En el gobierno de Mariano Rajoy (2011-2015) se han desarrollado diversas iniciativas para la reforma del sistema educativo. Desde el inicio del régimen, cuya cartera educativa se encomendó al abogado José Ignacio Wert, el diseño de las transformaciones ha ocurrido en una doble pista: la correspondiente a la educación básica y media, de cuya orientación e implicaciones nos hemos ocupado las últimas semanas, y la referente a la educación superior, que comentaremos en esta entrega.

Con la encomienda de elaborar un diagnóstico del estado actual del sistema universitario en ese país, así como aportar recomendaciones para su mejora, en abril de 2012 el Consejo de Ministros aprobó la creación de una Comisión de Expertos integrada por once especialistas provenientes de los gremios científicos del país, así como por académicos especialistas en diversas disciplinas universitarias.

El grupo fue encabezado por Teresa Miras Portugal, catedrática en bioquímica y actual presidenta de la Real Academia Nacional de Farmacia. Además, participaron en el colectivo: Óscar Alzaga Villamil (Derecho), José A. de Azcárraga (Física), Salvador Barberá (Economía), José Capmany (Ingeniería en Telecomunicaciones), Elisa Chulia Rodrigo (Ciencias de la Comunicación), Luis Garicano Gabilondo (Economía), Félix Goñi (Medicina), Rafael Puyol (Geografía), Matías Rodríguez Inciarte (Administración) y Mariola Urrea (Derecho).

La comisión inició trabajos en junio de 2012. Además del trabajo de gabinete correspondiente a su encargo, sus integrantes se reunieron, para recoger opiniones y sugerencias, con los principales organismos representativos de la autoridad universitaria, esto es, la Junta Permanente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), del Presidente y miembros de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Españolas (CCSUPE), del Vicepresidente y otros representantes de la Conferencia de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) y de los miembros de las Comisiones de Educación del Congreso de los Diputados y del Senado.

El 12 de febrero de 2013 la comisión hizo entrega al ministro Wert del informe final del trabajo, titulado “Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español”. El documento está suscrito por nueve de los once integrantes originales, ya que los profesores Barberá y Chulia dejaron el grupo por motivos personales. Además, se aclara en el informe, los profesores Alzaga y Urrea, con independencia de haber firmado el informe en su conjunto, suscriben una adenda con reservas sobre dos de los capítulos del informe los atinentes a la selección del profesorado y a la gobernanza de las universidades.

El informe, que puede ser consultado en su totalidad en la página web del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, está centrado en una preocupación básica: ¿qué hacer para que el sistema universitario de España alcance un nivel de calidad comparable al de las instituciones de educación superior de los países desarrollados? En otras palabras, ¿cómo lograr excelencia académica en las funciones de investigación y docencia que se desarrollan en las universidades españolas?

El diagnóstico en que se sustentan las recomendaciones de los especialistas tiene un tono abiertamente crítico, incluso negativo, sobre la problemática imperante en el sistema universitario español (SUE). Algunos ejemplos son ilustrativos: “La primera condición para mejorar la calidad del SUE es reconocer que es muy insuficiente, la falta de universidades de excelencia es incontrovertible”. “Es indudable que las universidades no preparan a los jóvenes suficientemente para encontrar un trabajo adecuado al título que reciben”. “La universidad debe estar al servicio de la sociedad, no de sí misma”. “Las universidades españolas están poco especializadas y reproducen casi exclusivamente el mismo modelo”. “Los procesos de decisión están teñidos de corporativismo y, siempre, son demasiado largos, complejos y plagados de burocracia e ineficiencias.” “La actual burocracia de la universidad española no constituye un problema menor que pueda ignorarse: implica un enorme despilfarro de tiempo, medios y financiación.”

Los cambios que se preponen para enfrentar la problemática analizada comprenden los siguientes campos de acción: modificar los procesos de selección del personal docente y de investigación de las universidades públicas; profundizar la evaluación de la calidad de las universidades; despolitizar, academizar y profesionalizar el gobierno de las universidades; ampliar el financiamiento universitario, en particular en la función de investigación; promover reformas curriculares para una oferta más especializada, flexible y compatible con los desarrollo en la materia dentro del ámbito europeo. Además se establecen recomendaciones específicas en materia de movilidad local e internacional de estudiantes y académicos.

Vale la pena una mirada más detenida sobre las propuestas del documento. Queda para la próxima semana.