Los economistas definen el bien público en función de la forma de su consumo, antes que en las características o condiciones de su producción. Las propiedades de “no rivalidad” y “no exclusión” que, desde esta perspectiva, se consideran los rasgos elementales de esta clase de bienes significan, respectivamente, no rivalidad en el consumo y no exclusión del consumo. Es por lo tanto indiferente si el bien público es generado o distribuido por el sector público o el privado, siempre y cuando resulten satisfechas las propiedades de consumo definidas.
No obstante, la mayoría de los bienes públicos son producidos o subsidiados por el Estado mediante los impuestos y otros ingresos de la hacienda pública. Por dos razones: la primera es que la generación de bienes públicos con fines de lucro enfrenta el inevitable problema del consumo oportunista de al menos una parte de los consumidores. Para el capitalista privado, esta última condición resulta contraria a su interés primario, la obtención de ganancias. A menos que la generación de bienes públicos implique ganancias indirectas, como puede ejemplificarse con el caso de la TV abierta y la publicidad que la acompaña.
Si el mercado carece de estímulos para la generación de bienes públicos, señala la teoría, el Estado ha de compensar esa falla ya sea como productor directo o bien mediante fórmulas de subsidio al sector privado. La segunda razón es la existencia de un núcleo de necesidades sociales generales que sólo pueden ser satisfechas a través de la generación de bienes públicos.
El economista alemán Richard Musgrave (1910-2007), autor fundamental en el área de las finanzas públicas, acuñó el término de “merit goods”, comúnmente traducido como bienes de interés público, para referirse a aquellos que satisfacen necesidades sociales básicas, aquellas que él mismo definió en términos de “merit wants”. En “A multiple theory of budget determination” (1957) el autor aborda la racionalidad de la generación de bienes a cargo del Estado en función de un doble propósito: resolver problemas generales de la población, y gestar condiciones para el desarrollo social. Este enfoque sería posteriormente aprovechado y expandido por, entre otros, el célebre economista Amarya Sen en su concepción de la formación de capacidades para un cabal ejercicio de la libertad.
La semana pasada nos referimos a la cuestión de si la educación superior puede ser considerada como tal un bien público. Aventuramos la hipótesis de que es factible alcanzar un escenario de esa naturaleza siempre y cuando se transite hacia la configuración de un sistema en el cual se resuelvan tres grandes problemas: acceso, calidad y pertinencia.
El problema del acceso, tal y como lo ha formulado la UNESCO, implica un principio de no discriminación: todo individuo que haya cumplido los requisitos escolares previos tiene el derecho garantizado de acceder al sistema de educación superior. Aunque, en términos generales, tal principio goza de una amplia aceptación, aún se debate hasta qué punto se puede extender a, por ejemplo, los aspirantes con menor preparación académica. Resolver afirmativamente la cuestión implica enfrentar retos nada sencillos. Uno de ellos radica en la meritocracia, tradición que ahonda sus raíces hasta el origen mismo de la institución. ¿Es compatible la coexistencia de estudiantes académicamente heterogéneos con la meritocracia tradicional? ¿Es factible y conveniente desafiar la meritocracia y buscar la construcción de una cultura académica alternativa? Sobre estos temas no hay una respuesta concluyente, que satisfaga a la mayoría. De no encontrarse respuesta, se corre el riesgo, ya a la vista, de que la masificación del acceso se traduzca en una mayor segmentación de los sistemas.
Otro tanto sucede si la generalización de la oferta educativa no toma en cuenta la importancia de la calidad de la formación que se imparte, así como la pertinencia tanto individual como social de los programas de educación superior. De poco sirve una educación de corte universitario que solo resuelve la demanda de acceso pero no resuelve, de manera satisfactoria, lo que los estudiantes y la sociedad esperan de una formación de corte universitario. Hay pues, un entrelazamiento necesario entre los tres rasgos que perfilan el rostro de la educación superior como un bien público efectivo. Ahondaremos en este ángulo la próxima semana.
