El 11 de marzo Michelle Bachelet tomó posesión como presidenta de Chile. Gobernará hasta 2018 con opción a ser reelecta para otro cuatrienio. Uno de los temas centrales de su campaña fue el educativo, para el cual propuso una serie de reformas que incluyen la revisión del régimen laboral docente; la renovación del enfoque de evaluación; el objetivo de eliminar la selección al ingreso de las escuelas; y el proyecto de transitar hacia la gratuidad universal de la educación pública, incluso la universitaria, así como eliminar el lucro de los servicios impartidos por instituciones privadas.

En materia de educación superior solucionar la problemática del financiamiento resulta urgente, sobre todo si se toma en cuenta el peso político que tuvo la movilización de estudiantes universitarios en oposición a la continuidad del gobierno encabezado por Sebastián Piñera. Para abordar la cuestión se han diseñado algunas propuestas concretas.

En primer lugar, el planteamiento de una meta: “Durante el próximo periodo de Gobierno, accederán a la gratuidad al menos los y las estudiantes pertenecientes al 70 por ciento más vulnerable de la población, abarcando extensamente a la clase media.” Para ser beneficiarias del programa correspondiente, esto es para recibir estudiantes cuyas colegiaturas serán enteramente subsidiadas por el Estado, las IES públicas y privadas deberán cumplir, entre otros, los siguientes requisitos: “estar acreditada, acatar estrictamente las normas que no permiten la existencia del lucro, estar incorporada a las nuevas normas de acceso de equidad, desarrollar programas de reforzamiento y acompañamiento para los alumnos vulnerables, y que se rija por el sistema de aranceles que fije el MINIEDUC.”

En segundo lugar, la definición, aún con carácter de esbozo, de nuevas regulaciones para cumplir con los requisitos indicados: un Programa para Incrementar la Equidad en el Acceso a la Educación Superior, que prevé apoyos económicos, pedagógicos y sociales al estudiantado de menores recursos; un nuevo sistema de acreditación de instituciones y programas; así como un esquema centralizado en que se establezcan los precios públicos de los servicios educativos. La propuesta de Bachelet indica, asimismo, la necesidad de desarrollar un “nuevo trato” financiero con las IES públicas, lo que se traduce en un “fondo de aporte basal” exclusivo para las universidades públicas, así como un “fondo permanente de apoyo a las universidades estatales regionales”. Así, el Estado dispondrá recursos frescos para apoyar, mediante subsidios directos, los procesos de crecimiento y desarrollo de las IES públicas. En el mismo sentido, se ha propuesto establecer un “Nuevo Fondo de apoyo a la Investigación Universitaria”, uno de cuyos propósitos es disminuir la presión que representa la actividad científica sobre la economía universitaria.

Está además el proyecto de crear al menos dos nuevas universidades para que cada estado cuente con al menos una IES de este tipo. La medida es correlativa a la iniciativa de establecer Centros de Formación Técnica públicos, con presencia en todas las regiones del país, ya que el plan de desarrollo postula la regla de que cada uno de dichos centros esté vinculado a una universidad pública, para aprovechar los recursos de conocimiento del sistema universitario. Para coordinar las nuevas vías de desarrollo planteadas, el plan de Bachelet fija la prioridad de crear la Subsecretaría de Educación Superior, instancia que se encargará de la coordinación e implementación cabal del proyecto.

Avances y retos

Un primer adelanto en el proceso se deriva de la disposición presidencial, hecha pública al comenzar esta semana, de suspender la tramitación legislativa de varios proyectos de ley de la administración previa. El Ejecutivo chileno tiene la facultad constitucional de vetar cualquier proyecto de ley en curso, sobre todo cuando resulta opuesto a las políticas públicas que se están impulsando.

Los proyectos que se eliminan son los referentes al esquema de financiamiento de la educación superior, la creación de la Superintendencia de Educación Superior, y la creación de la Agencia Nacional de Acreditación. El primero consistía en un reordenamiento de los esquemas de crédito universitario, mientras que el segundo y tercero eran iniciativas de orden administrativo orientadas al control de la calidad de la oferta. La Superintendencia propuesta por Piñera será reemplazada por la Subsecretaría que proyecta Bachelet, y en lugar de la agencia de acreditación programada, se habrá de desarrollar un esquema acreditador coordinado por la administración pública.

Por ahora el principal obstáculo y punto de fricción de las iniciativas reformistas está dado por la necesidad de ampliar considerablemente el presupuesto educativo nacional. Los proyectos planteados necesitan, en primer lugar, recursos suficientes y la única opción para ello es ampliar considerablemente la recaudación fiscal. El plan de Bachelet es aumentar la cuota impositiva tanto a las empresas como a los contribuyentes. La previsible impopularidad de la medida es, sin duda, el primer obstáculo a remontar.

El segundo reto consiste en lograr un consenso relativo sobre el proyecto, lo que quiere decir solventar exitosamente las posturas críticas que se expresan en las franjas izquierda y derecha del espectro político nacional. Para avanzar se habrán de requerir fórmulas de negociación en materia de política interna (económica y social) y de política exterior que resulten aceptables para los opositores, y que eviten retardos en la tramitación de los proyectos. Desde luego no es fácil pero en ello radica hoy la viabilidad del plan.