La situación de la educación media superior es una asignatura pendiente de la política educativa del país. Según estadísticas de la OCDE, en los países desarrollados tres cuartas partes de los adultos de 35 años de edad tienen al menos doce años de estudios, lo que equivale a la conclusión del ciclo de bachillerato. En México, en cambio, únicamente el 22 por ciento de la misma población cuenta con ese nivel de formación.
Cierto es que la progresiva disminución de la demanda en el ciclo básico, así como las políticas compensatorias para asegurar permanencia escolar de niños en condiciones de pobreza extrema han surtido efectos positivos en los indicadores de cobertura de la primaria y comienzan a advertirse en la secundaria. Hoy en día la capacidad instalada para atender a la población escolar de seis a once años es equivalente al total de la población en ese rango de edad, aunque subsiste un déficit de retención. Al menos el diez por ciento de quienes inician la primaria no logran concluirla.
Más del noventa por ciento de los egresados de la primaria inicia estudios de secundaria, pero menos del ochenta por ciento los concluye. De tal suerte, de cada generación que ingresa a la primaria, formada por poco más de dos millones de niños de seis años, casi medio millón no consigue terminar la educación legalmente obligatoria, pasando a engrosar la voluminosa cifra del rezago educativo del país.
Las insuficiencias de retención y el fracaso escolar en el ciclo secundario, así como los problemas de calidad identificados a través de la comparación internacional, dieron lugar, en este sexenio, a una serie de iniciativas de reforma. Como resultado de esa preocupación, se diseñó y aprobó la denominada Reforma de la Educación Secundaria (RES), cuyas orientaciones y contenido no han contado, todavía, con el grado de consenso necesario para asegurar su implementación en los próximos años. Sin embargo, la pista de la reforma de secundaria está abierta y es probable que continúen los esfuerzos en esa dirección.
No puede decirse lo mismo, sin embargo, del nivel de enseñanza media superior. Las oscilaciones de política educativa sobre el ciclo educativo no han conseguido afianzar un modelo claro ni en la modalidad universitaria ni en la tecnológica. La solución de un bachillerato bivalente, a la vez propedéutico de estudios superiores y de formación para el trabajo, pese a sus bondades en el papel, no ha producido los resultados esperados. En resumen, de acuerdo a las encuestas disponibles, la enorme mayoría de quienes ingresan al bachillerato espera concluir los estudios y transitar a la educación superior. Pero, en la práctica, uno de cada dos estudiantes se queda en el camino.
Más aún, pese a que las estadísticas de la SEP indican que la eficiencia terminal de la enseñanza media superior se aproxima al sesenta por ciento, lo cierto es que menos del cuarenta por ciento de cada generación que ingresa a ese nivel consigue aprobar los estudios al término de los tres años de duración del ciclo, lo que ocasiona un problema de estrangulamiento en la capacidad de atención a nuevas generaciones y consiguientemente un déficit de cobertura.
Uno de los principales problemas del ciclo, que debiera comenzar a superarse a través de la nueva estructura organizativa de la SEP -la cual eleva al rango de subsecretaría a la antigua dirección general de enseñanza media superior antes sectorizada en la subsecretaría de educación superior e investigación científica- es la falta de articulación entre la educación básica y la media. Históricamente el bachillerato fue concebido y construido al servicio de la formación universitaria, sin prestar suficiente atención a la problemática de la continuidad con el currículum de secundaria.
Un cambio de enfoque implicaría, en primer lugar, repensar la educación media desde la básica, es decir como una continuación lógica de la formación secundaria. Esta perspectiva ha sido un motor de cambio de la reforma del bachillerato en los países más desarrollados, por ejemplo los de la Unión Europea, y asimismo originó la revisión del sistema educativo en casos como España y Chile y más recientemente en Argentina, donde aún está a discusión.
La idea es, en resumidas cuentas, establecer la obligatoriedad del nivel afirmando como meta básica la obligación del estado de proveer la opción de acceso a todos los egresados de secundaria, así como desarrollar políticas para mejorar la retención y la eficiencia terminal de las instituciones. Vista como una obligación del estado y una garantía individual, la educación media superior debiera transitar de un conjunto institucional débilmente coordinado y mal articulado, a un auténtico sistema. Desde luego, avanzar en esa dirección requeriría acceso a recursos públicos y de organización aún no previstos en la planeación gubernamental.
Si bien los problemas propiamente educativos y los de organización de la enseñanza media superior son sobresalientes, no son los únicos a resolver. Los temas laborales, que incluyen el nivel de habilitación del profesorado, los salarios, la representación gremial y otros aspectos han sido materia de conflicto en el pasado reciente, baste recordar las huelgas en el Colegio de Bachilleres. En múltiples instituciones del nivel la erradicación del porrismo y de otras expresiones delincuenciales son temas de agenda. En el sector privado, la falta de supervisión gubernamental sobre la calidad de la oferta es un problema mayor.
Para decirlo en breve, si se quiere mejorar la calidad de la educación del país, la educación media superior requiere cirugía mayor.
