Cada año, unos 13 mil pasantes de medicina realizan su servicio social en México. Muchos de ellos pasan 12 meses en comunidades remotas con altos niveles de violencia y pobreza, sin contar con medidas básicas de seguridad o de apoyo técnico. Generalmente viven solos, y en ocasiones enfrentan agresiones que van desde violaciones sexuales hasta la muerte.

Un promedio de dos pasantes de medicina fallece cada año durante el transcurso de su servicio social, según cifras de la Secretaría de Salud. Aunque la mayoría de las muertes no son relacionadas con el trabajo médico, la falta de mecanismos de apoyo incrementa la probabilidad de que los pasantes sufran depresión, accidentes o ataques. A su vez, no hay cifras confiables sobre el número de violaciones u otras agresiones contra los recién egresados. Los riesgos son particularmente altos para las mujeres, sobre todo para las que van a zonas aisladas.

Un caso particularmente estremecedor fue el de Laura Angélica Ávila Aguilar, egresada del Instituto Politécnico Nacional, quien fue asesinada a machetazos en diciembre de 2008. Según la policía, el asesino testificó que mató a Ávila después de que ésta se negó a atender a su hijo enfermo. Ella sufrió más de 14 heridas en la cabeza y el cuello, además de la mano derecha y el antebrazo, lo que sugiere que luchó contra su atacante, según los reportes forenses. Ávila, de 26 años, fungió como la única doctora en el pueblo de Huáscato, una comunidad agrícola de mil 300 personas en el estado de Jalisco.

En otro caso, en 2012, la pasante Rocío Basoco fue violada y golpeada hasta quedar inconsciente, mientras realizaba su servicio social en la comunidad rural “El Macho”, en Nayarit. Los cuatro agresores dejaron por muerta a la doctora, de 24 años, quien estuvo internada en terapia intensiva. No son casos aislados. En diciembre de 2012, médicos pasantes en el estado de Morelos reportaron que fueron agredidos en seis ocasiones, por lo que realizaron manifestaciones para exigir mayores medidas de seguridad por parte de las autoridades estatales. Y en noviembre de 2013, después de la muerte de un compañero, egresados de medicina de Campeche crearon el hashtag #NiUnPasanteMásHerido. Aunque después se determinó que el pasante había cometido suicidio, su muerte inspiró a otros estudiantes a denunciar casos de violencia y maltrato. Los estudiantes también exigieron aumentos en las becas para pasantes.

El gobierno federal respondió con dos medidas. En enero de este año, aprobó un incremento en las becas, que ahora van de 500 pesos mensuales para un pasante de odontología “A”, de zonas urbanas, a 3 mil pesos para un pasante de medicina “CC”, en áreas rurales. Adicionalmente, estudiantes de medicina que realizan su servicio social en áreas con poblaciones de bajo nivel de desarrollo recibirán otros 2 mil 400 pesos mensuales. Es decir, el máximo que reciben los pasantes por arriesgarse la vida en zonas aisladas son 5 mil 400 pesos al mes.

Después, en julio, la Secretaría de Salud aprobó una nueva norma para el servicio social médico. Bajo el título Educación en Salud. Criterios para la utilización de los establecimientos para la atención médica como campos clínicos para la prestación del servicio social de medicina y estomatología, la NOM-009-SSA3-2013 incluye varios apartados sobre el tema de la seguridad. Por ejemplo, el apartado 6.3 ordena a las instituciones de salud a “establecer en coordinación de la institución de educación superior y las autoridades estatales, municipales y de la localidad, los mecanismos de protección a la integridad física de los pasantes durante la prestación de servicio social”. También, el apartado 6.8 responsabiliza a las universidades a asegurar que la clínica en donde trabajan sus pasantes tengan las “condiciones de infraestructura, mobiliario, equipamiento, seguridad e insumos” estipuladas por dicha norma.

Sin embargo, la respuesta gubernamental queda corta ante la magnitud del problema. La norma no especifica sanciones en caso de no cumplimiento. Tampoco establece mecanismos específicos para garantizar la seguridad de los pasantes, cuyo nivel de riesgo ha incrementado de forma notable en los siete años que lleva la guerra contra el narcotráfico.

Los casos de violencia han puesto en tela de juicio a una de las tradiciones más antiguas y respetadas de la educación superior mexicana.

El campo médico fue el primero en adoptar el servicio social, en 1936. El gobierno de Lázaro Cárdenas firmó un acuerdo con la Universidad Nacional de México (que aún no llevaba la palabra “autónoma” en su nombre), en donde ésta se comprometió a mandar a sus egresados de medicina durante cinco meses a comunidades rurales como requisito de titulación. El programa formó parte de los esfuerzos por impulsar una educación socialista, a través de la reforma del artículo 3º constitucional, algo que encontró fuerte resistencia en la universidad en ese momento. Al igual que en nuestros días, el servicio social también le permitió al gobierno cardenista dotar de servicio médico básico a las comunidades más remotas, en donde pocos médicos quisieron ir.

Poco después, el programa se expandió a las carreras de arquitectura, ingeniería, odontología, y otras. Y en 1945, el servicio social se volvería un requisito para todos los egresados universitarios del país. En 1981, se creó la Comisión Coordinadora de Servicio Social de los Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior (COSSIES) con el propósito de vincular los proyectos con el bienestar social.

Son pocos los países que tienen programas similares—Cuba, Nicaragua, Venezuela, Uruguay, para mencionar algunos. Y en la mayoría de los casos, el requisito solo aplica para estudiantes de medicina, según un estudio realizado por el investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, Gustavo Nigenda.

Nigenda fue uno de los ponentes en el evento “El médico pasante: su rol en la cobertura efectiva para todos”, que fue organizado recientemente por la Academia Nacional de Medicina. También, participaron miembros de la Academia y de la Secretaría de Salud, estudiantes de medicina, y el ex director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, Howard H. Hiatt, para discutir el futuro del servicio social en México.

Entre preocupaciones expresadas por los asistentes fueron: la falta de seguridad para los pasantes, la escasez o nula infraestructura en las clínicas rurales y la poca preparación que reciben los estudiantes para enfrentar la realidad de las comunidades rurales. Algunos asistentes también cuestionaron la ética de un modelo en donde los médicos con menos experiencia atienden a las poblaciones con mayor nivel de vulnerabilidad.

“Los que reciben servicios no son ciudadanos de segunda o tercera clase”, dijo Marcia Villanueva, quien llegó en representación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Villanueva, actual estudiante de doctorado en la UNAM, realizó su servicio social en 2007 en la comunidad de Francisco J. Santamaría, Tabasco, en donde le tocó enfrentar las inundaciones devastadoras que afectaron a 1 millón personas. Después, relató su experiencia en el libro Cacaos, que ganó el Premio al Servicio Social “Doctor Gustavo Baz Prada” de 2008.

Villanueva dijo que su entrenamiento como estudiante en un hospital de la capital no le preparó para tratar enfermedades tropicales como dengue, paludismo, y leishmaniasis, entre otros retos médicos. También, insistió, con el monto de la beca que otorga la Secretaría de Salud, “no es posible lograr una calidad de vida digna”.

Por su parte, Marcela González de Cossío, directora de Educación en Salud para la Secretaría de Salud, reconoció que el actual sistema de servicio social enfrenta muchos problemas. Por ejemplo, dijo, muchas veces no se respeta el horario de los pasantes, que debe ser de ocho horas diarias durante seis días, excepto en caso de emergencias. También existe una concentración desproporcional de pasantes en los estados más ricos, lo que desvirtúa el sentido social del programa. González de Cossío argumentó que el programa necesita adaptarse a las demandas actuales. Entre cambios previstos están los nuevos programas focales en especialidades y en medicina familiar y nuevos programas comunitarios. También propuso un programa para entrenar a los recién egresados para poner sus propios consultorios privados, dado el déficit de 30 mil lugares para médicos en el sector público.

Tales iniciativas parecen alejar aún más al programa de sus orígenes. Más bien, el gobierno debería crear más puestos bien pagados para médicos en áreas rurales. Estos podrían, a su vez, enseñar a los pasantes sobre la marcha. Existen programas de ese tipo en países como Chile, China, Brasil, Tailandia y Nigeria, en donde los médicos rurales reciben incentivos económicos y apoyos técnicos por parte del gobierno, según Nigenda, el investigador de la Secretaría de Salud.

En México, hubo un intento por formar a médicos con vocación rural, pero no tuvo mayor éxito. La falta de una política explícita de fomento a la medicina rural ha incrementado la dependencia de los pasantes, como primera —y a menudo, la única—línea de atención.

Una excepción es la organización internacional Compañeros en Salud (Partners in Health), que opera en Chiapas desde 2010 y brinda atención a 25 mil pacientes al mes en varias clínicas en el estado. La organización, que fue fundada por el profesor de medicina de Harvard, Paul Farmer, ha recibido a unos 17 pasantes mexicanos en los últimos dos años. Según su director clínico, Patrick Elliott, todos ellos han optado por seguir trabajando con la organización, en donde pueden aprender al lado de médicos de muy alto nivel.

Sin embargo, gran parte de los egresados de medicina en México siguen enfrentando extremas dificultades en su año de pasantía. Sin duda, puede ser una experiencia valiosa. ¿Pero a qué precio?