Más que nada es curiosidad. Antecedentes: el presidente Vicente Fox Quezada (2000-2006) presentó el Programa Nacional de Educación el 28 de septiembre de 2001, en el Palacio de Bellas Artes. El 29 de noviembre de 2007 el presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) hizo lo propio en la ciudad de Oaxaca, aunque en esa ocasión se dieron a conocer el conjunto de programas que configuraban el denominado Programa Sectorial Social 2007-2012, lo que incluía la planeación de Educación Pública, Salud, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Reforma Agraria, todo en un solo grupo, con exposiciones del presidente de la República y de los titulares del gabinete social.

Este sexenio ya estamos en diciembre y aún no es pública la fecha en que se dará a conocer el programa federal educativo. No debe faltar mucho porque así lo establece la normativa. La Ley de Planeación (LP) estipula que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) debe darse a conocer, a más tardar, “al cumplirse seis meses de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República” (artículo 21). La LP no marca plazo a la difusión de los programas sectoriales, pero sí indica, según disposición añadida en 2012, que éstos deben ser dictaminados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En función de esa atribución, el 10 de junio de este año se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo de la SHCP con los “Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.” La norma puntualiza la estructura de los programas que se derivan del PND, los formatos a los que deben ceñirse, la ruta crítica, así como el proceso de seguimiento en el marco del PND sexenal.

El acuerdo de Hacienda establece que las entidades responsables han de remitir a esa dependencia una primera versión de los programas sectoriales “a más tardar el 16 de octubre de 2003”, para que la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) de Hacienda los revise y dictamine. La UED procede entonces a supervisar se cumplan los requisitos de fondo, forma y estilo indicados en el acuerdo. En cuanto al fondo, la perfecta alineación de los objetivos, estrategias, acciones e indicadores-meta con el contenido del PND al respecto. Es la “matriz de marco lógico” que se comenzó a emplear el sexenio pasado.

En cuanto a la forma, se indican las extensiones para cada componente del programa: un diagnóstico general en siete mil palabras máximo; objetivos de veinte palabras y justificaciones de estos en 250 palabras a lo más. Para los enunciados de estrategia también veinte palabras, y para las líneas de acción de las mismas dos criterios: hasta diez líneas de acción por estrategia, y cada una de estas en veinte palabras o menos.

Por último, los indicadores para la medición del logro de objetivos deben cumplir, según lo fijado por Hacienda, los siguientes criterios: un máximo de tres indicadores por programa sectorial (oigan, son poquitos), que incluyan una descripción general en un máximo de 250 caracteres; observaciones en 500 caracteres como más, la periodicidad y la fuente de la medición, así como los datos correspondientes a la “línea base 2013” y la “meta 2018”. Conviene anotar en este punto que el PND ya incluye dos de estos indicadores: los resultados de las pruebas ENLACE, y las tasas de eficiencia terminal por nivel educativo.

Ambos indicadores son problemáticos: probablemente el ENLACE que conocemos desaparezca del panorama, según lo recomienda el Acuerdo 592 de la SEP sobre la articulación de la educación básica (19 de agosto de 2011), cuyo artículo octavo transitorio establece, entre otros puntos, “la migración de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares de Educación Básica (ENLACE) hacia una evaluación cuyo referente sean los Estándares Curriculares y los aprendizajes esperados”. El actual titular de la SEP ha expresado en varias oportunidades la necesaria transformación del instrumento, y de hecho actualmente está en manos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación un dictamen técnico. Por su parte, el indicador de eficiencia terminal tradicional es, como se sabe, uno de los menos afortunados para medir el desempeño de los sistemas educativos. Pero, en fin, así está en el PND y probablemente el sectorial de educación siga esa línea. ¿O no?

Con respecto al estilo, el acuerdo secretarial no se pronuncia, pero sí lo hace la Guía técnica para la elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, elaborada por la SHCP para apoyar a las dependencias que participan en el sistema nacional de planeación. De acuerdo con ese documento, en la formulación de los programas “deberá procurarse utilizar una redacción en Lenguaje Ciudadano, así como la integración de glosarios de términos según sea necesario.” Lenguaje Ciudadano quiere decir, se aclara en la guía, discurso simple, que cualquier ciudadano pueda entender.

La UED tiene treinta días naturales —se cumplieron el 15 de noviembre—para emitir observaciones a los programas sectoriales y hacerlas llegar a las dependencias responsables. Estas, a su vez, deben hacer las correcciones en un plazo de siete días naturales —se cumplieron el 22 de noviembre— y regresar programas modificados a la UED. La dependencia de Hacienda tiene otra semana natural —se cumplió el 29 de noviembre— para verificar que todo esté OK. Faltan dos pasos, en realidad solo uno: la norma dice que la dependencia responsable deberá someter la versión pulida del programa a la “secretaría coordinadora del sector”, pero como la SEP tiene ese status no necesita satisfacer tal previsión. De ahí se entrega el programa a la Presidencia de la República para la “consideración y aprobación” del jefe del Ejecutivo Federal. Por último, el decreto del PND fija como fecha límite a la difusión de los programas sectoriales el 15 de diciembre.

Si la SEP ha cumplido en tiempo y forma con lo indicado, el programa ya debe estar listo ¿Cuándo lo vamos a conocer?