capacitación y superación profesional que asegure las condiciones para garantizar la calidad profesional del trabajo de cada maestro, en todos los grados, niveles y tipos del sistema educativo.”
Lo más importante, es que el SNTE demostraba capacidad para proponer agenda y ciertamente condiciones para aportar respuestas a la problemática educativa nacional. Una de las conclusiones del congreso subrayaba la necesidad de impulsar un programa de “carrera magisterial” que diera incentivo al mejoramiento continuo de las competencias profesionales de los maestros. Al poco tiempo esa fue la solución adoptada.
Los propósitos de mediano y largo plazo de la federalización sólo podrían cumplirse con la construcción de capacidades locales (estatales y municipales) para gestionar la enorme estructura de la educación básica. No sólo las de implementación de los programas federales, sino, fundamentalmente, la administración del servicio. Los estados, salvo contadísimas excepciones no tenían esas capacidades y el espacio abierto fue ocupado entonces por la burocracia sindical. Desde luego no fue solamente una cuestión de pragmática organizacional, los elementos políticos del proceso estuvieron presentes desde un inicio: construir una relación orgánica entre el sindicato y los poderes ejecutivos de las entidades federativas, lo gobernadores pues. En pocos años, el SNTE habría de ocupar la totalidad de las posiciones de supervisión, dirección y la mayoría de los puestos ejecutivos en las instancias de autoridad de los estados, prácticamente sin excepción.
Como efecto de este proceso en sus fases iniciales, la estructura sindical se expandió notablemente, y dio inicio la fórmula de la “doble negociación”, una parte con la SEP y la otra, donde las comisiones estatales de escalafón jugarían un papel relevante, con los gobernadores. Incluso la negociación salaría tendría, en adelante, esa doble cara, con toda suerte de efectos perversos sobre el sistema: la tentación de los gobiernos estatales por tener a su favor la fuerza política del Sindicato, la tentación de alentar conflictos de carácter sindical (la CNTE de Oaxaca es un ejemplo claro pero no es el único) para mejorar las condiciones de negociación del gobierno local con la Federación en materia de recursos educativos, y el derecho de veto del SNTE sobre todos los niveles de autoridad del sistema.
Los tecnócratas y el SNTE
Carlos Salinas fue un presidente tecnócrata y político. Su sucesor, Ernesto Zedillo Ponce de León, más lo primero que lo segundo. Sus intentos por acotar el poder que acumulaba el SNTE en el marco de la federalización fueron vanos y se toparon con la realidad de un gremio magisterial que había asumido el control de un sistema que corría riesgos de desintegración. Además, el sindicato, fundamentalmente la dirigencia, desarrolló una impresionante capacidad de metamorfosis. En los cuatro sexenios del periodo de Gordillo no hubo una sola medida o programa educativo en que se abstuviera de participar con el objetivo, tácito o declarado, de mantener control sobre las políticas públicas del campo educativo. Incluso las propuestas tecnocráticas más incisivas encontraron reflejo en los planteamientos del gremio a propósito de la calidad educativa, la promoción de directivos y maestros por concurso, los sistemas de evaluación, y la generalización de las TIC en el campo educativo. A veces más papistas que el Papa, como fue el caso de la propuesta sindical de generar una Norma Oficial Mexicana para el control de la calidad de los servicios de la Educación Básica.
En la agenda política del sindicato, la primera década de este siglo trajo consigo un reto formidable, al menos en apariencia: transitar de su papel como uno de los pilares del poder del PRI y sus estructuras políticas estatales, a ser un aliado fundamental para los gobiernos del PAN. El reto no solo era mantener la interlocución con la nueva formación gobernante, sino la capacidad de iniciativa y las condiciones de articular los nuevos bloques de alianza política en la escena. Dos eventos, la firma del Compromiso Social por la Calidad de la Educación (2002) y la firma de la Alianza por la Calidad de la Educación (2008), ejemplifican la aproximación del gremio magisterial organizado hacia nuevas fórmulas de articulación del proyecto educativo. El SNTE no tuvo empacho, es otro ejemplo, en participar en proyectos tales como la Guía de Padres o la Enciclomedia (ambos en 2003) aunque éstos estuvieran lejos de su agenda y propuesta educativa.
Más aún, durante los gobiernos del PAN el SNTE amplió su área de influencia de la educación a otras estructuras políticas y sociales. Prácticamente tomó control del ISSSTE, con las implicaciones que ello supuso para el acceso a beneficios de atención médica y diversas prestaciones sociales. Dirigentes del sindicato fueron postulados a representantes en el Congreso Federal y los congresos de los estados por prácticamente todos los partidos políticos. Estuvo la organización magisterial detrás de la postulación de varios gobernadores y operó en favor de tales candidaturas. Culmina este proceso de expansión política con el respaldo activo a la candidatura del presidente Felipe Calderón Hinojosa, y la obtención de la principal subsecretaría de la SEP, la de educación básica.
¿Se quiebra, transforma o profundiza el binomio SEP-SNTE?
El encarcelamiento de la profesora Gordillo, la aprobación del paquete de reformas a la legislación educativa que augura un mayor grado de control de las autoridades educativas sobre los procesos laborales del magisterio, parecerían indicar que el sindicato, al inicio de la presidencia de Enrique Peña Nieto, está obligado a transformarse para seguir cumpliendo su misión de proteger los intereses gremiales.
Pero no hay que acelerarse. También hay síntomas de realismo ante los costos políticos y educativos que significaría desplazar a la organización magisterial en la gestión y operación del sistema. Así puede leerse el apoyo de los gobernadores Gabino Cué (Oaxaca) y Roberto Borge (Quintana Roo) a las demandas sindicales en sus respectivas circunscripciones territoriales.
Otro ejemplo: el pasado 20 de septiembre, la fecha es importante porque es posterior a la aprobación de nuevas normas educativas, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 696 de la SEP por el que “se establecen normas generales para la evaluación, acreditación, promoción y certificación en la educación básica.” Este instrumento habrá de regular “la evaluación, acreditación, promoción y certificación de los alumnos que cursan la educación básica” (Art. 1). La norma indica cómo van a ser las evaluaciones anuales en primaria y secundaria, los requisitos para pasar de año, y el sistema de calificaciones. Se estipula que habrá un sistema combinado (numérico y cualitativo) para evaluar el aprovechamiento escolar y se abre la posibilidad de que, en contextos socioeconómicos o culturales específicos, las comunidades escolares propongan adaptaciones al nuevo esquema.
En el comunicado 137 de la Dirección de Comunicación Social de la SEP, también del 20 de septiembre, se explica que el examen final de cada grado serán “elaborado por los Consejos Técnico Escolar, el Técnico de Zona o por la autoridad educativa local. Dicho examen se hará con preguntas abiertas que muestren los aprendizajes más relevantes de los alumnos, respecto a la totalidad de las asignaturas cursadas.”
Los consejos a los que se refiere el párrafo anterior están integrados por profesores y autoridades de los centros y zonas escolares, en los cuales la presencia sindical es abrumadora. En el mejor de los casos, operará la instancia bilateral para la definición de estas evaluaciones. La pregunta es: ¿Y el INEE? ¿No que sería el ente rector del sistema de evaluación educativa del país? ¿Acaso la evaluación de estudiantes no forma parte de ese sistema? Interesante, sin duda.
