Durante la rectoría de José Narro Robles, la UNAM ha celebrado algunas de sus fechas históricas más señaladas. Por citar algunas: en 2010 el centenario de creación de la Universidad Nacional, en 2013 el 85 aniversario de la autonomía conseguida en 1929, y en 2014 el sexagésimo aniversario del inicio de actividades académicas en la Ciudad Universitaria. Al elenco de celebraciones hay que añadir el septuagésimo aniversario de la Ley Orgánica de la UNAM, que fue aprobada en las cámaras legislativas los últimos días de diciembre de 1944 y puesta en vigor el 6 de enero de 1945, día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Desde su aprobación por el Congreso de la Unión la Ley Orgánica universitaria no ha sufrido modificación alguna. En cambio, el Estatuto General, derivado de la misma, es una norma en continua reforma porque su actualización, al igual que el resto del cuerpo normativo de la UNAM, es una de las facultades que, a través del principio de autonomía, el Estado ha concedido a la institución.
La ley de 1944 fue originalmente deliberada y formulada por las autoridades de la Universidad. El presidente Manuel Ávila Camacho la remitió al poder Legislativo en calidad de iniciativa presidencial, y con muy someras modificaciones los diputados y senadores procedieron a su aprobación. El proceso se desahogó en un periodo breve: Del 29 de noviembre al 18 de diciembre el Congreso Universitario Constituyente, creado al efecto, integró la norma. El 26 de diciembre la Comisión de Educación presentó al pleno de la Cámara de Diputados el dictamen correspondiente, el cual fue aprobado en forma unánime y trasladado al Senado. Por último, el 29 de diciembre el Senado, también por unanimidad, votó favorablemente la iniciativa y decretó su publicación en el DOF.
¿Qué factores gravitaron en torno a la reforma de la normativa fundamental de la Universidad? ¿Qué problemas se buscaba resolver con la iniciativa? ¿Cuál fue el alcance del cambio inducido en el orden universitario a través de la Ley Orgánica? La respuesta a estas preguntas nos remite al contexto de la relación entre la Universidad y el Estado mexicano en la década de los años cuarenta, periodo de indudable importancia histórica para comprender la trama institucional de la universidad contemporánea en México.
A lo largo del periodo callista, que comprende las presidencias de Calles, Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez y se extiende en el decenio de 1924 a 1934, la Universidad Nacional entró en una progresiva tensión con los proyectos de desarrollo y las políticas educativas del Estado. La afiliación de los universitarios a la campaña de José Vasconcelos y el conflicto estudiantil que desembocó en la autonomía universitaria de 1929 marcaron el inicio de una etapa de discordia que llegaría a un punto crítico en 1933 mediante la iniciativa gubernamental de separar la institución universitaria de los organismos del sector público.
La autonomía del treinta y tres implicaba, en efecto, la no injerencia del Estado en el régimen universitario, pero establecía un horizonte de independencia financiera de la institución, es decir que en un lapso de diez años la Universidad Nacional tendría que ser sostenida exclusivamente con fondos propios. Junto con el decreto autonómico correspondiente, firmado por el presidente Abelardo Rodríguez, a instancias del secretario de Educación, el economista Narciso Bassols, se dispuso entregar a la Universidad la suma de diez millones de pesos como una suerte de pago finiquito de las obligaciones gubernamentales de subsidio.
El agudo conflicto entre la Universidad y el Estado fue heredado por la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1940), aunque en su periodo presidencial se lograron las primeras vías de reconciliación. En primer lugar porque durante su mandato se restituyó el subsidio federal a las arcas universitarias; en segundo término, porque en la Universidad fueron electos rectores relativamente afines al nacionalismo revolucionario (Luis Chico Goerne y Gustavo Baz); en tercer lugar porque la institución universitaria apoyó varios proyectos del régimen, entre los que destaca el servicio social obligatorio, la inserción académica de científicos y humanistas provenientes del exilio español, así como las políticas de atención a las poblaciones rurales y urbanas marginadas.
No obstante que la década de los cuarenta inicia con una mejor relación entre la Universidad y los poderes públicos, los conflictos internos, principalmente derivados de la elección de autoridades mediante el sufragio de estudiantes y profesores, obstaculizaron y al cabo impidieron la deseada estabilidad de la casa de estudios. En ese contexto se inserta la iniciativa apoyada por el gobierno de asentar un cambio normativo que evitara la “politización” de la vida académica a través de una fórmula de gobierno interior distinta de los enfoques de democracia directa.
¿Cómo se procesó ese cambio y cuáles han sido sus repercusiones de corto y largo plazo? Lo vemos en la siguiente entrega.
