El lunes 21 integrantes de la Asamblea General Politécnica (AGP) entregaron a las secretarías de Educación Pública, de Gobernación y de Hacienda, a la Cámara de Diputados, así como a la Oficina de la Presidencia de la República, el documento que puntualiza su respuesta a las propuestas que la SEP hizo llegar a la representación estudiantil el 14 de este mes.

El documento de la SEP se proponía especificar la respuesta general que ofreció la Segob, en voz del secretario Miguel Ángel Osorio Chong, al pliego petitorio de la AGP, el 30 de septiembre. En aquel momento, los estudiantes consideraron que, pese al gesto de voluntad para la interlocución, la respuesta dada era “imprecisa e incompleta”, lo que motivó la intervención de la SEP para afinar una respuesta a las demandas estudiantiles.

El petitorio que la AGP entregó a Gobernación incluía diez puntos. En resumen: cancelación del Reglamento Interno; cancelación de los planes de estudio reformados; destitución de la directora general; salida de la Policía Bancaria e Industrial; cese de pensiones vitalicias a los ex directores; democratización del IPN; garantía de no represalias; incremento al presupuesto del IPN y al presupuesto federal de educación superior, ciencia y tecnología por un monto equivalente al dos por ciento del PIB; dar a conocer las formas de injerencia del sector privado en el IPN; y fuera grupos porriles del IPN.

La respuesta de Segob abordaba, en efecto, los puntos del pliego y ofrecía respuesta directa a algunos, pero no a todos. Se proponía, en concreto, la cancelación del Reglamento Interno y de los planes de estudios reformados, así como la supresión de la policía bancaria en el Politécnico. Además, en el acto de entrega de esta respuesta se anunció la renuncia de Yoloxóchitl Bustamante Díez. El 8 de octubre los estudiantes dieron respuesta al planteamiento de Segob mediante la precisión de sus demandas y la formulación de nuevos elementos. Se exige ahí la realización de un Congreso Nacional Politécnico con carácter resolutivo y refundacional; la elección de un director general mediante voto universal, libre, secreto y directo de los integrantes de la comunidad politécnica, la desvinculación del IPN de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) y del Sistema Nacional de Bachillerato, así como la abrogación del decreto que dio lugar al Tecnológico Nacional de México.

Ante el nuevo posicionamiento de la AGP, la SEP respondió con una propuesta básica: la realización de una mesa de diálogo público, transmitida por el Canal 11 del IPN, que permita desahogar algunos puntos del pliego petitorio y establezca bases para la realización del Congreso Nacional Politécnico. En el texto se aclara, asimismo, que el Tecnológico Nacional de México no tiene vinculación con el IPN, sino que es una institución independiente del mismo.

Después de varias sesiones (15 a 19 de octubre), la AGP resolvió aceptar la propuesta de diálogo público de la SEP aunque condicionar su celebración al cumplimiento de varios prerrequisitos. Tal es el sentido del documento entregado el 21 de octubre. Bajo el título de “Condiciones para entablar la mesa de diálogo” se exigen tres puntos: Primero, que se constituya y oficialice el Congreso Nacional Politécnico (CNP); segundo, que se garantice que no habrá represión, coerción o intimidación a los participantes en el movimiento; y tercero, que se garantice la no participación del IPN en la Reforma de la Educación Media Superior y el Sistema Nacional de Bachillerato. El resto del documento propone una agenda de puntos a tratar en la mesa de diálogo, fundamentalmente las exigencias originales del pliego petitorio.

De la respuesta de la AGP, la primera condición es la más compleja: la constitución del Congreso Nacional Politécnico. Por dos razones: Primera, si la organización del CNP entiende como una condición anterior al diálogo, parece inevitable la demora, por un lapso indefinido, de la reanudación de actividades académicas. Segunda, la AGP propone que el Congreso se organice a través “de una comisión que se integrará por personas designadas por la comunidad politécnica representadas a través de la AGP, y en su caso agentes externos que se consideren pertinentes”. El segundo punto es particularmente problemático porque la AGP, en su configuración actual, no incluye a representantes de la comunidad académica y administrativa del Politécnico, ni a estudiantes de posgrado.

A los profesores, investigadores, así como al personal administrativo y de servicio del Politécnico los representa el SNTE. Se agrupan en la sección 60, apenas inaugurada en diciembre de 2013, tras la reorganización determinada por el gremio en 2012. Si el CNP, como se propone en el último documento de la AGP, implica cambios de fondo en la institucionalidad del IPN, es de esperarse que la organización sindical se pronuncie y demande participación en las fases del proceso, lo que abre una nueva vertiente al movimiento, de complejo procesamiento.

En la coyuntura, el tiempo corre en contra del movimiento estudiantil. Ojalá se encuentren soluciones que, sin perder el enfoque de la movilización, eviten el deterioro de la legitimidad que han conseguido.