En el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se vivió en México un fenómeno singular: el cogobierno educativo. Se expresó a través del negociado, la puesta en práctica y las implicaciones de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) suscrita, el 15 de mayo de 2008, entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el gobierno federal. No obstante, la ACE fue anticipada por otra fórmula de pacto, de carácter político, entre el titular del ejecutivo federal y la lideresa del sindicato. Desde el inicio del sexenio, la designación de Fernando González Sánchez, yerno de Elba Esther Gordillo, al frente de la Subsecretaría de Educación Básica, reveló su alcance.

Por ello, prácticamente la totalidad de los procesos desencadenados en la educación básica del país, cuando menos los del pasado reciente, requieren ser interpretados a la luz de la imbricación entre la agrupación sindical y las autoridades educativas que participaron en la fórmula. Es el caso de la hoy cuestionada Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (Enlace).

La Enlace fue concebida, al final del sexenio de Vicente Fox Quezada, como un examen de conocimientos de español y matemáticas en primaria y secundaria. La primera aplicación data de 2006. En 2008 la prueba se extendió al bachillerato, y se decidió que en la evaluación de primaria y secundaria se incorporase una tercera materia en forma rotativa, a saber: ciencias, formación cívica y ética, historia y geografía. En la aplicación 2013, se examinaron más de catorce millones de alumnos. Se pensaba que los resultados de la prueba complementarían los de otras evaluaciones, fundamentalmente los Exámenes de Calidad y Logro Educativo (EXCALE) desarrollados por el INEE y practicados desde 2004. Los EXCALE, a su vez, buscaban proseguir, en una versión mejorada, la experiencia de las pruebas Estándares Nacionales de Lectura y Matemáticas, aplicadas por la SEP de 1998 a 2003.

Por su diseño metodológico, basado en aplicaciones sobre muestras, los EXCALE no identifican desempeños individuales de estudiantes o profesores, como tampoco el avance de cada centro escolar. Acceder a tales dimensiones implicaba una prueba de carácter censal, y eso fue Enlace. Aunque en la fase de diseño y planeación colaboraron SEP e INEE, al cabo se determinó una división funcional: los EXCALE en manos del instituto de evaluación y la Enlace en la SEP.

Los primeros resultados de la Enlace (2006 a 2008) no trajeron ninguna sorpresa, al contrario. Estos eran insatisfactorios en el nivel agregado, comparativamente favorables en escuelas privadas, y definitivamente preocupantes en las áreas territoriales de mayor pobreza. Datos congruentes con los de otras pruebas, nacionales e internacionales, acerca de los logros y limitaciones de la educación básica.

Así las cosas, el binomio SEP-SNTE tomó en 2008 una decisión inapropiada, la de “laboralizar”, perdón por el terminacho, la prueba. En la ACE se indica que la evaluación escolar fungiría como criterio relevante en la determinación de los estímulos al desempeño de los profesores y para orientar los programas de actualización docente. Hoy es una verdad oficial que el enfoque corrompió la evaluación, tal como lo confirmó en este suplemento Eduardo Backhoff, integrante de la junta de gobierno del INEE. Por ello la SEP tomó la sana determinación de suspender su aplicación hasta contar con un nuevo diseño, tarea encargada al instituto de evaluación.

Desde hace años especialistas en evaluación, expertos de la OCDE, e incluso voceros del sector privado educativo, que hoy tanto lamentan la suspensión de la prueba, hicieron notar sus riesgos. Hasta el SNTE reconoció problemas. En abril de 2010, Rafael Ochoa Guzmán, entonces secretario general de la agrupación, “advirtió el riesgo de que la prueba se pueda pervertir y sólo se enseñe a pasar el examen en las escuelas” (El Universal, 15 de abril de 2010, nota de Nurit Martínez).

En julio de 2012 la dirigencia sindical entregó al titular de la SEP, José Ángel Córdoba, un oficio que señalaba vicios en la custodia del instrumento. Decía el comunicado: "Es lamentable que la voluntad y decisión del Señor Presidente de la República de impulsar el mejoramiento de la calidad de la educación mediante el Programa de Evaluación Universal y otras acciones que tienden a consolidar la transformación y mejoramiento del sistema de educación pública se vea severamente afectada en la posibilidad de concretar los objetivos del mismo derivado de la negligencia, descuido o mala fe, de las áreas internas de la SEP que tienen a su cargo el resguardo institucional de esta información" (Reforma, 6 de julio de 2012, nota de Mirtha Hernández).

Frente a las críticas nada hizo la SEP. Es más, aún en este sexenio, el titular de la SEP, Emilio Chuayffet, aseguraba la inexistencia de evidencia sobre la venta de pruebas Enlace a los maestros (La Jornada, 5 de junio de 2013, nota de Karina Avilés).

La otra vertiente de corrupción: el sector privado

La Enlace no fue concebida para generar rankings de escuelas. Pero así ha sido utilizada por organizaciones cercanas o representativas del empresariado que participa en el campo educativo. Por ejemplo, la revista Chilango, adscrita al grupo editorial Expansión, ha publicado desde 2009 cuáles son las mejores escuelas privadas del Distrito Federal según los resultados de la prueba. Lo mismo ha hecho, con un enfoque nacional, el Instituto de Fomento e Investigación Educativa (IFIE) desde 2010. La tentación de sesgar resultados para obtener posiciones favorables en rankings mercadológicos es similar al defecto adjudicado al sector público: también corrompe la intención y el sentido de la evaluación.

No es sencillo combatir los problemas señalados mediante una nueva prueba censal. Pero puede ser útil observar qué se ha hecho en otras latitudes. Lo vemos la próxima semana.