El documento “Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español”, de la Comisión de Expertos para lo Reforma del Sistema Universitario Español, fue dado a conocer en febrero de 2013. Su propósito era inspirar cambios en los niveles de organización y operación de las instituciones universitarias de ese país. Las recomendaciones formuladas se dirigen tanto a la autoridad ministerial como a las propias instituciones en el ámbito de sus competencias autonómicas.

Grosso modo, el documento articula propuestas orientadas a la mejora cualitativa del sistema, en el entendido de que mejorar significa hacer más eficiente y eficaz la gestión de las instituciones, incentivar la función de investigación universitaria, robustecer el perfil de la planta académica, favorecer la empleabilidad de los egresados, flexibilizar el currículum, renovar los mecanismos de evaluación y rendición de cuentas, adecuar la oferta a las tendencias del sector laboral, promover dinámicas de internacionalización y, en suma, incrementar la competitividad del sistema universitario en el entorno de la Unión Europea.

Aunque no se declara en forma explícita, el paradigma que inspira buena parte de los cambios sugeridos es la universidad de investigación, en particular el modelo anglosajón que ha inspirado, en las últimas décadas, soluciones de renovación universitaria en diversos países y regiones. El texto contiene decenas de recomendaciones de distinto alcance e implicaciones. No pocas de ellas han sido objeto de crítica y debate público en la medida que modifican las estructuras, reglas y formas de operación vigentes, y en consecuencia tienden a afectar derechos y alterar equilibrios. Veamos algunos ejemplos.

En materia de selección del personal docente e investigador (PDI) de las universidades públicas, primer tema general del documento, la propuesta es flexibilizar el régimen de contratación para posibilitar el acceso a la carrera académica por una vía distinta al actual régimen de acreditación. Hasta la fecha, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) certifica el perfil de los aspirantes a cargos de docencia e investigación universitaria. Tras cuestionar rotundamente el sistema de evaluación de la Agencia, el grupo de expertos propone el establecimiento de un sistema nacional de acreditaciones públicas que se encargue de la evaluación de candidatos.

Cuando opere este mecanismo, el personal académico permanente que fue certificado por ANECA sería asimilado, en igualdad de condiciones, a quienes sean certificados por la nueva instancia. Con respecto a la carrera académica, se sugiere que en las evaluaciones de méritos se acentúe el componente de investigación, se disminuya significativamente el peso de las tareas docentes cumplidas, y se elimine la valoración de las actividades de gestión.

También se propone en el documento que las universidades cuenten con la posibilidad de realizar contrataciones directas, sin la intermediación de autoridades centrales, de personal de alto nivel académico, sea procedente de España o de otros países. El objetivo sería llegar a contar con hasta un 49 por ciento de contratos directos en lugar de la proporción actual, que no supera el 15 por ciento de las nuevas contrataciones. Se sugiere, asimismo, que las universidades incremente la oferta de Profesores Ayudantes, “con una ocupación de plazas muy limitada en el tiempo y absolutamente improrrogable”. A tal efecto, se recomienda la ocupación, en esta función, de estudiantes de doctorado. Por último, se plantea la propuesta de que las universidades eviten endogamia en la ocupación de plazas docentes y de investigación, es decir que se impida la contratación de egresados de la propia universidad excepto el caso de quienes iniciaron su carrera académica en otra institución.

Con respecto a la evaluación de la calidad de las universidades se sugiere tomar en cuenta, como mecanismo de evaluación externa, los resultados de los ranking internacionales. Y complementar esta evaluación con evidencia objetiva de la producción académica institucional y datos sobre la empleabilidad de los egresados. Se indica, además, que la evaluación de programas “debe tener consecuencias para la financiación de las universidades y de sus centros”.

Sobre el gobierno de las universidades, los cambios que se recomiendan están enfocados a simplificar y profesionalizar la administración institucional. Se sugiere que el rector sea nombrado directamente por los consejo universitarios, y que “la elección sea precedida de un anuncio internacional de búsqueda de candidatos, y que el cargo esté por tanto abierto tanto a académicos españoles como extranjeros.” Con respecto al financiamiento se señala que se debe mantener el objetivo europeo de invertir el tres por ciento del PIB en educación superior, aunque el subsidio a las instituciones públicas debe estar basado en resultados y en la calidad de los servicios prestados. Hay un punto adicional: que las universidades puedan ofrecer programas en la fórmula 3+2, es decir tres años de licenciatura y dos de master, tal como se estila en varios países de Europa. Tal recomendación, recientemente avalada por el Ministerio, ha generado un notable rechazo en el medio universitario. Lo vemos la próxima semana.