Cuando el 11 de marzo de 2006 Michelle Bachelet tomó posesión de la presidencia de Chile, no podía imaginar que los primeros meses de su gestión estarían marcados por la mayor movilización estudiantil en la historia de ese país. Los "pingüinos", como popularmente se conoce a los estudiantes de la enseñanza media chilena, obligaron a las autoridades gubernamentales a negociar un pliego con demandas de apoyo financiero y compromisos de reforma académica.
Las estructuras educativas de Chile y México son distintas, el ciclo medio chileno equivale a lo que en México es tercero de secundaria y los tres años de enseñanza media superior. En 2003, bajo la presidencia de Ricardo Lagos, se decretó su obligatoriedad y el compromiso del Estado de proveer educación gratuita, caso único en América Latina. El sistema está dividido en dos ramas, la científico-humanística y la técnico-profesional. Del casi un millón de estudiantes matriculados 61 por ciento está en la primera modalidad y el resto en la segunda. Por tipos institucionales, la matrícula se divide en 45.6 por ciento en escuelas municipales, 41 por ciento en instituciones particulares con subvención fiscal, 8.1 por ciento en escuelas privadas no subvencionadas y 5.2 por ciento en instituciones de corporaciones religiosas.
El epicentro del movimiento tuvo lugar en dos colegios emblemáticos del sistema chileno, ambos públicos, municipales y con altas notas en las evaluaciones nacionales: el Instituto Nacional General José Miguel Carrera y el Liceo de Aplicación. De ahí se irradió al resto de los colegios de Santiago y a las instituciones del interior. A un mes de iniciado, más de 100 colegios y cerca de 100 mil escolares se habían sumado y la gran mayoría de instituciones respondió a las convocatorias paro nacional.
Inicialmente los estudiantes se rechazaron el anuncio de un aumento en el costo de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y contra la disposición según la cual el abono de transporte escolar sólo podría ser utilizado dos veces al día en el programa Transantiago. En esa primera etapa, el gobierno de Bachelet dio muestras de intransigencia al reprimir marchas y posibilitar la expansión del movimiento. El 19 de mayo los estudiantes tomaron el Instituto Nacional y el Liceo de Aplicación abriendo una nueva fase del proceso al añadir a sus demandas dos propuestas sustantivas: la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) promulgada por Pinochet en 1990 y la anulación del régimen de Jornada Escolar Completa.
La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) concentró la representación y la interlocución en las negociaciones. La organización de estudiantes se apoyó en los Consejos Escolares creados por ley en 2004-2005. Los consejos se integran, en cada escuela, mediante autoridades, profesores, padres de familia y alumnos. En ese marco, la elección de representantes generó dinámicas que posteriormente facilitarían la coordinación estudiantil. En su momento, las fuerzas de la Concertación apoyaron la formación de los centros de alumnos, pero sin anticipar el potencial político de una organización de tal naturaleza.
El momento culminante de la movilización fue el paro nacional del 30 de mayo porque se consiguió respuesta de casi el 80 por ciento del sistema de enseñanza media, se obtuvo el respaldo de otros actores educativos y sociales y se logró amplia difusión internacional del movimiento y sus demandas. Al día siguiente iniciaron las negociaciones entre representantes gubernamentales y la ACES. Al cabo, la presidenta anunció un paquete de medidas, entre ellas la creación del Consejo Asesor Presidencial de Educación, la reforma a la LOCE, inversiones en infraestructura escolar, pase de transporte gratuito e ilimitado para los estudiantes más necesitados y PSU gratuita para los estudiantes más pobres.
Los estudiantes valoraron la respuesta gubernamental como limitada. La ACES convocó a un segundo paro nacional el 5 de junio que, aunque también fue exitoso, mostró la posibilidad de que el movimiento comenzara a ser desbordado. Por ello y frente a mayores riesgos de polarización, la representación estudiantil decidió el retorno a clases a partir de la tercera semana de junio.
A resultas del movimiento, las autoridades chilenas tienen hoy en sus manos la posibilidad de reconstruir la organización del sistema de enseñanza media de ese país. Seguramente las decisiones que se tomen tendrán impacto en el debate latinoamericano sobre calidad, evaluación y financiamiento de la educación pública.
