Hace apenas unas semanas se dio a conocer el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 que, como cada año, publica la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y difunde a través de su página web. Desde la creación del organismo que, según mandato de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación aprobada en diciembre del año 2000, vino a reemplazar a la anterior Contaduría Mayor de Hacienda, la ASF. El órgano auxiliar de la Cámara de Diputados en materia de fiscalización de los recursos distribuidos por el Presupuesto de Egresos de la Federación, ha establecido la práctica de auditar, en forma selectiva, a un conjunto de instituciones de educación superior del país, entre ellas las universidades autónomas. Hasta la fecha la ASF ha practicado más de ochenta ejercicios de auditoría en universidades públicas: prácticamente la totalidad de las universidades autónomas han sido revisadas al menos una vez y en años recientes esta práctica se ha extendido sobre otros grupos institucionales: universidades e institutos tecnológicos, así como varios centros de investigación que reciben recursos federales.
A principios de la década, mientras se verificaba la fase de transición de la Contaduría Mayor de Hacienda a la ASF, la Universidad Autónoma de Tamaulipas planteó ante la Corte un recurso de inconformidad por haber sido incluida en el programa de auditorías para la revisión de la Cuenta Pública de 1999. La SCJN resolvió en definitiva rechazar el recurso toda vez que “…la autonomía de las universidades no las exime de sujetarse a la ley y al orden jurídico mexicano dentro del cual la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye la ley suprema, por lo que, como se señala en el artículo 78, la libertad de administración de su patrimonio es con sujeción a la Constitución Federal y al régimen legal aplicable.” (Véase: “Amparo en revisión: 317/2001. Universidad Autónoma de Tamaulipas”. Segunda Sala de la SCJN, ministro ponente Mariano Azuela Güitrón).
La práctica de auditorías sobre las finanzas universitarias se apoya, desde 2005, en un convenio suscrito entre la ASF y la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior A.C. (Amocvies), y a partir de 2008 en el trabajo conjunto aportan los órganos de fiscalización superior de los estados conforme al Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado (Profis).
En 2013, último ejercicio reportado, la ASF auditó a las universidades: Autónoma del Estado de México y Autónoma de Morelos, a fin de verificar la operación de diversos contratos suscritos con dependencias de la administración pública federal. También con enfoque de “auditoría forense”, y con el propósito de revisar contratos con entidades gubernamentales, la ASF procedió a auditar varias IES públicas del estado de Tabasco: Autónoma de Tabasco; Politécnica del Golfo de México; Popular de la Chontalpa; Tecnológica de Tabasco, e Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. Por último, se hizo la revisión de la segunda etapa de construcción de la unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Descubrimientos de la ASF sobre los contratos de Pemex en las IES de Tabasco
La ASF revisó con detalle los contratos en vigencia entre la división de Pemex “Exploración y Producción” (PEP) y las IES sujetas a auditoría. Seis convenios con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, cuatro con la Universidad Politécnica del Golfo de México, nueve con la Universidad Popular de la Chontalpa, cinco con la Tecnológica de Tabasco y seis más con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. En total treinta contratos entre Pemex y las IES tabasqueñas.
De la revisión practicada resalta, en primer lugar, el monto de los recursos comprometidos. Cerca de cinco mil millones de pesos fueron facturados en el marco de los contratos indicados. Además, según lo argumenta la ASF, todo indica que el único propósito de los mismos era triangular fondos para que las IES subcontrataran especialistas en lugar de ejecutar, con sus propios recursos humanos y de infraestructura. De hecho en los reportes de Auditoría se indican cuáles fueron las empresas y los servicios subcontratados y se hace notar que ninguna de las universidades comprometidas cuenta con lo necesario para llevar a cabo las obras y servicios comprometidos. Triangulación, simplemente.
Pero no sólo es eso, también hace notar la ASF que el procedimiento administrativo y contable de toda la operación, tanto en la parte que corresponde a Pemex-PEP con en las responsabilidades de las instituciones, se aleja de las buenas prácticas y la normatividad aplicable. Por ello, propone la Auditoría, una serie de sanciones al personal involucrado en el manejo de los recursos y los contratos, y sugiere una vigilancia más seria y estricta sobre los flujos financieros involucrados.
Como resultado de la difusión del informe se observa, por un lado, intentos de control de daños de los involucrados. Las autoridades universitarias correspondientes han dicho que acatarán las recomendaciones de la ASF y contribuirán a esclarecer el tema en lo que a las instituciones compete.
La Secretaría de Educación del Estado, y el órgano estatal de fiscalización también se ha pronunciado por mejorar los sistemas de control y vigilancia en la materia. Los funcionarios de Pemex no han dicho gran cosa, salvo que este tipo de esquema financiero resultaba además de legal indispensable para la contratación de ciertos servicios que no podían ser adjudicados directamente por la paraestatal, y que con la reforma energética se evitarán prácticas de este tipo.
Apenas la punta del iceberg
Pero las prácticas de adjudicación indirecta de contratos Pemex no empiezan ni terminan en Tabasco, aunque ciertamente la entidad destaca en el rubro. Según la información sobre contratos contenida en el Portal de Obligaciones de Transparencia de la antigua paraestatal —dejó de serlo el año pasado para fungir en lo sucesivo como “empresa productiva del Estado”— la adjudicación de contratos con universidades y otras instituciones de educación superior ha sido muy amplia en la última década. De 2003 a 2014 Pemex reporta, en sus distintas divisiones, la adjudicación de más de cuarenta y cinco mil millones de pesos en el sector. Pemex-Exploración y Producción suscribió en el periodo casi mil quinientos contratos, de distinto tipo, monto y alcance con instituciones educativas de educación superior. Pemex-Corporativo, por su parte, distribuyó 163 millones de pesos mediante contratos con IES, Pemex-Petroquímica 67 millones y Pemex-Refinación más de cuatro mil millones de pesos en dicho lapso.
Aunque el monto principal ha sido destinado a contratos con universidades públicas autónomas (aproximadamente dos terceras partes del total), los datos indican una preferencia de Pemex por colocar contratos en el subsistema de universidades tecnológicas y en institutos tecnológicos superiores, es decir los IT descentralizados. En este sector se ubicaron recursos casi ocho mil millones de pesos en cada caso. Es mucho, más si se considera que para las IES tecnológicas los recursos del gasto federal son muy limitados y que éstas no cuentan, salvo mínimas excepciones con infraestructuras de desarrollo tecnológico suficientes y de alto nivel.
Al observar la distribución por entidad federativa queda más claro por dónde va Pemex. En primer lugar Tabasco, a cuyas IES se ha adjudicado más de una tercera parte del monto total de los contratos. En segundo, Campeche, con más del treinta por ciento de los recursos involucrados. La tercera posición corresponde al grupo de IES federales (IPN, UNAM, UAM y Cinvestav), aunque juntas no han consumido más allá del diez por ciento de los recursos de los contratos Pemex. Siguen, en orden de prelación, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.
No deja de ser interesante el ranking de universidades de acuerdo al monto de contratos Pemex adjudicados. En primer lugar, la Autónoma del Carmen (Campeche) con más de ocho mil millones de pesos entre 2003 y 2014. Sigue la Tecnológica de Campeche con casi cinco mil millones, lo que es mucho más del gasto federal en esa institución. El IPN aparece en la sexta posición y la UNAM en la undécima. Para darse una idea, el Tecnológico de Comalcalco, en Tabasco, ha recibido más recursos por contratos Pemex que cualquiera de las dos instituciones nacionales.
¿Sólo es triangulación?
Seguramente no. La revisión de los datos de Pemex indica que una parte significativa de los contratos, por ejemplo los suscritos con las IES federales, los centros de investigación y desarrollo tecnológico y universidades autónomas como la UANL, la BUAP, la Universidad de Veracruz, entre otras, han de corresponder, en efecto, a prácticas de vinculación normales. Lo malo está, resulta obvio, en hacer cosas buenas que parecen malas y viceversa.
