A partir de los acuerdos del Pacto por México del 2 de diciembre de 2012 se anticipaba un cambio de enfoque en materia de política económica. El documento incluye un capítulo titulado “Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad”, que concentra más de una tercera parte del total de compromisos formulados. Ahí se perfilan, a grandes trazos, las bases de las reformas estructurales posteriormente implantadas.
Dicho capítulo declara el siguiente propósito general: “El Estado debe generar las condiciones que permitan el crecimiento económico que resulte en la creación de empleos estables y bien remunerados”. Para lograr tal objetivo se propone una política de fomento que estimule la productividad de los agentes económicos. En los procesos de diseño e implementación de las reformas, el término clave “productividad” ha permeado tanto el discurso como en la promoción de las políticas.
En noviembre de 2012, la reforma a la Ley Federal del Trabajo incluyó la creación de un mecanismo para instrumentar la iniciativa de productividad. Se establece en la norma un Comité Nacional de Productividad (CNP) y Comisiones Estatales de Productividad. En ambos casos se trata de órganos consultivos del poder ejecutivo y se integran con representantes del gobierno, el sector empresarial, las organizaciones de trabajadores y la academia. Además, se prevé la operación de subcomisiones del CNP por sectores y ramas de actividad, estatales y regionales.
El 17 de mayo de 2013 el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2108 (PND). En el primer documento programático del sexenio se declara en calidad de “estrategia general” del plan alcanzar una “mayor productividad para llevar a México a su máximo potencial”. Consecuentemente, el PND define el objetivo de “democratizar la productividad” como uno de los ejes transversales del plan, lo que implica que “cada programa de gobierno deberá diseñarse en atención a responder cómo se puede elevar la productividad de un sector, una región o un grupo de población.”
En el PND se perfila, asimismo, un esquema de colaboración entre los sectores públicos y privado en materia de educación, ciencia y tecnología. Se señala: “para hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible, se requiere una solida vinculación entre escuelas, universidades, centros de investigación y el sector privado. Además, se debe incrementar la inversión pública y promover la inversión privada en actividades de innovación y desarrollo.”
El mismo día en que se presento el PND fue publicado el “Decreto por el que se establece el Comité Nacional de Productividad”. Poco después, el 27 de mayo, el presidente Peña Nieto encabezó la instalación del CNP. Se conoció entonces la representación del sector académico en el colectivo: el secretario de Educación Pública, el director general del CONACYT, el rector de la UNAM, la ex directora general del IPN, la directora general del CONALEP, y los rectores del ITAM y el Tecnológico de Monterrey.
El CNP recibió como primera encomienda apoyar la formulación del Programa para Democratizar la Productividad indicado en el PND, lo que significó, en términos prácticos, emitir opiniones e ideas sobre la iniciativa a cargo de la Secretaría de Hacienda. El 30 de agosto de 2103 se público el programa, en el que se incluye varias directrices para impulsar la formación técnica, fomentar los vínculos entre la educación media superior y superior tecnológica con el sector empresarial, y generar sinergias entre investigación científica, desarrollo tecnológico y transferencias sobre la planta productiva.
El 23 de julio de 2014 se decretó la creación del Tecnológico Nacional de México (TNM), mediante la integración de los institutos tecnológicos federales y los centros de investigación y desarrollo afiliados al subsistema. El decreto anticipa desarrollos en el sentido de promover una mayor vinculación entre el modelo educativo tecnológico y los requerimientos del sector productivo.
Por último, el pasado 2 de octubre, el Ejecutivo Federal entregó a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley para impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Económica. Dicho proyecto reitera la intención de estrechar relaciones entre el sector académico, los recursos de investigación y desarrollo, y el aparato productivo nacional.
En el marco de la academia estrategia económica del régimen, centrada en la mejora de la productividad, se propone que las instituciones de nivel medio superior y superior cumplan tareas precisas de formación de capital humano y de orientación de las tareas de investigación en torno a prioridades del modelo de desarrollo. ¿Cómo se conecta ese enfoque con el conflicto del Politécnico? Lo discutimos la próxima semana.
