La semana pasada iniciamos la reseña del documento-base para el debate de una nueva ley de educación en Argentina. Lo novedoso de la propuesta del gobierno de Kirchner, cuyo mandato inició en 2003 y terminará en 2007 con posibilidades de reelección, radica no tanto en las ideas que se sugieren para reformar el sistema educativo de ese país, cuanto en el método de consulta pública seguido.

El documento sometido a debate, que tiene la forma típica de una exposición de motivos, comenzó a ser difundido a fines de mayo de este año. Durante junio se llevaron a cabo actividades para la promoción del debate y se recogieron opiniones de distintos grupos de la sociedad, incluido por supuesto el magisterio. A finales de julio se espera contar con la síntesis de comentarios y en agosto con el borrador de la iniciativa.

En septiembre se abrirá una nueva etapa de consulta, con especialistas y representantes institucionales, para en octubre elevar la iniciativa al Congreso. Según informa el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en el primer ejercicio de debate y consulta se recogieron más de 750 mil comentarios.

Los primeros seis ejes de discusión se refieren a los temas de cobertura, calidad, interculturalidad, educación permanente, derecho de las familias a participar en la educación de los hijos, y derechos de la profesión docente. En esta entrega comentaremos los cuatro ejes restantes de la propuesta y algunas de las acciones sugeridas en ellos.

El séptimo eje de discusión enuncia la obligación del Estado de garantizar el derecho de los estudiantes a tener escuelas en condiciones materiales dignas. Este planteamiento alude a la necesidad de contar con espacios suficientes para abordar las metas de ampliación de cobertura propuestas, pero también enfatiza la importancia de reforzar la provisión de infraestructura y equipamiento en todas las escuelas del sistema público.

El octavo eje alude a las formas de participación social en la educación. El tema se desglosa en tres aspectos: las relaciones intersectoriales entre las políticas sociales; la participación de actores sociales, directa o indirectamente relacionados con el ámbito educativo, en la definición de la política sectorial; y la participación de actores sociales, en especial los padres de familia, en la vida escolar.

El noveno eje se refiere a las tecnologías de la información. Tras mencionar los efectos de la revolución mediática en la cultura contemporánea, el documento apunta tres líneas de política educativa con acciones específicas. La primera es fortalecer el rol educativo de los medios masivos de comunicación. Al respecto se sugiere establecer un diálogo con la televisión comercial para negociar una mayor presencia de contenidos educativos en la programación. La segunda línea habla de intensificar la educación a distancia mediante el uso de medios informáticos, y la tercera propone la creación de un canal de televisión educativa.

El último eje de discusión, titulado "poner el gobierno de la educación al servicio de los objetivos de calidad para todos y todas", contiene el enfoque político de la propuesta, sintetizado en una solución federalista que busca evitar los extremos de la centralización burocrática y la descentralización sin coordinación.

En el documento se subraya la necesidad de desarrollar, para la administración central, una serie de capacidades estratégicas. A saber, la capacidad de definir el sentido de la acción educativa a través de procesos de concertación democrática; la capacidad de planificar estrategias de desarrollo educativo, de evaluar resultados y de monitorear esos procesos a través de sistemas de información pública; la capacidad de intervenir con políticas que garanticen la igualdad de los resultados educativos; la capacidad de promover la unidad de sentido de la acción pedagógica a través de la capacitación de los responsables de la formación docente, la innovación y la experimentación pedagógica; y la capacidad de promover espacios que permitan nuevas formas de participación en la toma de decisiones educativas.

Pecaría de ingenuidad desconocer la vertiente política de este proceso. Animar una reforma educativa de envergadura un año antes de las elecciones seguramente tiene, entre otros, propósitos relacionados con la continuidad. Con todo, es una propuesta interesante a la que conviene seguir la pista.