Se cumplieron dos meses de la huelga estudiantil politécnica. Pero no ha sido tiempo perdido. La Asamblea General Politécnica está a punto de cerrar la totalidad de los puntos del pliego petitorio presentado a las autoridades de la SEP, SEGOB y Hacienda, el pasado 20 de octubre. Las mesas de diálogo, integradas de manera paritaria con estudiantes y funcionarios gubernamentales, se iniciaron el 28 de octubre. Desde entonces se han verificado siete encuentros, televisados por el Canal 11 del IPN. Mediante tal formato, los protagonistas han vertido sus posturas en torno a los temas del pliego, y poco a poco se han alcanzado los acuerdos base de la solución.
Aunque han sido muchas las horas de transmisión del diálogo público, lo cierto es que la parte no difundida del intercambio, es decir el trabajo de las comisiones de redacción integradas para cada uno de los puntos del petitorio, ha resultado crucial para el avance del proceso. La lectura de los que, hasta el momento, son “preacuerdos” trasluce un trabajo de fina negociación en el que se han cuidado varios aspectos, entre éstos el no violentar la normativa vigente del IPN, no afectar derechos laborales, y sobre todo asegurar la viabilidad de lo convenido.
Uno de los puntos de mayor tensión en el proceso era la exigencia estudiantil para que la SEP designara a un nuevo director general del IPN ya que, según los estudiantes, el paso era indispensable para garantizar un compromiso institucional con los acuerdos. En un principio la representación de la autoridad educativa se resistía a ello, aunque terminó accediendo. El 20 de noviembre fue nombrado Enrique Fernández Fassnacht como nuevo director general del IPN. A partir de la sexta mesa de diálogo (24 de noviembre) el nuevo director participó, con esa calidad, en las negociaciones.
Hasta el momento hay mutua coincidencia en siete temas: no represalias; no participación del bachillerato del IPN en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) ni en la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS); no injerencia del Tecnológico Nacional de México en el IPN; vigilancia a cargo de un cuerpo especial dependiente de la administración del Politécnico; cancelación de las pensiones vitalicias a los ex directores; combate al porrismo; e incremento presupuestal al IPN.
Conviene hacer notar que cada uno de temas citados, que corresponden en efecto a los planteamientos del pliego petitorio estudiantil, se desglosa, a su vez, en múltiples acuerdos puntuales. Al final del proceso se tendrá una cantidad importante de compromisos para iniciar la reforma organizativa, administrativa e incluso académica del Politécnico.
Algunos ejemplos: El primer preacuerdo, orientado a garantizar que no habrá represalias contra los estudiantes con motivo del movimiento, incluye la creación de la Defensoría de los Derechos Individuales y Colectivos, órgano que se propone autónomo con respecto a las autoridades politécnicas. El segundo preacuerdo, el de no incorporación del bachillerato politécnico a la RIEMS y el SNB, añade que el IPN no participará en el Programa de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS). El preacuerdo que se refiere a la prohibición de pensiones vitalicias para los ex directores, añade la obligación de transparentar los sueldos y prestaciones de los funcionarios, así como la de practicar una auditoría de desempeño del periodo 2009-2014 a cargo de la Secretaría de la Función Pública. Del mismo modo, el preacuerdo sobre financiamiento del Politécnico agrega la obligación de auditar periódicamente los ingresos, y transparentar la programación y ejercicio del gasto.
El preacuerdo que establece el compromiso de promover una mayor inversión gubernamental en educación superior, ciencia y tecnología, así como incrementar el presupuesto que recibe el IPN, fija como meta inmediata la obtención de un suplemento presupuestal para el Politécnico de al menos 350 millones de pesos. Esta cifra representa, aproximadamente, un cinco por ciento adicional a lo aprobado por los diputados para el Politécnico en 2015. Es viable, no es desmesurado, y a la vez es importante, ya que el monto se utilizará como gasto de inversión y gasto operativo en partidas definidas: becas y otros apoyos a estudiantes.
Quedan puntos pendientes: fijar el acuerdo para el Congreso Nacional Politécnico (CNP), aunque en la sexta reunión se convinieron bases para ello. Lo principal, que los representantes de la Asamblea General Politécnica y el director general del IPN definirán por consenso la conformación de la comisión que se encargará de la organización del CNP, y que en caso de no llegar a dicho consenso se recurrirá al voto y opinión de un tercero para llegar a un resolutivo, mismo que se dará a través de un referéndum entre la comunidad politécnica.
También está pendiente el acuerdo para la recalendarización de actividades y la fecha de reanudación de actividades. La definición final sobre la organización del CNP, la recalendarización y la redacción de una “carta compromiso” del director del IPN en que asuma los compromisos suscritos en el proceso de diálogo harían concluir el movimiento. Desacuerdos en torno al contenido de la carta llevaron a suspender la séptima sesión, el 25 de noviembre, sin que quedara fecha programada para la siguiente. Es una situación complicada: todo está prácticamente resuelto, pero el punto final ha quedado en suspenso.
