Precedidas por una amplia convocatoria que circuló en diversas redes sociales, el 15 de mayo de 2011 se verificaron en varias ciudades españolas una serie de mítines, marchas y acampadas en protesta contra las medidas de austeridad tomadas por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para enfrentar la crisis económica del país, que dieron lugar al denominado movimiento 15-M, también conocido como movimiento de Los indignados.

La principal reunión tuvo lugar en la emblemática Plaza Sol de Madrid. La acampada se prolongó hasta el 12 de junio y de ella surgió una síntesis de propuestas que fueron dadas a conocer en la Asamblea de Sol el 20 de mayo. De la veintena de exigencias elaborada en aquella ocasión un par se refieren al tema educativo: el derecho a una educación pública y laica, y la supresión de las normas derivadas de la participación de España en el Espacio Europeo de la Educación Superior.

El movimiento de los indignados, cuyo eje vertebral se expresó en la consigna “democracia real, ya”, impulsó la articulación de un amplio conjunto de organizaciones sociales, cuyo común denominador radica en la defensa de los derechos ciudadanos. Del propio movimiento se derivaron grupos temáticos y plataformas en las que convergen las propuestas de grupos y organizaciones afines al espíritu del movimiento. Además se desarrollaron las denominadas “mareas” que cumplen el propósito de organizar las expresiones públicas de los colectivos temáticos. Entre ellas destaca la “marea blanca” dedicada a temas de salud; la “marea roja”, centrada en la problemática laboral; y la “marea verde”, dedicada a educación. En el presente, repartidas en el territorio español, operan una treintena de mareas verdes locales.

Antes de finalizar el gobierno de Zapatero, se hizo el anuncio de recortes al presupuesto de educación, así como la desvinculación de miles de trabajadores del sector. En octubre y noviembre de 2011 los estudiantes de la comunidad de Madrid se manifestaron contra los recortes autorizados por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.

La protesta contra la austeridad del gasto en educación, que se habría de profundizar desde el inicio del gobierno de Mariano Rajoy mediante la emisión del decreto de “medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo” (20 de abril de 2012), dio lugar a una histórica jornada de huelga general del sector educativo el 24 de mayo de 2012. En esa ocasión coincidieron en la convocatoria al paro el Sindicato de Estudiantes, la Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO), además de los grupos civiles articulados por la marea verde.

La aprobación, en 2013, de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), también conocida como “Ley Wert”, concentró en lo sucesivo la mayor parte de las críticas y protestas en contra de la política educativa del régimen de Rajoy. En mayo y octubre de 2013 se convocaron de nuevo a jornadas de huelga general educativa. Destaca, en particular, el paro del 24 de octubre, al cual respondieron, según los organizadores, casi la totalidad de los establecimientos del sistema público. Según los voceros sindicales; hasta ese momento se había suprimido el trabajo de más de 25 mil profesores de enseñanza primaria y secundaria, y aproximadamente el de cinco mil académicos universitarios. Trascendió también que el gobierno del Partido Popular redujo en más de tres mil millones de euros el presupuesto destinado a educación (El País, 24 de octubre de 2013). En 2014 se repitieron, en varias ciudades españolas, las manifestaciones de protesta centradas en la implementación de las reformas contenidas en la LOMCE.

Pero la oposición a la reforma educativa no se reduce a las inconformidades de desempleados, estudiantes o padres de familia. Tanto los partidos de oposición como varios gobiernos autonómicos han manifestado su desacuerdo con la norma. Conviene recordar, en primer lugar, que la ley fue defendida en las Cortes únicamente por el Partido Popular. Además, las comunidades de Cataluña, Andalucía, País Vasco, Asturias y Canarias han presentado recursos de inconstitucionalidad ya sea por la inaplicabilidad de diversas disposiciones o bien por invasión de competencias. El PSOE presentó en 2013 un recurso de inconstitucionalidad contra varios aspectos de la ley, en particular la afectación del derecho de participación de padres de familia y alumnos en la gestión escolar, la afectación al principio de laicidad, y la segregación de alumnos en itinerarios. Además, dicho partido ha anunciado que, en caso de triunfar en las elecciones generales de 2015 buscaría derogar la normativa derivada de la reforma.

Por su parte el partido PODEMOS se ha manifestado en contra del enfoque general de la LOMCE, así como en abierto respaldo a los grupos disidentes de la reforma. Al igual que el PSOE se han comprometido públicamente a revertir los cambios aprobados en el caso de asumir el gobierno en 2015.

En síntesis, el futuro de la reforma está estrictamente ceñido a las opciones de continuidad o cambio político que se habrán de presentar en el próximo proceso electoral. Ya lo veremos